El presidente Ernesto Zedillo dijo, en el acto de aniversario de la Expropiación Petrolera, que el gobierno está y estará siempre comprometido con la soberanía plena de México y de los mexicanos sobre el petróleo y su explotación, postura en torno de la cual existe un acuerdo prácticamente unánime en el país. El debate y las divergencias empiezan a la hora de determinar su extensión y su significado.

El equipo gubernamental considera que la soberanía sobre el petróleo se refiere únicamente al crudo, a su extracción y a su refinamiento básico. Pero importantes sectores políticos y sociales del país reclaman que tal soberanía debe mantenerse, también, en la petroquímica secundaria.

En el mismo acto de aniversario en el que el Ejecutivo pronunció su mensaje, el secretario general del sindicato petrolero, que es a la vez presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Senadores, refrendó la posición de ese organismo sindical en contra de la venta de los complejos petroquímicos. Es más, la ubicó en el marco de un proceso de desmantelamiento sistemático de Pemex. Parece claro que entre uno y otro planteamientos no hay concordancia.

En el discurso del director de Pemex, a diferencia de otros pronunciados por él mismo y en especial el del pasado aniversario, hace un año, no mencionó la polémica cuestión de la venta de los complejos petroquímicos. Acaso esta omisión haya tenido el propósito de dejar fuera a Pemex, como institución, de la mencionada polémica.

En torno a la venta o privatización petroquímica se han expresado muchos puntos de vista críticos. En diferentes momentos y lugares se han expresado propuestas alternativas. Se ha planteado que hay fuentes de recursos subsidios a los sectores financiero y de carreteras concesionadas, exportaciones adicionales de petróleo, parte de la excesiva carga fiscal de Pemex con los que se puede modernizar la petroquímica sin venderla. Se ha planteado que, en el peor de los casos, se vendan sólo los complejos petroquímicos menos importantes y se conserven los estratégicos. Se ha pedido que se estipule su venta exclusiva a mexicanos o empresas con participación mayoritaria mexicana. Anteayer domingo, en Villahermosa, Andrés Manuel López Obrador propuso una suscripción popular de acciones para adquirir las plantas, empresa que encabezará Cuauhtémoc Cárdenas.Alternativas no faltan. Críticas sobran. En el acto oficial de aniversario y en las expresiones masivas en las calles, la atención al problema de la petroquímica se repite y amplifica. Es claro que se trata de un asunto nacional de primera importancia.

La insistencia en la venta de estos complejos, pese a las protestas generadas y a los problemas que se ha mostrado que ocasionaría la venta en lo social, en lo laboral, en lo económico, en lo político, en lo regional y en lo ambiental, además de los conflictos legales, podría estar relacionada con compromisos suscritos al reestructurarse la deuda pública a principios de 1995. Sea o no esa la causa, lo cierto es que el debate ocupa, por ahora, un lugar central en el interés nacional y que en él se dirime, indirectamente, una polémica aún más importante: aquella que se refiere al modelo de país que deseamos. En tal circunstancia, la decisión de llevar adelante a toda costa la privatización de los complejos petroquímicos puede generar un severo desgarramiento nacional, en momentos en que se requiere de puntos de acuerdo y consensos de base para el reordenamiento político, económico y social del país. Salta a la vista, en consecuencia, la necesidad de buscar salidas y soluciones para que los bienes de la Nación sean preservados, como lo demandan trabajadores, industriales, campesinos, intelectuales, movimientos sociales y ciudadanos en general.

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