Cierran el Zócalo a manifestantes

Alonso Urrutia Bajo la custodia de centenares de granaderos, el Centro Histórico de la ciudad fue escenario de la protesta social. Hubo quienes por enésima vez salieron a reclamar solución a su conflicto laboral en Ruta 100 y otros quienes demandaron una rectificación gubernamental a la política de vivienda y a la tentativa de plasmar en una ley la nueva orientación Òmercantilista'' de los programas habitacionales.

Durante un mitin celebrado frente a la sede de la ARDF, dirigentes urbanos señalaron que la nueva política de vivienda ha entregado un programa social fundamental a la especulación financiera, a la banca privada que ahora determina la forma del otorgamiento de créditos. ÒLa cosa es grave porque puede provocar un conflicto social''.

En tanto, como se ha repetido a lo largo de esta semana, la protesta del Sutaur ya no tiene acceso al Zócalo. Decenas de camiones que trasladaron a centenares del Cuerpo de Granaderos bloquearon las diversas calles que confluyen a la Plaza de la Constitución, con el consiguiente desquiciamiento de la circulación vial.

Desde temprano trabajadores del Sutaur pretendieron trasladar su movilización, que antenoche pernoctó en la sede de la ARDF, al Zócalo, sin éxito alguno, ante el creciente cerco policiaco. La consigna, según respondieron jefes policiacos a los dirigentes sindicales, es impedir todo acceso de los trabajadores en las inmediaciones del DDF.

Mientras tanto, unos dos mil miembros de organizaciones del Movimiento Urbano Popular llegaron al recinto de Donceles, desde diversos puntos. Desde la Asamblea de Barrios Ñen sus dos versionesÑ, la UPREZ, el Frente del Pueblo Ñque reúne a varios grupos socialesÑ, diversas organizaciones de Tlatelolco, entre algunas de las 14 organizaciones, llegaron gritando consignas en contra de la política de vivienda.

La demanda central: participar en el proceso de discusión final que llevará a la aprobación de la nueva ley de fomento a la vivienda, para lo cual solicitaron la participación de la Comisión de Gobierno en las reuniones que sostendrán con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino.

A mitad del mitin, Ernesto Jiménez, dirigente de la Unión Popular Valle Gómez, en nombre de todas las organizaciones, aseveró que Òdebe quedar claro que no dejaremos de movilizarnos, aunque entre las autoridades se pretenda acabar con el Movimiento Urbano Popular con el supuesto de que la nueva ley de Vivienda que está por aprobarse quitará el piso a nuestras organizacionesÕÕ. Acusó al gobierno capitalino de tener un doble lenguaje en su trato con las organizaciones sociales, a quienes pretenden Òimponer'' una ley de fomento a la vivienda elaborada Òde manera semiclandestina, sin una verdadera participación ciudadana, pero, sobre todo, con contenidos que atentan contra el precepto constitucional que señala el carácter social del derecho a la vivienda''.

Jiménez manifestó que se pretende elevar a categoría de ley la transferencia que ha hecho el gobierno capitalino a la iniciativa privada de los programas de vivienda.

Hoy en día, dijeron, la política de vivienda está dictada desde la Asociación de Banqueros de México. ``Los bancos son los que disponen cómo, cuándo, dónde y a quién se beneficia con la obtención del crédito para vivienda''. Las nuevas políticas de vivienda afectan a las dos terceras partes de la población capitalina que bajo el nuevo esquema no es sujeta de crédito.

Señalaron que la carencia de vivienda popular y la entrega al capital especulativo de la responsabilidad principal de la política habitacional puede provocar conflictos sociales, por lo que demandaron una reorientación de la política de vivienda y participar en la definición de la nueva ley en la materia.

Indicaron que ya entregaron algunas propuestas que permiten otorgarle un mayor contenido social a la iniciativa de ley a partir de subsidios y un mayor apoyo a los programas de vivienda popular.

Por la tarde, unos 150 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se presentaron en la Secretaría de Gobernación, donde entregaron una solicitud para que pueda promoverse un descuento de 50 por ciento en el transporte a los estudiantes y el apoyo de despensas familiares