PGJDF: ``clamor ciudadano'', las reformas a las leyes penales
Ricardo Olayo El paquete de reformas penales que será enviado al Congreso de la Unión significa una revisión a las que se legislaron en 1991 y 1993, y tienen por objetivo hacer más difícil la obtención de la libertad provisional para que los delincuentes permanezcan más tiempo en la cárcel.
Sobre este proyecto que elaboraron varias dependencias, el procurador general de Justicia del DF, José Antonio González Fernández, dijo que responde ``clamor ciudadano'', son una respuesta a ``la ola de violencia'' y han sido ampliamente consultadas.
En ellas se propone que los jueces penales tomen en cuenta los antecedentes del detenido, el monto del daño causado y la agresividad empleada en la comisión de un delito, entre otros factores, antes de otorgar, como sucede ahora, ``en automático'' las libertadas dependiendo del tipo de delito.
La iniciativa que llegará a la Cámara de Diputados ``a más tardar el lunes próximo'', plantea la revisión de los conceptos de flagrancia y detención en caso urgente para ``que el sujeto no desaparezca del lugar'' en los casos en que se tengan indicios de su participación.
El procurador explicó que la iniciativa presidencial plantea penas más severas y modifica los conceptos de lesiones y secuestro, entre otros. González fue entrevistado luego de reinaugurar la agencia del Ministerio Público que funciona en el aeropuerto capitalino, en compañía del delegado regional en Venustiano Carranza, Gustavo Salas. Ahí, indicó que por instrucciones del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León consultaron a ``representantes populares, intelectuales, litigantes, empresarios y ciudadanos'' y elaboraron un informe.
Este informe ``se traduce en lo que él Presidente ya anunció: reformas a la Constitución, al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales. A partir de cualquier momento, hoy, mañana o a más tardar el lunes enviará varias iniciativas de ley, en donde precisamente se recogen en ese proyecto lo que está aclamando la ciudadanía, es decir, que la libertad provisional se revise''.
Indicó que tal beneficio está regulado en el artículo 20 de la Constitución y explicó: ``Por más de 60 años conocimos un sistema en que el término medio aritmético permitía o no obtener la libertad provisional.
``Vinieron unas reformas en 1991 y 1993, pensando seguramente que sería un impacto positivo, en donde se quitó esa fórmula de más de 60 años. Las reformas consistieron en señalar 14 delitos graves que no permitían libertad provisional y todos los demás sí. Nos parece que por esta experiencia este sistema debe revisarse''.
Con la propuesta presidencial, ``por primera vez en cierto tipo de delitos se responsabiliza y se le da al juzgador la capacidad para que independientemente de que haya delitos graves, y otros más que están en la iniciativa del Código Penal, pueda tomar una decisión no automática, en función de lo que dice o no la ley, sino que tenga una capacidad de decisión y responsabilidad''.
El juez tendrá que atender ``a las circunstancias del hecho delictivo, los antecedentes penales, la forma en que se cometió, en fin, (que) se niegue la libertad provisional y permanezca en prisión preventiva''.
En sus recientes reuniones con asambleístas, el procurador de justicia del Distrito Federal ha explicado que las reformas legislativas de 1991 y de manera particular las de 1993 tuvieron el efecto de dejar a muchas personas en libertad.
El procurador se ha referido a las actuales modificaciones como una contrarreforma, según lo han indicado los asambleístas.
Ayer, el procurador González Fernández explicó que se busca dar mayores atribuciones al agente del Ministerio Público para detener a presuntos delincuentes. Reformas de las que dijo ``estoy seguro que obedecen a un clamor ciudadano''.
--¿Con ello se pondrá fin a la impunidad? --se le cuestionó.
--Esperamos que con esto el MP y el juez tengan atribuciones que realmente en el marco legislativo actual consideramos que no las tienen y que realmente se abata la delincuencia y se acabe la impunidad.