No fue sencillo, como se recordará, aprobar la nueva Ley del Seguro Social, que entrará en vigor a partir del año próximo. Hubo una vigorosa, aunque insuficiente, oposición social, debatieron fuerte los diputados, incluidos varios inconformes del partido oficial, razonaron en contra muchos estudiosos de la materia, pero finalmente, sobre las dudas y reservas, se impuso la obediencia y con ella el mayoriteo. Y quedaron así incorporadas las figuras de las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), de las sociedades de inversión y de las aseguradoras.

Sobre estos llamados intermediarios especializados, quedó pendiente la reglamentación, prevista para el primer trimestre de este año, lo que implica reformar sustancialmente, si no es que por completo, la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Comisión respectiva (Consar), que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Es significativo, si bien no carece de lógica hasta en el orden político, que sea esta dependencia la que esté encargándose de proponer la reforma y de cabildearla aceleradamente. Pero no le está resultando fácil vender sus ideas privatizadoras, entre otras cosas porque pretende romper los condicionamientos y candados que, aunque precarios, sirvieron para que la mayoría parlamentaria justificara su obsequiosidad.

En algunas comisiones de la Cámara de Diputados, se ha puesto en circulación una propuesta ejecutiva de nueva ley que brilla por su galanura, llena de gráficas y explicaciones ordenadas y sencillas para que las puedan entender hasta los legisladores más agrestes. Y se entiende bien, ciertamente, sobre todo porque abundan los adjetivos apologéticos. Y si uno se atiene a las conclusiones, que son sólo sobre los beneficios a la economía nacional y no ofrecen razonamientos, el proyecto debiera ser aplaudido de pie y hasta desollarse las manos. Véase: con el nuevo sistema, los recursos se canalizarán a la inversión productiva con alto impacto en la generación de empleo; se fortalecerá el ahorro interno y se reducirá la dependencia del ahorro externo; habrá disponibilidad de recursos para el financiamiento a largo plazo, y se garantizará la viabilidad financiera de las pensiones, todo lo cual nos lleva a lamentar que el susodicho sistema no se nos hubiera ocurrido antes, pese a disponer de la deslumbrante experiencia pinochetiana.

Lo que también se entiende en el esquema hacendario es que la banca privada ya mete la nariz como receptor de cuotas, mientras llega el momento, para el que no habrá que esperar mucho, de meter todo el resto de su anatomía. Y hasta los diputados priistas han entendido que es perentoriamente peligroso que el capital extranjero participe en las Afores; será? A tiempo se les demostró que la nueva Ley del Seguro Social significaría, inmediata y tendencialmente, un reforzamiento de grupos económicos y del sector financiero. Así ocurrió en Chile, donde el modelo de pensiones individuales se estableció desde l981, donde los verdaderos beneficiarios han sido los inversionistas privados y donde, apenas un lustro más tarde, tres grupos financieros de Estados Unidos controlaban ya el 60 por ciento de los fondos de pensiones mediante la adquisición de la mayoría de las acciones de las más importantes administradoras.

Va a discutirse, o está haciéndose ya a puerta entreabierta, la ley de las Afores. Pero lo que verdaderamente vale la pena volver a discutir es la Ley del Seguro Social y promover un juicio de inconstitucionalidad, porque tal como está resulta violatoria por lo menos del artículo 123 constitucional y lesiona el carácter público, solidario, redistributivo, integral e igualitario de la seguridad social. A esto debieron apuntar los diputados mayoritarios antes de alzar el índice para aprobar nuevos desafueros contra el porvenir del país, porque nuestro neoliberalismo periférico no va a ser eterno, aunque ciertamente durará hasta que lo toleremos.