Aprueban enmienda en EU para negar educación a hijos de indocumentados

Ap, Reuter, Afp y Ansa, Washington, 20 de marzo Estados Unidos incrementó su combate contra la inmigración ilegal. La Cámara de Representantes aprobó hoy una enmienda para permitir a los 50 estados que integran la unión negar educación a los hijos de los indocumentados y el establecimiento de un programa piloto para que los patrones puedan verificar si los solicitantes de empleo tienen permiso para trabajar en el país.

Asimismo, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) anunció que se buscará la mejor forma de anular el ``imán'' que el trabajo ilegal representa para los indocumentados, penalizando a los empresarios estadunidenses que sabiéndolo contraten los servicios de los indocumentados, e informó que caducaron las green cards de identificación de residentes permanentes emitidas antes de 1979.

El pleno de la Cámara de Representantes continúo este miércoles la discusión de un proyecto presentado por el republicano Lamar Smith en torno a la inmigración, y el tema de los hijos de indocumentados provocó un agitado debate en el que algunos legisladores alegaron que los niños no deben pagar por el hecho de que sus padres ingresaron al país irregularmente.

Sin embargo, el propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich intervino en la discusión para apoyar la enmienda --propuesta por el también republicano Elton Gallegly-- por la cual se otorga a los 50 estados la facultad de negar a los hijos de indocumentados el derecho de asistir a las escuelas públicas. ``Creo que es incorrecto que nosotros seamos la capital mundial del paternalismo'', expresó Gingrich al citar la propuesta 187 aprobada en California que limita las prestaciones sociales a los indocumentados. ``Venga a Estados Unidos en busca de oportunidades. No venga para ser parásito del estadunidense que cumple la ley y paga sus impuestos'', agregó.

Pero John Bryant, representante demócrata por Texas, acusó a Gingrich de ``oportunismo político'', al señalar que se habían hecho ``dos grandes excepciones a la cuestión total de la inmigración ilegal desde el comienzo (del debate), y se refieren al cuidado médico de urgencia y a niños pequeños que se presenten a la escuela''. Y Gingrich replicó de inmediato: señaló que proveer educación gratuita a los indocumentados le cuesta a California un mínimo de mil 700 millones de dólares al año, a Nueva York 634 millones, a Florida 424 millones y Texas 419 millones.

Según Gingrich, la única razón que tienen los gobiernos estatales para erogar tales sumas es la ``incompetencia del gobierno federal'' para detener el flujo de indocumentados. ``El gobierno federal es el que ha fracasado. Pienso que estamos equivocados si pensamos en ser la capital mundial de la beneficencia'', añadió.

Y aunque la Suprema Corte decidió en 1982 que todos los niños, sin importar su estado legal, tienen derecho a la educación pública gratuita bajo igual protección de las garantías de la Constitución, la Cámara de Representantes aprobó esta enmienda en el proyecto general por 257 votos contra 167.

Otra provisión para negar a los padres indocumentados otros beneficios gubernamentales para sus hijos nacidos en Estados Unidos fue objetada por algunos legisladores que trataron de eliminarla, pero el intento fracasó. Gingrich obtuvo otro éxito en la discusión de hoy, al aprobar la Cámara imponer nuevos requisitos de dominio del inglés a los inmigrantes que acudan a Estados Unidos sobre la base de sus habilidades personales.

La legislación promovida por la mayoría republicana en la Cámara impone nuevas medidas contra la inmigración ilegal y restringe la legal. La mayoría de los congresistas están de acuerdo en las provisiones contra los indocumentados, no así en las medidas contra la inmigración legal. Así, durante los dos próximos días un grupo de cuatro republicanos y dos demócratas tratará de eliminar del proyecto la mayor parte de las nuevas restricciones a la inmigración legal, con una enmienda que se prevé será sometida a votación este jueves.

Algunos representantes quieren que la Cámara trate la cuestión de la inmigración legal con un proyecto de ley por separado, como se hizo ya en el Senado. El presidente Bill Clinton advirtió que no apoyará la reducción del número de inmigrantes legales, como proponen los republicanos, y según la Oficina de Administración y Presupuesto el mandatario podría vetar el proyecto si fuera enmendado para incluir un nuevo programa sobre trabajadores agrícolas invitados, que permitiría que hasta 250 mil extranjeros ingresaran temporalmente al país, como lo solicitó un grupo de empresarios.

Pero el tema que verdaderamente había provocado polémica en la discusión legislativa era establecer un tipo de documento de seguridad para que los patrones pudieran verificar si sus candidatos a empleados tenían derecho a trabajar en el país. Muchos representantes y organizaciones defensoras de los derechos civiles objetaron la medida y alegaron que era un intento de establecer una cédula nacional.

En todo caso, Lamar Smith concedió que sea un programa piloto en el que los patrones podrán verificar con una base de datos del gobierno si los solicitantes de empleo tienen permiso legal.

El SIN contra falsificadores y coyotes

El SIN anunció una batalla sin cuartel contra los falsificadores de documentos, contra los ``coyotes'', traficantes de indocumentados en la frontera con México, y contra los patrones que contratan indocumentados incluso sabiendo su estatus migratorio. Esta fase de la lucha, explicó Chris Sale, subcomisionada del SIN, será incrementada con 600 nuevos investigadores que seguirán en todo este enorme país las huellas del delito fronterizo.

``Estos investigadores buscarán a los delincuentes que falsifican documentos y perseguirán a los coyotes'', señaló la funcionaria. Según el representante republicano por California, Brian Bradley, la región fronteriza con México ``está fuera de control'', al aludir el asesinato de nueve policías mexicanos por ``coyotes'' que viven del tráfico de drogas y de personas.

Sale anunció también que caducaron las llamadas tarjetas verdes emitidas antes de 1979, al señalar que ese documento era el preferido de los falsificadores. La nueva identificación para residentes permanentes, conocida como tarjeta rosa, es mucho más difícil de fraguar y puede contener información accesible por medio de computadoras.

Para combatir el tráfico de indocumentados, el fiscal federal para asuntos migratorios, Alan Bersin, anunció en San Diego modificaciones para penalizar ese delito, que van desde dos años de prisión hasta cadena perpetua, informó nuestro corresponsal en Tijuana, Jorge Alberto Cornejo.

``Hoy estamos declarando la guerra a los traficantes de inmigrantes'', indicó Bersin, y puntualizó que el nuevo programa incluye la infiltración de agentes a las organizaciones criminales y la creación de un grupo de inteligencia en la Patrulla Fronteriza.