Reinicia Venezuela pláticas con el FMI en medio de paros laborales

Josetxo Zaldúa, corresponsal, Caracas, 20 de marzo Miles de trabajadores del Estado iniciaron hoy una huelga de 48 en demanda de mejoras salariales, mientras el gobierno de Rafael Caldera reanudó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de insistentes rumores sobre un inminente aumento del precio de la gasolina.

Fuentes del ministerio de Hacienda, cuyo titular, Luis Raúl Matos, fue ratificado hoy como jefe de la misión gubernamental que negocia con el FMI, dijeron que hay consenso en el gobierno para firmar un compromiso con el organismo multilateral, luego de siete meses de arduas conversaciones. En ausencia del titular de Hacienda, será Teodoro Petkoff, líder histórico del Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual ministro de Coordinación y Planificación, el encargado de dirigir al equipo oficial.

Confiado en el éxito de esta nueva ronda de conversaciones con el Fondo, cuya misión técnica llegó hoy al país con el mexicano Carlos Muñiz al frente, Armando Córdova, miembro de la delegación venezolana y director de la Junta de Administración Cambiaria (JAC), aseguró que sólo quedan ``dos puntos'' para llegar a un acuerdo global con el organismo multilateral. Según el funcionario, ``el aumento de la gasolina y los programas fiscal y monetario se ejecutarán de una sola vez'' tras la correspondiente firma de una carta de intenciones con el FMI.

Al respecto, el ministro Matos agregó, tras una reunión del gabinete económico, que el esquema para los aumentos a las gasolinas ``ya está listo'', aunque aclaró que su puesta en marcha depende en gran medida de la actitud que finalmente adopte el Congreso respecto al proyecto de presupuesto del año en curso turnado hace dos semanas por el Ejecutivo.

El ministro también se mostró confiado en que se conseguirá un acuerdo definitivo, pero evitó dar una fecha precisa tanto para la firma del mismo como para la aplicación de las medidas que incluyen además el levantamiento del control cambiario.

Las pláticas con el FMI, dijeron fuentes de Hacienda, se destrabaron al reconocer las autoridades venezolanas la necesidad de aumentar a la brevedad las tarifas del combustible y el Impuesto al Valor Agregado, dejando a un lado, al parecer definitivamente, la pretensión de establecer un impuesto a las operaciones financieras, punto que los técnicos del Fondo consideran perjudicial.

Los expertos fondomonetaristas pedían además que el déficit fiscal no sobrepasara el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero a cambio de ceder en lo demás, el gobierno de Caldera espera que el FMI le permita cerrar el año con un déficit de 2 por ciento del PIB.

Por su parte, el gobierno confía en que antes del 31 de marzo el Congreso dé su visto bueno al proyecto de presupuesto para el año en curso pues, entre otras cosas, están en juego las líneas de crédito de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El director de la Oficina Central de Presupuesto (Ocepre), Rodrigo Peraza, sostuvo que si llegara a repetirse el presupuesto del año pasado ante la imposibilidad de aprobar el proyectado para el presente, ``no se podrán atender de manera inmediata las prioridades fundamentales, como los subsidios sociales directos, programas sociales, incrementos salariales y otras gastos''.

Crece la movilización social

En tanto, las protestas sociales van en aumento: unos 700 mil empleados públicos comenzaron un paro de dos días luego de ser excluidos de un aumento de los salarios mínimos, paralización a la que se sumaron los hospitales públicos, mientras 6 millones de escolares siguen sin clases en el noveno día de una huelga de maestros.

Las centrales sindicales protestan porque del ingreso mínimo, equivalente a 182 dólares al cambio oficial y 96 al paralelo, menos de la mitad es salario contabilizable para el pago de beneficios sociales, porque el resto está constituido por bonos. Aunque éstas no son las primeras protestas que enfrenta Caldera en dos años de gestión, ahora algunos sindicatos han propuesto paralizaciones indefinidas con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la mayor central sindical del país.

Y en otro orden, la situación penitenciaria es el peor problema en materia de derechos humanos en Venezuela, según la organización estadunidense Human Rights Watch, que destacó la violencia entre los internos y de los guardianes hacia los reclusos, el que un 80 por ciento de presos esperen aún sentencia y el hacinamiento promedio en los penales, de tres veces su capacidad.