``Salinistas'' en el gabinete impiden mi libertad, afirma La Quina

Ismael Romero y Elena Gallegos Teléfono celular de por medio, el ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia se comunicó a la sala de conferencias de prensa de la Cámara de Diputados, y denunció ante reporteros que en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo hay salinistas que hacen todo lo posible para impedir su libertad.

Hace un año debió haber abandonado la cárcel, a la que ingresó el 10 de enero de 1989, acusado de diversos delitos, entre ellos el de homicidio, declararon abogados y parientes del reo, entre éstos, su esposa Carmen Correa y el hijo de ambos Joaquín Hernández Correa.

Apenas audible, la voz del viejo líder se escuchó en el salón. Y él, sus defensores, familiares y miembros del Comité de Defensa de Presos Petroleros asentaron que su caso es el de un ``preso político''. Su verdugo: Carlos Salinas de Gortari.

Miembros del Comité fueron a San Lázaro, presumiblemente invitados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Pero ningún legislador los acompañó.

Enoc Escobar, asesor en derechos humanos de La Quina, responsabilizó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección de Reclusorios del Distrito Federal, de confabulación contra el ex líder moral del sindicato petrolero.

Escobar dijo que el 14 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso una ``amigable composición'' al director general de Prevención Social, y éste, el 29 de febrero respondió que no aceptaba. El propósito era revisar el expediente del preso. La negativa, dijo, fue ordenada y firmada por Juan Ramiro Robledo, subsecretario de Protección Civil de Gobernación.

Los abogados de Hernández Galicia dijeron que se está privando a éste del derecho para obtener la libertad preparatoria.