Plantea Hacienda abrir las Afores al capital extranjero; rechazo de priístas

Elena Gallegos e Ismael Romero La decisión de la Secretaría de Hacienda de que capital extranjero participe en la conformación de las sociedades que administrarán los fondos para el retiro de los trabajadores (Afores) desató la inconformidad de los priístas.

Esta no es la única diferencia, aunque sí la más importante entre las autoridades hacendarias y los diputados de la mayoría que negocian los términos en los que se reglamentarán a las administradoras y, según trascendió ayer en San Lázaro, esos desacuerdos retrasan la llegada de la iniciativa al Congreso.

Hacienda argumenta que el Tratado de Libre Comercio así lo estipula, mientras que legisladores del PRI se encontraron con un numeral del acuerdo firmado por México, Estados Unidos y Canadá, en el que se indica que los países participantes en el acuerdo tienen el derecho de definir ``unilateralmente'' los mecanismos para financiar sus sistemas de seguridad social y para el manejo de los fondos de esos sistemas.

Otro desacuerdo radica en que los priístas no quieren que en este nuevo sistema de administración de fondos participen los banqueros, y si lo hacen tendrá que ser bajo estricas condiciones y ``con tal número de candados en la ley que se garantice al trabajador que su dinero no se perderá''.

En su primer año de operación (se espera que sea en 1997), las Afores manejarán alrededor de 30 mil millones de pesos.

Los priístas temen que el dinero de los trabajadores se use para ``fondear'' a esas instituciones y no para la reactivación económica, que es uno de los objetivos de la creación de las administradoras.

Es decir, entre las Afores y los bancos y grupos financieros puede haber ``un gran conflicto de intereses'', por lo que la nueva ley (que será la del Consar con las debidas modificaciones), ``debe crear murallas chinas'' según dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Suárez Dávila para que no haya contaminación y para impedir, por ejemplo, que los banqueros compren con el dinero de los trabajadores ``acciones y papel de sus propios grupos''.

Otro punto de conflicto es el que se refiere a la creación de Afores públicas. Según trascendió, existen reticencias del sector financiero para que el Seguro Social meneje su propia Afore.

Entre los legisladores del PRI que negocian en Hacienda los términos de la nueva ley se advirtió: ``No podemos dejar pasar lo de la entrada de extranjeros al manejo de los fondos; ello equivladría a ponerles en bandeja el ahorro de los trabajadores. Si esa disposición que introdujo Hacienda al proyecto no se retira, cabildearemos en contra y el ordenamiento no pasará''.

Mientras lo anterior trascendía en el Palacio Legislativo, Suárez Dávila ofrecía una conferencia de prensa en la que se hizo evidente que tales diferencias existían aunque, por supuesto, no las llamó así. Simplemente dio a conocer un comunicado en el que fijó los criterios que, según los priístas, deben imperar para la legislación de las Afores y en los que, implícitamente, están contenidos los desacuerdos.

Esos criterios son nueve: 1. Que las Afores sean realmente un sistema que propicie el ahorro interno; 2. Que se constituyan en forma gradual y sin prisas, ya que ``situarlo en la economía del país requiere actuar con más cautela''.

3. Apoyo a la necesidad y conveniencia de una Afore para el Seguro Social, considerando que es dinero de trabajadores y del gobierno, que así se protege a los pequeños pensionados, que en un sistema de economía mixta se requiere de balance, y que facilita la transición mientras se va constituyendo el sistema.

Suárez Dávila explicó que la Afore del Seguro operaría con las mismas reglas de transparencia y orientación ``sana'' de los recursos que cualquier otra del sistema.

4. Entre los grupos financieros, los bancos y las Afores puede haber un gran conflicto de intereses, por lo que se debe legislar con todo cuidado para prevenirlo, ya que mientras más problemas haya en el sistema bancario más riesgo de contaminación existe. Es necesario establecer barreras.

En este punto, Suárez Dávila aclaró que a los legisladores no les gusta la idea de la participación bancaria. Otros diputados explicaron que el riesgo es que si, por ejemplo, Banamex crea su Afore, el dinero recaudado por esa administradora puede servir para comprar ``acciones Banamex'', es decir, que el ahorro de los trabajadores termine ``fondeando'' a los bancos.

Por eso, en caso de que se acepte la participación de la banca, tendrán que fijarse requisitos muy claros para que el ahorro de los trabajadores se destine a inversión en infraestructura básica o vivienda y sirva para reactivar la economía del país.

Sin embargo, sí se podrían fijar ciertos porcentajes que podrían servir para adquirir ``papel'' de empresas, comentó Suárez Dávila, pero tendrían que ser compañías de alta rentabilidad para que no se pierda el ahorro.

Por eso, el punto 5 señala que se debe establecer ``una muralla china'' para prevenir conflictos de intereses entre bancos, grupos financieros y Afores y evitar que los fondos del ahorro sirvan para financiar a esos grupos.

6. Prevenir una mayor concentración financiera, económica y política que vaya además en contra de la eficiencia y competencia del sistema.

7. Cuidar el balance entre los diversos participantes en el sistema entre nacionales y extranjeros y ``prevenir, en términos compatibles con el TLC, que haya una excesiva participación extranjera''.

8. También se debe cuidar que la canalización de recursos sea para asegurar que los trabajadores tengan seguridad y rentabilidad, y que los recursos se inviertan para fines del desarrollo nacional.

9. Asegurar una vigilancia eficaz de carácter tripartita del sistema. Esta es también condición indispensable para los priístas: el Consejo de Vigilancia debe estar conformado por los sectores público, social y privado.

Las negociaciones se han realizado con el subsecretario José Julián Sidaoui. Hoy, legisladores del PRD se entrevistarán con él para conocer más a fondo el proyecto.

Cumbre antidrogas, proponen diputadosLas fracciones del PRI, PAN, PRD y PT suscribieron un punto de acuerdo en el que la Cámara de Diputados hace un exhorto a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que promueva y refuerce las acciones de cooperación entre los gobiernos mexicano y estadunidense para el combate a las drogas.

El asunto, se pidió, debe ocupar la más alta prioridad en la agenda de trabajo de la próxima reunión interparlamentaria que tendrá lugar en mayo, en México.

La Cámara se compromete, a su vez, a ampliar los contactos y la comunicación para favorecer acciones que coadyuven al incremento de la cooperación bilateral en la materia, y propone celebrar, bajo los auspicios de la ONU una cumbre mundial sobre el tema.

En el texto firmado por los legisladores se subraya que México no admite ``calificaciones''. El PRD había propuesto que la palabra fuera ``certifcaciones'', pero los priístas se rehusaron. El punto de acuerdo fue promovido por Carlos Reta, quien le dio lectura en tribuna.

Piden información sobre maniobras

A propuesta del diputado Cuauhtémoc Sandoval, del PRD, las fracciones suscribieron otro punto de acuerdo en el que la Cámara solicita al Ejecutivo información sobre los acuerdos suscritos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a raíz de la visita del secretario de Defensa estadunidense, William Perry, en octubre, y que se refieren a la cooperación entre los ejércitos de los dos países.

Sandoval dijo que la información era necesaria, toda vez que el tema sólo se ha ventilado en los medios de información, con base en versiones que luego fueron desmentidas, y leyó una cita del libro El presidencialismo en México, de Jorge Carpizo: ''...el Poder Legislativo, que sólo se limita a recibir la información que el Ejecutivo le desea proporcionar, no merece llamarse Poder Legislativo''.

Ricardo Rocha y Oscar Espinosa

Más tarde, la diputada perredista Carlota Botey se quejó de que el regente Oscar Espinosa usó la fuerza pública para impedir que ella llegara a las oficinas del DDF para exigir una audiencia con el funcionario.

La legisladora pidió que se le restituya su derecho constitucional al fuero, con un extrañamiento al regente Espinosa, por el trato ``irrespetuoso'' que le dio. Esta explicó que pretendía hablar con el funcionario sobre el caso de Ruta 100 y preguntó: ''Qué más necesita el señor Oscar Espinosa para dar solución a ese viejo problema? Acaso se necesita que Ricardo Rocha pase un video sobre los supuestos suicidios de Luis Miguel Moreno Gómez y Abraham Polo Uscanga?''.

Oscar Levín no trabaja

El diputado priísta recibió una carta en la que legisladores de la comisión que preside, la del Distrito Federal, se quejan de que ``desde hace un año'' ni siquiera los han convocado a una reunión de trabajo. El perredista Armando Quintero dijo que si Levín no quiere asumir responsabilidades, que ceda el lugar.

Por otro lado, se informó que la iniciativa de reformas de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución se envió a la congeladora y no se sabe cuándo se dictaminará. Al respecto, Cuauhtémoc Sandoval, del PRD, informó que priístas como Augusto Gómez Villanueva expresaron que no desean introducir un punto de conflicto en la relación con Estados Unidos justo cuando se llevan a cabo las campañas electorales en ese país. En el fondo, dijo Sandoval, el PRI siente que el Partido Republicano tiene posibilidades de ganar y teme entrar en conflicto con éste.