El inicio de la segunda ronda de negociaciones entre la ``gobernación'' y el EZLN alrededor de los temas de ``Democracia y Justicia'' el próximo 20 de marzo, se realizará en un ambiente político sumamente complejo y enrarecido. Entre los principales acontecimientos políticos que se ``cruzan'' con la instalación de la segunda mesa, se encuentran: el estancamiento de la mesa para la Reforma del Estado y la tirantez creciente en la relación entre el gobierno federal y el PAN. La inminencia de un nuevo periodo legislativo que deberá abordar la reforma electoral. La renuncia de Rubén Figueroa a la gubernatura de Guerrero pero la conservación de sus cotos de poder. La aprobación con el rechazo del PRD a la iniciativa de reforma política en el Distrito Federal. El ``congelamiento'' de la demanda en contra del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo. La creciente presión de grupos ciudadanos para que se aprueben los 60 puntos de reforma electoral surgidos del seminario del Castillo de Chapultepec. Y, la desaparición de la ``sana distancia'' entre el presidente Zedillo y el PRI.

La nueva ronda de pláticas entre zapatistas y gobierno tendrá como materia de negociación tanto temas que los partidos políticos con registro y el gobierno federal consideran casi como de su exclusiva incumbencia (la reforma electoral, por ejemplo), como puntos de redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad que han sido desatendidos por los partidos. Así las cosas, la negociación implicará, de entrada, un fuerte conflicto de intereses alrededor de a quién le corresponde asumir la interlocución para la transformación democrática.

Se generará, entonces, una tensa situación, en la que, muy probablemente, el gobierno federal se negará a tratar en la mesa cuestiones de fondo de la Reforma del Estado: aquéllas que implican un cambio de régimen, esto es, las relativas a la separación entre partido y Estado, así como las que reconoce como facultad exclusiva de los partidos políticos. Por ello, muy probablemente, ``declinará" llevar a esta primera fase del debate a invitados y asesores. Por su parte, los partidos políticos de oposición con registro, asumirán una posición ambigua, nacida del choque entre las tendencias que a su interior quisieran conservar su papel de interlocutores casi únicos de lo que juzgan son los grandes problemas nacionales, y, la necesidad de insertarse en los nuevos ``mercados'' políticos que el zapatismo ha abierto.

La complejidad de la situación surgirá también de la presión que ciertas corrientes de opinión proclives al PAN han desarrollado en torno a la promoción de una idea central: el gobierno negocia con un grupo armado lo que se niega a tratar con los partidos con registro. En igual dirección funciona la presión de sectores panistas para alejarse de la Cocopa (La Jornada, 12/03/96) para ser ``congruentes'' en su separación del diálogo político nacional. Tales posiciones surgen de un hecho: dentro de las filas del PAN hay sectores convencidos de que no necesitan regresar a la mesa para la Reforma del Estado, y que, por el contrario, estarán en mejor posición de cambiar lo que haga falta si es que hace falta después de las elecciones federales de 1997.

Obviamente, quienes impulsan estas posiciones juegan con fuego. Lo que hoy se debate en San Andrés va más allá de los intereses de tal o cual formación política. Lo que está en la mesa de discusiones es la guerra y la paz. Por eso tiene razón el legislador del PAN Rodolfo Elizondo cuando señala que el retiro de su partido ``significaría romper absolutamente con todas las formas''.

En el mismo sentido caminaría la decisión gubernamental de ``hacer el vacío'' al debate y no llevar a él invitados y asesores a discutir con quienes han sido propuestos por el EZLN. Más allá de la inmensa arrogancia que tal acción implicaría, constituiría una demostración más de que al gobierno sólo le interesa su punto de vista y que no está dispuesto a confrontarlo con el de los demás. Ciertamente, la pluralidad de los invitados y asesores de los zapatistas harían posible un diálogo de enorme riqueza y significado, pero la ausencia gubernamental sólo demostraría la pobreza y debilidad de sus argumentos. El histórico ``ya dialogamos'' que antecede al uso del garrote.

En igual dirección caminaría una agenda que buscara acotar los acuerdos conservando áreas exclusivas para los partidos políticos. Ciertamente, la democratización implica la reconstrucción y regeneración de un nuevo tejido social en el que la experiencia, las propuestas y la capacidad de acción de la sociedad organizada en espacios distintos a los partidarios se incorporen a la definición de políticas y a la gestión de lo público, sin que ello signifique una pérdida de su perfil o de su independencia. Ello requiere de desplazar la tradicional gestión corporativa-clientelar y sustituirla por formas de participación ciudadanas, así como de favorecer la acción de un tejido social intermedio que facilite la ``rendición de cuentas'' de los funcionarios a sus representados. Sin embargo, éste no puede ser el único ``nicho'' legítimo de los diálogos, al menos que se pretenda abortarlos. Sin negar que este punto tiene una enorme importancia y que debe ser tratado allí, en la mesa deben ser abordados el conjunto de los problemas relacionados con la transición hacia la democracia en el país.

Entre otros, dos hechos explican la permanencia del autoritarismo mexicano. Ellos son, el apoyo de Washington que ha optado por lo que considera es la ``estabilidad'' frente a la democratización, y la desunión de las oposiciones. Las élites políticas gobernantes siguen apostando a sus intereses de corto plazo, en contra de los intereses generales de la nación. La siguiente fase de los Diálogos de San Andrés pueden ser un momento privilegiado en la construcción de las condiciones necesarias para resolver una de estas dos carencias históricas: su desunión permanente.