Muchos mexicanos hemos manifestado por escrito, con razones históricas y políticas y en las calles, con una marcha nutridísima en esta capital y otras no menos concurridas en diversos lugares del país, la exigencia al gobierno para que no venda las plantas industriales que integran la industria petroquímica y que pertenecen a la Nación.

Sin embargo, la decisión oficial es no dar marcha atrás y proceder a privatizar la llamada ``petroquímica secundaria'', que en realidad no lo es, según expertos, pero que así se ha denominado para evadir la disposición constitucional, contenida en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. El texto es el siguiente: ``Tratándose del petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva''.

Explotar el petróleo significa mucho más que extraerlo de los yacimientos en que se encuentra y abarca los conceptos de refinarlo, transformarlo en productos derivados y aprovecharlo a plenitud, y estas prerrogativas se las reserva el constituyente a la Nación mexicana.

Por tanto, vender plantas industriales de la Nación, que se dedican precisamente a la explotación del petróleo y otros hidrocarburos extraídos del subsuelo por Pemex, es una actividad reservada a una empresa nacional y no a particulares, sean estos mexicanos o extranjeros.

El señor presidente, en su discurso pronunciado en Campeche con motivo de la celebración del aniversario de la expropiación petrolera, reitera que el petróleo es de los mexicanos, pero que la situación del momento, exige una ``vía propia para la explotación del petróleo, fundada en la soberanía y la Constitución...".

El punto de diferencia parece ser determinar qué se puede entender por ``explotar''. Se había entendido desde 1938, y hasta hace muy poco tiempo, como la facultad de la Nación de sacar provecho pleno y exclusivo del petróleo, extrayéndolo, procesándolo y vendiéndolo. Hacia la integración de esas funciones se trabajó creando la industria petroquímica, y en ese camino se encontró nuestra Nación con innumerables obstáculos, algunos del exterior, pero otros muchos, propios del sistema, entre ellos un costo elevado artificialmente por la corrupción y con frecuencia, la ineficiencia.

La fama de los altos sueldos, las prebendas, los negocios fabulosos persiguió a Pemex durante muchos sexenios.

Pero esa explotación tramposa y perversa no puede ser razón suficiente para que hoy se venda la industria petroquímica; si ésa fuera la regla tendríamos que privatizar casi todo porque son excepcionales las dependencias públicas en donde no haya habido malos manejos.

Pero no es ésa la solución; la solución debe ser interpretando correctamente la Constitución: no vender, corregir las fallas existentes y buscar la competitividad tan cara al régimen, con nuestras propias fuerzas y recursos, sin esperar todo de los inversionistas, especialmente extranjeros que, desde luego, no explotarán en bien de la Nación sino en provecho de sus accionistas.

Pero cómo dirimir la diferencia? El presidente y sus asesores creen que ``explotar'' no comprende a la petroquímica y una parte importante de la sociedad, piensa lo contrario, lo correcto sería un plebiscito, pero no está contemplado ese procedimiento en la Constitución; tampoco existe la acción popular que obligue al Poder Judicial a asumir su responsabilidad de más alto intérprete de la Constitución.

No le queda a la ciudadania sino hacer lo que está haciendo: marchar, reunirse, exigir y, en todo caso, advertir con sus acciones que no será fácil al gobierno privatizar ni a los beneficiarios de la privatización ``explotar'' lo que no será legítimamente suyo.