En las reformas penales, mayores penas a secuestros

Alonso Urrutia y Néstor Martínez Ante la proliferación de una delincuencia cada vez más organizada y sofisticada en la ciudad, que se ha traducido en un mayor tráfico de armas, secuestros, asaltos bancarios y robo de vehículos, el presidente Ernesto Zedillo turnó al Senado de la República un paquete de reformas a 17 artículos de los códigos Penal y de Procedimientos Penales, que endurecen las penas para quien comete este tipo de delitos.

En las valoraciones para proponer la reforma se reconoce la existencia de un aumento ``dramático'' del uso de la violencia en la ciudad, entre la que sobresale el secuestro, que ``es hoy en día una de las conductas más aberrantes, que mayor impacto e indignación social han causado y respecto de las cuales la autoridad se encuentra en francas dificultades para combatirla con eficacia''.

Los cambios propuestas endurencen las medidas en contra del robo en sus diversas modalidades organizadas, desde el correspondiente a autos, hasta el que implica lesiones y es cometido por dos o más personas; en éste se impondrán sanciones que impidan la libertad bajo fianza independientemente del monto de lo robado.

Asimismo, se incorporan adecuaciones a fin de que se establezca pena acumulada para cuando se cometa más de un delito, a diferencia de la actual, en la que se aplica la pena del ilícito más grave y en algún caso la mitad de pena de otro. Ahora sólo la pena máxima de 40 años será el límite.

Las reformas representan un cambio sustancial en el combate a la delincuencia organizada y permitirá superar que la ``laxitud'' y ``lagunas legales'' existentes en la actualidad inhiban el combate a la delincuencia, consideraron intergrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF).

Los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos de la ARDF, Pedro Peñaloza y Salvador Abascal, así como el priísta Salvador Muñúzuri, señalaron que entre las reformas destacan las modificaciones en la legislación sobre robo de autos: restringe la libertad provisional, incrementa las sanciones para los delitos en grado de tentativa, se modifica el concepto de flagrancia y se incorporan nuevas medidas de apremio.

En las modificaciones referidas al secuestro, la propuesta plantea sancionar como delitos autónomos a quien actúe de intermediario en las negociaciones de rescate sin el acuerdo de quienes represente o gestionen en favor de la víctima; colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de secuestradores, fuera del estricto derecho a la información; actúe como asesor de quienes representen o gestionen en favor de la víctima y evite por cualquier medio informar o colaborar con la autoridad competente en el conociminto de la comisión del secuestro.

Los asambleístas destacaron que una parte importante de la reforma es el nuevo enfoque al delito de robo de auto, considerado ya delito grave. Con la nueva legislación, se establecen sanciones de uno a 10 años a quienes desmantelen vehículos y comercialicen sus partes; trafiquen con ellos; detenten, posean y modifiquen documentación, así como su utilización para delinquir.

Al mismo tiempo, se elevan las penas para los casos de tentativa que en la actualidad son muy relajadas y permiten la salida bajo fianza. Así, en lo sucesivo, dijo Peñaloza, el solo intento de cometer un ilícito será castigado más severamente para no dejar en la impunidad muchos delitos que si bien fueron frustrados, tenían la intención de cometerse.

Abascal manifestó que el paquete de reformas viene a confirmar que ``no son las organizaciones de derechos humanos las que defienden delincuentes, son las leyes tan laxas y los vacíos jurídicos lo que permiten salir a delincuentes peligrosos''.

Otra modificación importante está dirigida al concepto de libertad provisional. Con ello se confiere facultades al juez para negarla en delitos no graves cuando el inculpado haya cometido otro delito o lo solicite el Ministerio Público. De igual forma, los sustitutivos de la penas se invalidan cuando se trate de reincidentes.

Se establece el concepto de cuasi flagrancia a fin de que un delincuente pueda ser detenido dentro de las 72 horas cuando sea reconocido por la víctima, tengan en su poder el objeto delito o existan fundamentos para presumir su responsabilidad. Incorpora además el concepto de caso urgente, a fin de que el Ministerio Público pueda detener sin orden judicial al probable responsable cuando exista riesgo fundado de evadir la justicia

Néstor Martínez El Senado de la República analiza ya un paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales tendiente a combatir la delincuencia organizada y la criminalidad en el Distrito Federal, que propone crear figuras como jueces y testigos anónimos, autorizar el espionaje telefónico, negociar la reducción de penas con delincuentes a cambio de información, integrar una policía judicial de ``elite'' con sistemas propios de inteligencia, además de reducir a 16 años la edad penal ``en casos de excepción''.

Las propuestas presidenciales, que según senadores se mueven en el filo de lo legal y lo anticonstitucional, plantean también dotar de facultades extraordinarias al Ministerio Público, define con precisión lo que es la delincuencia organizada y recataloga como delitos propios de ésta el lavado de dinero, el acopio y tráfico de armas, el terrorismo, el tráfico de indocumentados, la falsificación y pone especial énfasis en la penalización del secuestro.

Se establecen nuevos tratamientos para los delitos de robo, lesiones, falsificación de documentos, delitos cometidos por y contra servidores públicos de procuración y administración de la justicia y de seguridad pública, comercio o tráfico ilícito de armas.

El pleno senatorial dio entrada y turnó a comisiones las iniciativas de reformas, por un lado, a cuatro artículos constitucionales y la iniciativa de ley contra la delincuencia organizada, y por el otro, modificaciones al artículo 20 de la Constitución y a diversas disposiciones de los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Federalizar la lucha contra la delincuencia organizada

En la iniciativa de la ley contra la delincuencia organizada, integrada por 52 artículos, además de las reformas al 21, 22, 16 y 73 constitucionales, Ernesto Zedillo plantea implícitamente la federalización del combate a esa forma criminal, y ahí admite que México no escapa a los efectos de la delincuencia organizada trasnacional, que incide en la pérdida de la seguridad urbana y rural.

Zedillo admite lo controvertido de su propuesta, pero sostiene que ``plantear en este contexto un sistema de delimitaciones de garantías puede resultar preocupante para algunos sectores de opinión, por lo que es necesario establecer una serie de argumentos de apoyo a dicha política, así como una serie de garantías que eviten que una legislación especializada y por ello de carácter excepcional, pueda extener su aplicación a otra clase de fenómenos, poniendo en riesgo al sistema de garantías''.

Advierte que, sin embargo, ``no adoptar medidas realistas en la ley lleva a la adopción de prácticas estatales ocultas o a simulaciones y, con ello, a que la autoridad escape del control necesario sobre sus actos''.