``Nos dijeron bájense!... pero no nos dejaron bajar a todos y dispararon'', narró el chofer

Maribel Gutiérrez, corresponsal, y Jesús Aranda, enviado, Aguas Blancas, Gro., 20 de marzo Ante la gran expectativa de familiares y deudos de los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, hoy se realizó la inspección ocular sobre los hechos con la presencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios.

Con la participación de 13 de los sobrevivientes, viudas y familiares, autoridades de Paso Real y de Atoyaquillo, peritos en criminalística, fotografía, video y balística midieron distancias, analizaron el entorno y escucharon de los testigos su declaración sobre lo que vieron, lo que escucharon y cómo actuaron el pasado 28 de junio.

El lugar, ahora conocido como el vado de Aguas Blancas, es una recta en declive de la carretera de terracería que conduce de Coyuca de Benítez a la sierra. A un lado se localizan lomeríos sembrados de árboles frutales y del otro una zona con palmeras y árboles de nanche cerca del cauce de un río.

Desde las lomas donde estaban apostados parte de los policías se domina todo el espacio en el que ocurrió la matanza. De acuerdo con comentarios de los peritos, a pesar de que la recta en cuestión no mide más de 60 metros, el lugar era propicio para un puesto de revisión debido a la geografía de la zona y a que la carretera está llena de curvas. El propietario y conductor de la camioneta de redilas azul con lona en la que viajaban 57 pasajeros narró a los peritos lo ocurrido:

``El 28 de junio venía muy lleno, y entonces, al llegar aquí --dijo mostrando el sitio preciso donde los motorizados le ordenaron detenerse--, los policías nos dijeron ¡bájense! Pero no nos dejaron bajar a todos, y comenzaron a tirar. Se veía muy rodeada la camioneta...

``Cuando empezó el tiroteo me acurruqué en mi lugar y grité: ¡no disparen! Levanté una mano y me alcanzó una bala.''

Asimismo, confirmó que no había sido secuestrado por los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y que él venía voluntariamente. ``Yo vivo del pasaje'', explicó.

Después de haber recibido 10 mil pesos de indemnización por su herida y la reposición de su vehículo baleado, Mauro Hernández dice: ``Ya no pido nada, solamente quisiera que esto se calmara y que no volviera a pasar algo igual.''

Mientras, las viudas --que se entrevistaron con los ministros al término de la inspección ocular-- pidieron justicia y que se castigue al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por haber ordenado la matanza.

``Quiero que se haga justicia, que se castigue a los responsables, y no porque salió Figueroa ya todo se va a quedar así'', dijo a los ministros Paula Mendoza Téllez, viuda de Francisco Rogel Gervacio.

Teniendo como testigo el monumento en memoria de los caídos, en el que están grabados los nombres de los asesinados, donde siempre hay flores frescas, la hermana del extinto Mario Pineda Infante pidió ayuda para su mamá, ``que está muy ancianita; mi hermano la mantenía''.

Entre los lesionados que se presentaron al lugar, Domingo Bernal, comisario de Atoyaquillo, dijo que viajaba en la camioneta azul: ``Tuve una herida en la cabeza, porque me pegó de retache una bala; también me golpearon, me estuvieron pateando los policías para que no viera, tengo testigos''. Y afirmó que sólo recibió ``para las vueltas 500 pesos y después mil 500, pero nunca me dieron para las curaciones''.

Desde antes de que se iniciara la diligencia y ante los reiterados reclamos de justicia, los ministros se esforzaron en explicar que su investigación no tiene carácter penal y que, por tanto, no podían consignar a ningún responsable. ``Nuestra función es precisar si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales en el asunto'', insistieron. Remitieron a las viudas y a los deudos a que acudan al tercer juzgado penal, donde se lleva la causa, para que presenten allí sus demandas sobre indemnizaciones y otros aspectos de carácter legal.

``Ya verán que allí los van a atender'', indicaban.

Régulo Reséndiz --uno de los fundadores y representante de la OCSS en Atoyaquillo-- relató que iba en la lona del lado izquierdo de la camioneta azul con un machete. ``Nos pararon el alto y al mismo tiempo cortaron cartucho. Me bajé y le dije a un comandante que por qué nos detenían de esa manera. Me contestó: ¡tírese allí! Obedecí la orden y empezaron los tiros.''

En la inspección ocular con carácter de reconstrucción Régulo Reséndiz repitió los movimientos que realizó el 28 de junio del año pasado, y después de saltar con su machete desde lo alto de la camioneta quedó tendido en la cuneta para protegerse de las balas. Salió ileso.

De acuerdo con las estimaciones que los peritos le comentaron a los ministros, quedó confirmado que los campesinos agredidos no llevaban armas.

El diputado local perredista Ranferi Hernández Acevedo criticó de entrada que la inspección ``no se realizara como debía de ser'', porque faltaron los policías que estaban apostados en los lados del camino, algunos detrás de las palmeras y los árboles de nanche en espera de la llegada de los campesinos. Argumentó también que los ministros ``no cumplieron su palabra'' de avisarle a la OCSS con anticipación sobre la fecha y hora de la diligencia, para que estuvieran presentes ``todos los testigos que no han declarado, como el dirigente de la OCSS, Marino Sánchez Flores''.

En respuesta, los ministros precisaron que a Marino y a los que no han declarado se les puede citar en otro momento, además de que no fue una reconstrucción como tal porque no se trata de averiguación penal, y dijeron que por si esto fuera poco, había participado más de una docena de sobrevivientes que iban en la camioneta atacada.

Ranferi Hernández ya se había entrevistado con los ministros la semana pasada en la ciudad de México, por lo que comentó que éstos ``ya tienen nuestra versión sobre la violencia en Guerrero. Dimos cuenta de la forma en que desgobernó Rubén Figueroa Alcocer, el asesinato de campesinos, desapariciones por motivos políticos y sobre la impunidad con que se han conducido los cuerpos policiacos en la entidad desde antes de la masacre de Aguas Blancas hasta llegar a los últimos asesinatos en Tlacoachistlahuaca''.

Añadió que ``Figueroa quiso coptar a los principales dirigentes de la OCSS y, al no lograrlo, quiso acabar con esta organización con asesinatos masivos y selectivos''.

Se comprometió a hacer pública una lista de las víctimas, las viudas y los huérfanos afectados por la violencia política en Guerrero, documento que entregará, dijo, a la Comisión Investigadora de la Corte para el caso Aguas Blancas.