Las contradicciones inherentes al plan que tiene el gobierno para vender las plantas petroquímicas salieron a la luz en el aniversario de la expropiación de la industria petrolera. El compromiso de los priístas con la soberanía nacional sonó hueco. Mientras que el presidente Ernesto Zedillo dijo que ``el petróleo es símbolo de soberanía y baluarte de la convicción nacionalista, y es y seguirá siendo de los mexicanos'', su gobierno recurre a todos los esquemas posibles para privatizar una parte fundamental de Pemex.
Para el diputado del PRI, Heriberto Galindo, la venta de las plantas petroquímicas es una ``minucia'', cuando en realidad la mayoría de la población le otorga una gran importancia al asunto. El 70 por ciento de las personas encuestadas por el periódico Reforma consideran que Pemex es una empresa estratégica para la soberanía nacional; para los mexicanos el petróleo es de la Nación. Lo confirmaron las manifestaciones de protesta que hubo el 18 de marzo en varias de las principales ciudades petroleras del país: Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Ciudad Madero, Tampico, y Salamanca.
La defensa de las plantas petroquímicas la nutren los propios trabajadores y técnicos de Pemex; en Ciudad Camargo, Chihuahua, por ejemplo, los 400 empleados de la planta están en contra de la privatización. Pero la oposición a la venta de las petroquímicas es mucho más amplia. Para la mayoría de los mexicanos la industria petroquímica representa el último bastión de la soberanía y quieren participar en una cruzada nacional en su defensa. Obreros, amas de casa, pequeños empresarios, estudiantes y burócratas están dispuestos como lo hicieron una vez antes en 1938 cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera a donar bienes y dinero para evitar que el gobierno enajene parte del patrimonio nacional.
El gobierno no tiene argumentos que puedan convencer a la población de que la venta de los complejos petroquímicos a empresarios mexicanos y extranjeros contribuye al ``fortalecimiento de Pemex''. Contrario a lo dicho por Zedillo en Ciudad Carmen, la desincorporación de las petroquímicas no puede ser parte de una política nacionalista. A la luz de la experiencia sufrida por la sociedad mexicana con la privatización de las carreteras y los bancos, ni siquiera es creíble que la cantidad que espera recibir el fisco por la venta de las petroquímicas vaya a contribuir al crecimiento económico del país.
Es mucha más atractiva la idea propuesta por Andrés Manuel López Obrador en Villahermosa de unir esfuerzos para proteger la soberanía nacional con base en aportaciones pequeñas e individuales, en especie o en dinero. Una acción así demostraría por sí sola que el nacionalismo es un sentimiento histórico que le pertenece a la sociedad y no al gobierno.
Para éste, la venta de las petroquímicas representa sólo una cifra en dólares (6 mil millones aproximadamente) para las arcas públicas. El modelo neoliberal requiere alimentarse permanentemente de capital fresco y, en esta ocasión, tiene puesta su atención en una parte de Pemex.
La defensa de la industria petroquímica implica, por ello, un cuestionamiento del conjunto de políticas económicas que se han puesto en práctica en México en los últimos años. El manejo de las finanzas públicas por parte del actual gobierno ha condenado al país a la recesión más severa de todos los tiempos, y para remediar su error original Zedillo busca ahora obtener unos cuantos dólares fáciles con la venta de las plantas petroquímicas de Pemex. Como la ley lo prohibe, se llevó a cabo una reclasificación artificial de los productos petroquímicos, definiendo como secundarios los que en realidad son primarios.
Pero las acciones engañosas del gobierno van más allá: el presidente Zedillo propone ``fortalecer a Pemex'' cuando en realidad la venta de la industria petroquímica implica una reducción del ámbito estratégico de la economía, y ofrece seguir ``ejerciendo plena soberanía sobre el petróleo'' después de que comprometió con el Tesoro estadunidense las exportaciones petroleras como garantía del paquete de rescate financiero.
Petróleo y Nación están irremediablemente unidos, sólo que el gobierno y la sociedad ocupan posiciones distintas en relación a ellos.