Interpone amparo el PRD contra la exoneración de Figueroa Alcocer

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Jesús Aranda, enviado, Acapulco, Gro., 19 de marzo El secretario de Asuntos Jurídicos del PRD, Samuel del Villar, presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito contra la resolución del fiscal especial del caso Aguas Blancas, Alejandro Varela Vidales, que exoneró al ex gobernador Rubén Figueroa y a tres funcionarios de su gobierno y cerrró la investigación de la matanza de 17 campesinos sin haber concluido la indagatoria.

Con esta demanda, Del Villar pide la intervención del Poder Judicial federal ``como autoridad'' para que se reabra la investigación sobre la responsabilidad de Figueroa en la matanza, así como del ex secretario general de Gobierno Rubén Robles Catalán, el ex procurador Antonio Alcocer Salazar y el ex director de la Policía Judicial Gustavo Olea Godoy.

Explicó que la demanda de amparo a la justicia federal no tiene relación con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el texto entregado al juzgado este mediodía, Del Villar, en su carácter de representante legal de los deudos de 13 de los 17 campesinos asesinados el 28 de junio en el vado de Aguas Blancas y del PRD, expone que el fiscal Varela Vidales violó los artículos 21, 20, 14 y 16 de la Constitución, y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con la resolución de concluir la indagatoria de la averiguación previa TAB/I/3802/95, y al determinar el no ejercicio de la acción penal contra el ex gobernador y los tres ex funcionarios.

Asimismo, que el actual procurador general de Justicia del estado violó los artículos 21, 14, 16 y 20 de la Constitución, al abstenerse de resolver la petición de reabrir la investigación, presentada por Del Villar el 14 de marzo.

El juez tercero de distrito, Humberto Venancio Pineda, notificará este miércoles a Del Villar si admite la demanda de amparo.

En la demanda se especifica que el fiscal especial omitió realizar diligencias y recabar pruebas para indagar la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades.

Entre estas omisiones está la exhumación de los cadáveres y las renecropsias, los testimonios de sobrevivientes y campesinos que estuvieron en el lugar de los hechos, la reconstrucción debida del hecho, el reconocimiento del derecho de coadyuvancia a los ofendidos y agraviados, la protección debida a testigos fundamentales y la consideración del video de la matanza difundido el 25 de febrero por Televisa.

Además plantea que el el fiscal, ``con una carencia absoluta de responsabilidad, cerró la indagatoria en un precipitado acto político ante la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero''. Con esto, obstruyó la persecución debida de los delitos, ``frente a la difusión dos días antes de la evidencia central de la videograbación sobre los hechos de Aguas Blancas''.

Sobre la responsabilidad del ex gobernador en la matanza de la sierra de Coyuca de Benítez, en la demanda de amparo se expone que de las evidencias al alcance del fiscal especial no se desprende que Figueroa no tuvo participación en ellos, sino que acredita lo contrario.

Afirma que ``la evidencia acredita que la operación fue preparada y ejecutada por el más alto nivel del gobierno del estado'', y agrega que ``son insostenibles'' las conclusiones del fiscal especial de que las instrucciones del ex gobernador fueron que la operación del 28 de junio se realizara dentro de marco de la legalidad.

Se refiere a información publicada en el diario El Financiero y en el semanario El Sur, acerca de una reunión efectuada dos días antes de la matanza de Aguas Blancas con los jefes policiacos del estado, con la asistencia del general Mario Arturo Acosta Chaparro y empresarios de Guerrero, en la que Figueroa habría planeado la represión a un contingente de la OCSS que se trasladaría el 28 de junio de diversas comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez a Atoyac de Alvarez para realizar un mitin.

También señala como prueba de que la operación fue planeada por Figueroa el testimonio de la edil de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, quien declaró que el gobernador le informó que detendría a los de la OCSS ``a como dé lugar''.

En la demanda de amparo, Del Villar refuta las conclusiones del fiscal, quien afirma que la matanza ocurrió por negligencia y falta de pericia y de control de los policías que intervinieron en la masacre, y que la forma de efectuar el fuego ``se hizo por simpatía, es decir, que se realizó por inclinación a hacer lo que otros hacen''.