De todo el presente accionar del gobierno, el que más rendimientos decrecientes le ha traído es el masivo programa de rescate del sistema financiero del país. La desmesura del compromiso (5.5 por ciento del PIB en 95 y otro tanto para 96) es sólo comparable con el terminal abandono al que se ha condenado toda otra actividad necesitada del oxígeno fiscal. Trátese de sectores productivos como la industria, el campo o la misma infraestructura, sus requerimientos deberán postesgarse o reducirse al mínimo. Nada se diga de la política social, tan callada como moribunda. Para ella, el gasto programable, que se ha venido achicando durante la última década y media, resentirá un resbalón adicional y su recuperación, si factible, se verá en el mediano plazo.

Pero la indignación de los contribuyentes comienza a tomar tal forma y densidad que no dejará resquicio alguno sin ser afectado por el movimiento reactivo que ante ello se viene gestando. El reclamo ante tal compromiso gubernamental ha crecido hasta formar una enorme masa crítica que no deja de lado ningún ángulo por explorar ni intención y efectos de ello derivados que no intente llevar a juicio público. Los mismos banqueros, con su escasa habilidad comunicativa y sus desplantes autocráticos contribuyen, de manera decidida, a engrosar la balanza de las oposiciones y la incomprensión colectivas.

La succión de recursos presupuestales ha sido fantástica si se le compara con cualesquier esfuerzo pasado. Ni la reforma agraria, el gasoducto de la abundancia petrolera o las supercarreteras de la modernidad y el encubierto sacrificio fiscal de Telmex se le igualan. Ni siquiera lo desembolsado por el Pronasol durante los ominosos tiempos del salinato le hacen sombra a los 28 mil millones de dólares que el rescate bancario costará en estos dos años de la todavía no explicada crisis. Con tales recursos se podría financiar la bonanza agroalimentaria. Pemex tendría que dedicar, para sufragar el naufragio bancario, el total de sus utilidades operativas de dos periodos con sus 85 mil millones de pesos logrados en 95. Podríamos, en fin, embarcarnos en proyectos firmes para la modernidad efectiva. Pero no, tal desembolso de los contribuyentes se hace con el mediocre propósito de mantener a flote, mientras viene la recuperación de la economía mexicana, a los grupos financieros actuales y auxiliar, de pasada, a alguno que otro amigo en tribulaciones.

Mientras esto ocurre y para que la espera no sea tan angustiosa sin algo que llevar a casa, los banqueros tendrán su pedazo del pastel de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (Afores). Tal fue el ofrecimiento presidencial, hecho con bastante anticipación a la aprobación del poder legislativo y contra la condicionante impuesta por el Congreso del Trabajo.

Imaginar el daño al sistema productivo dejando quebrar los bancos que lo merecen es un panorama impensable, dicen los conocedores. Y en efecto, mantener en funciones al sistema de pagos de la economía es crucial para la viabilidad de la fábrica nacional. Contemplar la escena de una persona o empresa recibiendo sólo una parte de sus depósitos sería fantasmagórico. Cerrar las fuentes de empleo, lanzar a millones de hombres y mujeres a la calle sin ninguna protección, sin embargo, es una terrífica realidad cotidiana. A pesar que en ello no se pierden únicamente los ahorros, el ingreso presente y futuro, sino muchas veces la misma identidad y autoestima.

La decisión de continuar por el sendero trazado desde las serenas alturas del mando cupular del país es inalterable. Así fue refrendado en la reciente convención de Cancún. Pero la cuestión debe plantearse también en términos del grado en que ello se haga. El costo puede ser la sobrevivencia misma de todo el aparato productivo de continuar priorizando con tal énfasis los ángulos financieros de la crisis. Las repercusiones en la orientación política de todo ello se confunden y contraponen introduciendo inestabilidades varias. Para mantener el rumbo programático y presupuestal a pesar del descontento y los quiebres de grupos y partidos, será preciso alterar los compromisos de apertura democrática que hizo el presidente. Desde ésta perspectiva se pretenden explicar las pretensiones del PRI para reabrir el expediente del carro completo a la antigua usanza.

Pero lo importante es entender, entonces, que la debacle de la economía se debió a factores identificables que no se deben repetir. Entre ellos está el desmesurado volumen de crédito que se soltó durante los tiempos previos a la elección presidencial del 94. El casi dispendio de 93 y principios del aciago 94 se dio, precisamente, para crear un clima propicio que permitiera la continuidad de un grupo en el poder a pesar del daño que se había causado al bienestar de las mayorías con su forma específica de gobernar y manejar la economía. La documentación precisa del deterioro en el bienestar de la población, sobre todo de los más pobres, durante el salinato es una realidad onerosa e indignante (entre 84 y 94 los ingresos de los hogares más ricos, 10 por ciento del total, se incrementaron en 7 puntos porcentuales en detrimento del 90 por ciento restante). Para atraer votantes (o dar su apariencia), se soltó crédito al consumo para comprar todo lo imaginable de dentro y fuera del país. El precio pagado puede equipararse con el costo del rescate bancario: 30 mmdd en deuda interna (denominada en dólares), que se perdió de sopetón y, con ello, se esfumó no únicamente el castillo neoliberal sino una parte sustantiva de la riqueza penosamente generada.

Otro de los motivos causantes del truene de diciembre del 94 y todavía no apreciado en su magnitud, menos aún enjuiciado por su injusticia y efectos devastadores en la productividad, es la estrategia seguida para apoyar la creación de los grandes grupos empresariales que el modelo seguido (y aún en boga), tiene como centro gravitacional. Dichas empresas gigantes no han sido, ni serán, eficientes por la sencilla razón que se han edificado sobre privilegios y la ruina de muchas cosas, las pequeñas empresas entre ellas. Cuando hagamos un recuento de los daños, se responda a cuestiones como las anteriores y se extraiga el concomitante propósito de enmienda, comenzaremos la recuperación sostenida de la crisis. Si no, seguiremos dando tumbos a pesar de las firmes seguridades de ir por un camino tan verdadero como una bonanza banqueril fincada en la penuria generalizada y el apañe de los votos.