El fin de semana pasado un grupo de representantes de Organismos No Gubernamentales, investigadores y estudiosos de México y Estados Unidos, interesados en el fenómeno migratorio, se reunieron en la ciudad capital para discutir acerca de la situación de los migrantes en general, así como de los trabajadores migratorios y sus familias en particular, con el fin de elaborar un documento que sería entregado a los encargados de las políticas migratorias de los gobiernos de los países centroamericanos, de México, de Estados Unidos y Canadá, que con la misma preocupación se reunieron posteriormente en la ciudad de Puebla, Puebla, los pasados días 13 y 14 de marzo.

En los resolutivos del documento preparado se considera que en los últimos años se ha presentado un acelerado incremento de la migración, tanto al interior de los países de la región, como hacia el exterior, provocando que el tema sea ya incluido en las agendas bilaterales y multilaterales de los gobiernos. Se dice también que el fenómeno migratorio se relaciona directamente con el modelo político-económico vigente, el cual ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres, agudizado la pobreza, acrecentado la inestabilidad e inseguridad, y, en general, generado tensiones sociales de diverso tipo. Sin embargo, el fenómeno de las migraciones se ve alentado, además de los factores de índole económica, por otros de carácter político, demográfico, social y tecnológico, cuyos efectos alcanzan a toda la población de la región y se entrelazan con los procesos migratorios globales.

De hecho, los países de Centroamérica, El Caribe y México registran un crecimiento notable de su reserva de migrantes potenciales, a causa del desempleo, el subempleo y los bajos salarios, al mismo tiempo que los países receptores o de tránsito endurecen sus políticas migratorias y de control fronterizo, en particular contra los indocumentados, ampliando criterios de seguridad nacional y dándole una connotación de criminalidad al fenómeno migratorio.

En resumidas cuentas, sobre todo en Estados Unidos, se criminaliza la migración, se castiga la pobreza y se despiertan sentimientos y actitudes racistas y xenofóbicas.

Esto último hace que las condiciones para la emigración se vuelvan muy adversas y sumamente riesgosas, inclusive para la integridad personal de los migrantes, sobre todo si se toma en cuenta la impunidad de los agentes de la autoridad, tanto de los países de origen, como de los de tránsito y de destino.

Sin embargo, a pesar del alcance de las causas y de los efectos de las migraciones, es preocupante que la formulación de las políticas migratorias y el establecimiento de los acuerdos de coordinación interregional, continúen estando restringidos de manera exclusiva al ámbito gubernamental, sin que tengan posibilidad de participación los sectores sociales directamente involucrados en el fenómeno mismo, o en la protección y asistencia de los migrantes.

Por ello los participantes en el Foro sobre migración regional: México, Centroamérica y Estados Unidos resolvieron invitar a los responsables gubernamentales a abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral, atendiendo a sus aspectos económicos, sociales, políticos, demográficos y tecnológicos, así como sus efectos en el corto, mediano y largo plazos.

Los invitan también a que reconozcan que en las condiciones actuales todo endurecimiento de las políticas de control migratorio es en esencia un castigo a la pobreza, y, por tanto, tales políticas deben ser equilibradas con la oferta de oportunidades en los lugares de origen.

De igual manera se invita a todos los Estados miembros de la ONU a que firmen, ratifiquen, publiquen, depositen, instrumenten y difundan la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Si comparativamente nuestro país en la práctica ha respetado tradicionalmente mejor hasta ahora los Derechos Humanos de los migrantes, no vemos por qué no ha reconocido hasta el momento a nivel internacional y nacional el primero de los documentos mencionados.

Se insta también a que, en el ejercicio pleno de su soberanía y de manera independiente, los gobiernos de la región formulen y apliquen sus políticas migratorias, estableciendo las debidas coordinaciones en el marco de Derecho Internacional, sin aceptar injerencias ni presiones de ningún otro Estado.

Se les insta igualmente a que en la persecución del delito relacionado con el tráfico de personas y las prácticas de corrupción ligadas al mismo, se evite victimizar al migrante y se le garanticen todos sus derechos.

Se pide también que erradiquen las prácticas violatorias de los Derechos Humanos, así como la impunidad de los agentes responsables; que las políticas migratorias se apliquen con criterios humanitarios, y que cese el hostigamiento y la persecución de personas y organismos no gubernamentales que prestan asistencia, protección y defensa a los migrantes. Al tiempo que insta a los gobiernos a que faciliten, estimulen y coadyuven en el trabajo de defensa de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias, particularmente el que realizan los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, así como los medios de información masiva.

Por último, y debido a la naturaleza e implicaciones de la migración, y con el fin de darle legitimidad a las políticas migratorias, los asistentes al mencionado Foro propusieron a los gobiernos que consulten a los distintos actores de la sociedad civil.

Ojalá que estas propuestas no caigan en saco roto.