Por un lado, muchas personas, grupos y sectores que impugnan el actual proceso de venta de los complejos petroquímicos de Pemex, incluso en las calles. Por otro, hay una gran diversidad de alternativas que se proponen al citado proceso.

Un punto positivo es la preocupación por presentar alternativas. Pero al mismo tiempo será difícil que un movimiento o corriente de opinión, aunque sea muy amplia e incluso predominante, pueda lograr sus objetivos si no los precisa y si éstos no son, a la vez, viables en cuanto a su realización y efectivos ante los problemas planteados.

Se había hablado de diferir el concurso para vender el complejo de Cosoleacaque para permitir un análisis más sereno del proceso, y luego se dio una negativa a confirmarlo. En su lugar, se ofreció que se haría uso de una reserva prevista en el Tratado de Libre Comercio (TLC) para que la venta de algunos complejos fuera a mexicanos o sociedades mayoritariamente mexicanas.

Esa negativa reavivó las críticas, dado que la posposición cumplía un papel; además, lo de la propiedad nacional tiene implicaciones limitadas. Antes, la Ley de Inversión Extranjera establecía para la petroquímica una participación mayoritaria mexicana obligatoria. Suprimido ese planteamiento a raíz, precisamente, del TLC, si se vende un complejo a una empresa mayoritariamente mexicana, ya no existe el citado impedimento para que, por simple compraventa de acciones, pase luego esa empresa a ser extranjera.

Esta nueva andanada de críticas al proceso de privatización, proveniente de dentro y fuera de las esferas oficiales, muestra que el problema no está resuelto y reclama una discusión y un razonamiento, para ir definiendo mejor las alternativas a presentar. Trataremos de resumir los principales grupos de alternativas que se han planteado públicamente:1. Las alternativas que en mi opinión tienen más consistencia y congruencia con los argumentos de fondo de la crítica, son las que proponen fuentes de recursos para que, sin venderse los complejos estratégicos de Pemex, éstos puedan ser modernizados. Entre las fuentes para esos recursos se han mencionado:a) El producto de la venta de los 200 mil barriles adicionales que se producen; este monto es, al año, igual a los mil millones de dólares necesarios para la modernización de la planta petroquímica actual, incluyendo el ensamble de por lo menos dos plantas, cuyos equipos que están ``en cajas''.b) Parte de los recursos asignados a subsidiar a bancos, o de los asignados a subsidiar a las autopistas concesionadas, ambos son varias veces superiores al citado monto necesario para esa modernización. c) Una parte del monto actualmente recaudado de Pemex por Hacienda en un régimen fiscal exagerado que quita a la empresa nacionalizada el 90 por ciento de sus utilidades.

2. Otras alternativas tienen en común la aceptación implícita del hecho mismo de que la petroquímica sea privatizada, que deje de ser de la nación y operada de manera pública, pero con determinadas condiciones. Estas habían incluido las siguientes propuestas: mayoría de capital mexicano; bursatilización, o sea, difusión de la propiedad en muchos accionistas a través de la Bolsa de Valores; y en tercer lugar un reinicio del proceso, de modo que ahora sí se cumpla una serie de requisitos legales que de una u otra manera se han considerado incumplidos hasta hoy.

Además de los problemas involucrados con cada una de estas opciones, las de este segundo grupo tienen varias debilidades en común: primera, si uno de los puntos de fondo en contra de la venta de los complejos es el carácter estratégico de los mismos para la economía mexicana de hoy, y por lo mismo la importancia de que sigan siendo de la nación, no hay congruencia entre este argumento de fondo y las fórmulas propuestas, que en estos casos aceptan implícitamente la desnacionalización. Segunda, en una actividad tan integrada y concentrada como la petroquímica de los complejos de Pemex, en los que se producen simultánea y asociadamente decenas de productos, varios de los cuales son a la vez la base de cadenas productivas cada vez más extensas, se requiere de medios efectivos y coordinados para la toma de decisiones, y a la vez de la prevención de monopolios u oligopolios privados. La única forma durable de conjugar ambos requerimientos implica propiedad de la nación y administración pública.

En estos días se agregó a las anteriores, una propuesta más: suscripción popular de acciones para comprar la petroquímica de Pemex. Esa alternativa, dado que implica que los complejos dejen de ser de la nación, sólo puede agruparse en este segundo grupo de propuestas, y por lo mismo comparte sus debilidades. Su adopción implicaría pasar del plano de la defensa de una industria estratégica como propiedad de la nación, al plano del ``quién da más'' en una subasta a la que está por verse si se podrá entrar.

Si en efecto llegara a haber una importante suscripción popular de acciones, valdría la pena considerar una mejor forma de emplear esos recursos en el asunto de los complejos petroquímicos, compatible con la permanencia de éstos en el sector público.