En diez años se ahogaron 3 mil 200 indocumentados en el Bravo

Reuter y Ap, Houston, 14 de marzo Unos 3 mil 200 indocumentados murieron en la frontera entre Texas y México entre 1984-1994, en su mayoría ahogados por las rápidas corrientes del río Bravo; la mayor parte de las víctimas quedaron sin identificar y fueron sepultadas en localidades de la frontera, según un estudio del Centro de Investigaciones sobre Inmigración de la Universidad de Houston.

La investigación señaló que la mayor parte de los ahogamientos fueron accidentes, aunque generalmente no se hicieron autopsias por falta de recursos. Otros indocumentados murieron en tierra, en asaltos y accidentes ferroviarios y de automóvil.

Se calcula que por lo menos 330 personas mueren anualmente en la frontera, pero la manera como se trata el asunto de los indocumentados muertos es tan informal que los investigadores conocieron un caso en el que un agente trataba de sacar del agua un cadáver cerca de El Paso, mientras la familia lloraba al otro lado del río.

El agente terminó ``lanzando el cadáver de nuevo al río y empujándolo hacia la orilla mexicana'', manifestó Néstor Rodríguez, director del centro.

Y mientras Estados Unidos refuerza la vigilancia en la frontera, es posible que el número de muertos aumente ya que los indocumentados tendrán que utilizar pasos más peligrosos donde las patrullas quizá no estén, agregó.

El estudio se realizó en ocho meses por un equipo de especialistas estadunidenses que analizaron los informes a ambos lados de la frontera para evaluar ``el costo humano de la inmigración''.

El río Bravo marca la frontera de mil 600 kilómetros entre Texas y México. En su mayor parte es estrecho, pero también tiene porciones rápidas y peligrosas; el estudio no incluyó otros puntos de la frontera en los estados al oeste de Texas.

La investigación destacó que a menudo las autoridades no podían identificar los cuerpos, porque los indocumentados nadaban desnudos y ropas y documentos se perdían en la corriente; asimismo, los cuerpos solían estar descompuestos, lo que hacía prácticamente imposible comprobar la edad u otras características.

De las 3 mil 200 muertes, sólo el 40 por ciento figuran en las estadísticas estatales.

Una de las razones es financiera: de los siete condados fronterizos con México, sólo El Paso cuenta con un forense empleado permanentemente y los otros son renuentes a enviar a ese forense los cadáveres encontrados, ya que deben pagar 500 dólares por cada autopsia.

En lugar de eso, los condados pagan 70 dólares a las funerarias locales por un entierro rápido.

Los especialistas señalaron que las víctimas, que se creía que eran indocumentados, eran atendidas irregularmente por muchos funcionarios, que no les hacían autopsias, ni llenaban certificados de defunción, y dejaban que enterraron los cuerpos antes de que la ley lo permitiera.

Cuando llenaban los documentos, muchos funcionarios identificaban a las víctimas ``como mexicanos''.

``Nos sorprendió descubrir que casi dos terceras partes de los cuerpos desaparecieron sin que se emitiera un certificado de defunción'', indicó Néstor Rodríguez.

Explicó que parte del problema es económico, pues muchas de las comunidades carecen de recursos para hacerle frente a la gran cantidad de muertos.

En algunos casos, agregó, se tomaron fotografías de los cadáveres por si algún familiar reclamaba, pero los intentos de localizar a personas extraviadas muchas veces fueron ``limitados e infructuosos''.

Rodríguez señaló que los gobiernos de Estados Unidos y México necesitan crear un sistema para que la información sobre personas desaparecidas pueda ser intercambiada y ayudar a identificar los cuerpos e informar a sus familiares.

Y advirtió que la única manera es evitar que los trabajadores indocumentados sigan llegando a Estados Unidos o cerrando la frontera con cercas y patrullas. ``Eso convertiría la frontera en algo que es ajeno a nuestra cultura''.

Por otra parte, el Comité Judicial del Senado decidió dividir en dos un importante proyecto de reforma inmigratoria, a fin de tratar por separado los aspectos legales e ilegales del fenómeno. Los senadores están de acuerdo en medidas más drásticas contra la inmigración ilegal, no así contra la migración legal.