El presidente Ernesto Zedillo y el dirigente patronal Carlos Abascal Carranza descartaron, en declaraciones por separado, la posibilidad de que la economía nacional llegue a la ``insolvencia total'' y al ``colapso''. Se ha sabido, sin embargo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la bancada priísta en la Cámara de Diputados preparan un paquete de reformas legales orientado a impedir la ``quiebra técnica'' de la banca mexicana. Esta tercera eventualidad no necesariamente implica a las dos primeras, pero podría prefigurarlas: en un contexto económico caracterizado desde hace años por la preeminencia de las actividades especulativas por sobre las productivas, la quiebra del sistema financiero significaría un severísimo desorden para el conjunto de la economía.
En esta perspectiva, resulta atinado y necesario buscar fórmulas que permitan reducir las tasas de interés y mantener a raya la inflación, pero sería también deseable que se establecieran mecanismos para disminuir las altas tasas de intermediación que han caracterizado a las instituciones bancarias del país. Difícilmente puede fomentarse el ahorro si las instituciones de crédito otorgan a los ahorradores intereses tan sustancialmente menores a los que cobran a los deudores. Difícilmente podrá México contar con un sistema bancario competitivo si las comisiones y tarifas de éste representan, como en la actualidad, una carga asfixiante para sus clientes.
En otro sentido, es claro que las medidas orientadas a lograr la deseada recuperación y estabilización económica no pueden limitarse a los ámbitos fiscal, financiero y monetario. Para superar la emergencia y la incertidumbre se requiere, además, restaurar la confianza en las instituciones, y ello necesariamente pasa por reactivar las empantanadas negociaciones para la reforma del Estado, por una parte, y por el establecimiento de un clima de seguridad pública, por la otra. No en balde, en su mensaje a los banqueros, el presidente Zedillo se refirió ayer a la necesidad de impulsar la reforma política y anunció nuevas iniciativas de modificaciones legales para combatir en mejores condiciones la criminalidad y la delincuencia.
En suma, para recuperar las perspectivas de crecimiento económico, es necesaria una reordenación del país en el ámbito financiero, pero también en los terrenos político y de seguridad, mediante la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas y económicas.