Frustrante, que la delincuencia no disminuya: PGJDF

Ricardo Olayo y Alonso Urrutia El procurador general de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, dijo que es frustrante que el índice delictivo en la ciudad no disminuya a pesar de que se realizan más detenciones, hay mayor número de autos recuperados, de bandas desmembradas, y se investiga con mayor profesionalismo el delito.

En su segunda comparecencia ante asambleístas tras su segundo periodo de labores, dijo que no importa la eficacia de la procuraduría, ``porque en la calle hoy la gente se siente más insegura; se siente menos protegida; siente que la autoridad no funciona''.

José Antonio González Fernández,
procurador general de Justicia del
Distrito Federal, al rendir ante
asambleístas su segundo informe
de actividades.
Foto: José Antonio López

González Fernández dijo que se acabaron las recomendaciones para aceptar el ingreso de judiciales o agentes del Ministerio Público, que la reforma penal que analiza el Senado de la República será un paso adelante en la lucha contra la delincuencia y que el reto principal de la procuraduría es recobrar la confianza de la población tras ``muchos años de corrupción, burocratismo y negligencia''.

El procurador rindió un informe al pleno de la Asamblea y dio respuesta a las preguntas de las fracciones en una sesión que se alargó por más de seis horas. En el documento expresa que ``estamos a tiempo (de enfrentar el problema de la delincuencia) sin necesidad de tomar decisiones extremas o desesperadas''.

Subrayó que las investigaciones que realiza la dependencia son legales y profesionales y que no habrá soluciones fabricadas o inventadas, para que los culpables estén en la cárcel y los inocentes en la calle.

``Una ciudad de leyes no se da por decreto ni de la noche a la mañana''. La transformación de la procuraduría con sus medidas para profesionalizar y especializar la investigación por tipo de delito espera obtener resultados, pero si ello no ocurre, indicó, se tendrían que adoptar medidas legislativas como las propuestas al Congreso en la iniciativa presidencial.

Fue al responder a la fracción del PAN cuando se refirió al índice delictivo, que en algunos casos ha llegado hasta 800 ilícitos denunciados cada día en lo que va de 1996. ``Debo decir que a pesar de ciertas cifras y ciertas acciones que expuse, el índice delictivo no baja'', expresó el procurador.

``¿Por qué? Porque la crisis económica nos azotó más fuerte, porque el subempleo se profundizó, porque el ingreso per cápita fue menor, porque todo hizo crisis con otros factores acumulados en largos años, como la mayor deserción escolar, o valores sociales afectados, o fomento de hechos delictivos a través de ciertos medios, o crisis en las corporaciones'', reflexionó ante el pleno.

Dijo que la desconfianza ``afecta el ánimo de uno, que día a día quiere poner su mejor esfuerzo para tener mejores resultados, mejores instalaciones, mejores servidores públicos y al final de cuentas no se traduce en una mayor seguridad o confianza de la ciudadanía. Es frustrante''.

Había hablado de las 635 bandas desmembradas --1.7 cada día--, de los 80 secuestradores detenidos en 1995, cifra mayor en comparación con los 14 del año previo. Habló de los casi 700 judiciales cesados para ``limpiar'' a la corporación, de quienes dijo 100 fueron consignados penalmente.

Mencionó los 45 secuestros del año pasado, de los cuales 42 están resueltos, de los seis que van en este año, y que se han solucionado 5, con 8 sujetos enviados a los jueces penales.

A la comparecencia faltaron los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Jorge Rodríguez y Rodríguez, en tanto el secretario de Seguridad Pública, David Garay, y la senadora María de los Angeles Moreno se retiraron antes de la sesión de preguntas de los partidos políticos.

Ya no escucharon a González Fernández explicar que en los primeros dos meses del año hubo 39 mil delitos, e indicar que sería demagógico ofrecer que mañana bajará el número de delitos.

Mención especial mereció en su informe la propuesta de modificaciones penales, que tiene por objetivo restar facilidades a los delincuentes para que obtengan la libertad provisional, acumular las penas para que permanezcan más tiempo en prisión, permitir detenciones hasta 72 horas después del ilícito y sancionar a quienes se nieguen a declarar ante un agente del Ministerio Público.

Respecto a la iniciativa presidencial, el ex prpcurador general de la República, Sergio García Ramírez, dijo en entrevista que sí tenía aspectos positivos que requieren ser analizados en un contexto de creciente delincuencia y rechazó la posibilidad de imponer la pena de muerte.

Avance sin resultados en el caso Polo Uscanga

Tras la intervención del asambleísta del PRD Iván García Solís, el procurador respondió a los cuestionamientos sobre el homicidio del magistrado Abraham Polo Uscanga y el caso Ruta 100. Del primer punto dijo que no se han suprimido líneas de investigación y que la resolución se va a dar no por el número de declaraciones o retratos hablados con que se cuente sino por la calidad de la investigación.

``Comparto su opinión. Si no hay autores materiales ni intelectuales no hay resultados'', le dijo González Fernández al subrayar que ``la investigación exitosa no se va a dar a través de los medios de comunicación. El Ministerio Público debe investigar no en los medios, sino en los hechos. La investigación va bien'', resumió el procurador.

Respecto a Ruta 100, dijo que si bien hay dirigentes encarcelados, también se han librado órdenes de aprehensión contra 11 ex funcionarios, nueve de los cuales están amparados y en libertad y de los otros dos no se sabe su paradero. Indicó que en contra de la dirigencia sindical hay 800 denunciantes en 91 averiguaciones, que en algunos casos datan de 1991.

Sobre los más de 150 mil expedientes --el 75 por ciento de denuncias anuales-- que se van al archivo sin investigarse a fondo, dijo que se creó un grupo especial para tratar de desahogarlos, y dijo que esa proporción ha sido similiar con anteriores procuradores.

González Fernández dijo que serán creadas seis coordinaciones para investigar, entre otros los delitos, el homicidio, el crimen organizado, delitos patrimoniales y violación, como unas de las medidas para especializar la lucha contra la delincuencia.

Acompañado de sus colaboradores, asesores y su familia, el procurador abandonó la ARDF minutos después de las 18:30 horas, en su segunda comparecencia ante el órgano colegiado al que pertenece y el cual le otorgó la licencia para convertirse en procurador desde febrero de 1995

Alonso Urrutia y Ricardo Olayo Desde todas las fracciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ayer se urgió al procurador capitalino, José Antonio González Fernández, a entregar resultados en el corto plazo. ``No podemos esperarnos hasta el año 2000 para que los programas puedan tener éxito, necesitamos que el índice delictivo baje este año'', señaló el panista Víctor Orduña.

El priísta Rafael Luviano advirtió que hoy el reclamo social es por una mayor seguridad; hoy la convivencia social se ve fuertemente impedida por la impunidad y la violencia, y la población quiere vivir en una sociedad donde la justicia sea una realidad. Sin embargo, advirtió que el problema no puede ser enfrentado solamente en su dimensión policiaca.

Luviano destacó que la procuraduría tiene una mala imagen ganada a pulso con excesos de autoridad, corrupción y otras irregularidades, pero destacó que existe un proceso de reestructuración de la dependencia que permite suponer que se erradicarán prácticas prohibidas para las corporaciones.

El asambleísta externó su preocupación por el crecimiento del secuestro en la ciudad que cada vez más ha dejado de ser un delito esporádico.

Por su parte, el panista y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Víctor Orduña, emplazó al procurador a obtener resultados en el corto plazo. ``Señor procurador: ¿Es que tenemos que esperar los habitantes de esta ciudad hasta el año 2000 para que estos programas de mediano o de largo plazos se lleven a cabo?''

Orduña dijo que sin duda los programas y modificaciones legales son excelentes para enfrentar a la delincuencia, pero esto se tiene que traducir en hechos prácticos y cotidianos para la población. Todavía no vemos resultados exitosos en el combate al crimen, señaló el panista, quien destacó el hecho de que el incremento delictivo es uno de los más elevados de la histria.

El asambleísta manifestó que en el contexto de violencia actual se empiezan a manejar opciones inadmisibles para enfrentarlo como la pena de muerte o se ha llegado a proponer la militarización de las calles ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad; ``son dos tentaciones que debemos erradicar'', precisó.

Por su parte, el perredista Eduardo Morales subrayó que la gravedad de los niveles delictivos y de la violencia está a punto de convertirla en una situación irreversible. A ello debe agregarse la impunidad que se refleja en la ineficacia de la corporación en la agilización de las averiguaciones previas.

En 1995, de las 101 mil 136 denuncias presentadas ante la PGJDF, 45 mil 81 tuvieron curso sin considerar los delitos no denunciados. Destacó que la delincuencia que ahora enfrentamos es el costo de la política económica que ha generado desintegración social, desempleo, raquíticas oportunidades de superación, caída de los niveles de bienestar.

Asimismo, cuestionó la intención de que a los menores de 16 años les puedan ser imputables los delitos de manera general. En este caso --dijo-- lo casuístico debe ser aplicable sobre todo en el marco de un sistema de justicia corrupto y arbitrario.

A su vez, el coordinador del Partido del Trabajo, Francisco González, manifestó que en la ciudad hay un estado de psicosis sobre la violencia alentado por medios de comunicación amarillistas. Es un estado alentado por la propia autoridad que tras ello busca introducir medidas más enérgicas, como la salida del Ejército a las calles, que no pueden verse más que ``como tentaciones fascistas'' inadmisibles.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la cual se reorganizará esta dependencia a partir del fortalecimiento y mayor profesionalización del Ministerio Público, los agentes de la Policía Judicial y peritos. Con ese propósito, se instituye el Servicio Civil de Carrera, al que sólo se podrá ingresar por concurso y etapas de selección, que garanticen el ingreso de los mejores prospectos.

La iniciativa, discutida ampliamente con anterioridad en reuniones con senadores y funcionarios de la dependencia involucrada, recibió 357 votos en pro y uno en contra del diputado socialdemócrata Luis Sánchez Aguilar. El dictamen fue apoyado en tribuna por los priístas Eduardo Escobedo y Jaime del Río Navarro; el perredista Ramón Sosamontes; el panista José Luis Torres Ortega; el petista Ezequiel Flores, y la diputada ciudadana Marta Alvarado Castañón.

Al proyecto se le hicieron 24 modificaciones en comisiones, a las que se añadieron cuatro más que aprobó el pleno, en la parte correspondiente a los requisitos para ser procurador, subprocurador, agente del Ministerio Público, agente de la Policía Judicial y perito.

Con la nueva ley, la procuraduría tiene ahora atribuciones en materia de política criminal. El Ministerio Público podrá intervenir en la atención a las víctimas o los ofendidos por el delito; ordenar aprehensiones en casos urgentes y liberar a presuntos responsables. Se instituye el Consejo Interno del Ministerio Público.

A nivel legal, se dirige a la obligación de contar con delegaciones en las demarcaciones del Distrito Federal, y al Instituto de Formación Profesional se le encomienda la formulación, regulación y desarrollo del Servicio Civil de Carrera, entre otros puntos de trascendencia.

(Ismael Romero y Elena Gallegos)