Durante los movimientos populares de 1968 ocurridos en varias partes del mundo, incluido México, se hizo popular una frase tomada de los estudiantes parisinos: prohibido prohibir. Algo semejante se podría decir del anuncio que ayer formuló, en nombre del presidente Ernesto Zedillo, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet: ``Reformar para que ya no haya reformas''.De llevarse a la práctica, ésta podría ser la reforma constitucional más importante en la historia de nuestro país y no sólo de la época moderna, ya que las tres constituciones federales que han estado vigentes en México la de 1824, la de 1857 y la actual, que data de 1917tenían previstos mecanismos para su propia transformación o modificación, como se recuerda en un ensayo escrito por el ahora presidente de la CNDH, Jorge Madrazo, en la Constitución comentada y publicada en 1992 con patrocinio del gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La Carta Magna vigente sostiene la figura del Constituyente Permanente, que es el proceso para que se puedan realizar reformas a esa misma norma. En este terreno ha habido un innegable abuso, pues cada presidente de la República ha promovido modificaciones constitucionales para sustentar sus programas de gobierno.Ernesto Zedillo no ha sido la excepción, pues también ya impulsó reformas constitucionales y está en vías de proponer otras, entre las cuales está el establecimiento de un mecanismo que haga mucho más difícil futuros cambios.

``Queremos mantener viable nuestro proyecto nacional; ese legado de nuestros padres es la herencia de nuestros hijos'', dijo Chuayffet, quien enseguida aclaró:``Atento a la opinión de partidos y organizaciones, el presidente de la República, en aras de conservar ese proyecto nacional, ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que, dentro de la agenda de la reforma política del Estado, se estudie la posibilidad de que la Constitución enumere una serie de decisiones políticas fundamentales que no podrán cambiarse ni siquiera por el Poder Constituyente Permanente, sino a través del refrendo del pueblo''.

De inmediato se interpretó y parece correcto que la idea de esta ``reforma de reformas'' es que los cambios se decidan mediante consulta directa a todos los ciudadanos, es decir, mediante el establecimiento del sistema de referéndum que hasta ahora los gobiernos nacionales habían evitado casi con temor y que era una exigencia de opositores y personajes de criterio independiente.Pero no todo es perfecto. Habrá que tener muy en cuenta la definición de referéndum incluida en el Diccionario Enciclopédico Grijalbo: ``Mecanismo político de consulta popular. Consiste en someter al cuerpo electoral, sin mediación alguna, una cuestión a la que sólo se puede responder sí o no. Constitucionalmente, el referéndum puede ser obligatorio (para ciertas cuestiones, especialmente cambios constitucionales, o de régimen) o facultativo, vinculante o consultivo, etcétera. La iniciativa corresponde al gobierno o, en algunos casos (Suiza), a la iniciativa popular. Usado en la antigua Roma y recuperado durante la Revolución Francesa (Constitución de 1793). Ampliamente usado en regímenes dictatoriales, debido tanto a las posibilidades de manipulación (forma de plantear preguntas, eliminación de la oposición), como a la cualidad que ofrece de extrapolar datos parciales a un apoyo global, en ausencia de otras vías de formación de opinión''.

De defensores a defensores

Otra importante declaración ocurrida ayer fue el informe presentado por el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, referido especialmente al asesinato de Luis Donaldo Colosio.

El documento, para decirlo en breve, no incluye ninguna novedad en torno al avance de las investigaciones y, como ocurre con frecuencia en este tipo de declaraciones, ante la falta de informaciones trascendentes se tiene que ir por el camino de la especulación y de las interpretaciones.En este terreno, resultan en particular interesantes las respuestas del procurador a las censuras de que ha sido objeto el trabajo de su dependencia y en especial de la Subprocuraduría Especial a cargo de Pablo Chapa Bezanilla.

Sin dar nombres, el funcionario aseguró que muchas de las censuras provienen de los abogados defensores que desean justificar la liberación de sus representados. Allí no se requiere mucha agudeza para conocer la identidad de los destinatarios y a final de cuentas no resulta muy relevante porque los acusados, salvo Mario Aburto Martínez, no parecen ser piezas importantes en la conspiración para matar al candidato presidencial.

Lo que puede resultar de peso en el terreno político es la referencia de Lozano en el sentido de que ``en los ámbitos de la política y de la información, las hipótesis criminales suelen presentarse como verdades absolutas; basta con quererlo así el expositor, sobre todo si invoca para ello a ``la opinión pública''. La Procuraduría no puede descartar infundadamente hipótesis alguna; éstas le sirven como puntos de partida en las diversas líneas de su investigación. Son los hechos unívocos que se acreditan plenamente los que fortalecen una hipótesis, no el capricho, la suspicacia o el interés de persona o grupo.''... Nadie en absoluto está al margen o por encima de la procuración de justicia; por ende, ninguno en razón de su cargo presente o pasado, quedará excluido de ser sujeto de investigación o interrogatorio, en los tiempos y en las formas que determine responsablemente la Procuraduría''.

Dos son los personajes de alto nivel a los que se ha mencionado como involucrados o conocedores de algunos detalles todavía ocultos en torno al atentado contra Colosio. Ellos son el ex presidente Carlos Salinas y su ex jefe de gabinete, José Córdoba, pero por lo que se desprende de la declaración del procurador, no existen indicios o pruebas de valor judicial para llamarlos a declarar y mucho menos para consignarlos ante un juez.

Viene la respuesta

Algunos de los acusadores del ex presidente Salinas y Córdoba militan en el PRI y seguramente mañana mismo darán respuesta a las declaraciones de Lozano Gracia, al cual le piden constantemente resultados concretos de la investigación.

Efectivamente, mañana se realizará la reunión de Consejo Político Nacional del PRI, en la que se definirán los preparativos para la 17 Asamblea Nacional del tricolor. Ese acto llevará el nombre de Colosio y, además, antes de que empiecen propiamente los trabajos, los más destacados priístas harán guardias de honor ante el busto del político sonorense.

En resumen, el recuerdo de Colosio será un factor dominante en esta reunión del Consejo Político y luego durante los preparativos y la realización de la Asamblea, en la que se decidirán las características de la reforma interna de ese partido.

De acuerdo con lo que se ha sabido, antes de la Asamblea Nacional se realizarán sesiones de trabajo y de consulta de los consejos políticos estatales, en los cuales se analizarán documentos base que serán elaborados por la Comisión General de Gobierno para la Unidad Partidista, la Fundación Cambio XXI Luis Donaldo Colosio y la Comisión de Ideología. En esas reuniones estatales, los militantes podrán hacer sus propuestas, que serán incorporadas al documento final.