Hace poco más de un año, en ``tiempos de secas'' como los de ahora, desde la residencia oficial del presidente de la República, Ernesto Zedillo ``reveló'' que en lugar de estarse preparando para el diálogo, lo que se había estado haciendo era prepararse para la guerra; pero no dijo que eso es lo que había hecho el gobierno federal desde que se inició el sexenio, sino que acusó de ello al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para justificar, entre otras decisiones, la ocupación de la llamada zona de conflicto en Chiapas por parte del Ejército mexicano.

En marzo de 1996 se puede decir que algo semejante está ocurriendo o, mejor dicho, que hay indicios de que no ha dejado de ocurrir. Cualquier decisión unilateral del gobierno federal sobre el formato del diálogo es suficiente para entorpecer y retrasar el inicio de la discusión de los temas que más directa relación tienen con la salida política que se podría dar como alternativa al conflicto armado. Mientras se interponen obstáculos para comenzar el diálogo en San Cristóbal de las Casas y se inventan pretextos para restarle contenido y sentido al tema de Democracia y Justicia, en las comunidades de diversos municipios de Chiapas la presión militar se hace sentir de muchas formas.

Sobrevuelos nocturnos de aviones y helicópteros durante el día; convoys militares que circulan a diario, cruzando lenta y perturbadoramente el territorio de las comunidades indígenas, con armas y cámaras de video visibles, con los números de identificación de los vehículos cubiertos de lodo; preparativos para la instalación de más campamentos militares muy cerca de donde vive la población civil; incursiones de soldados y su instalación en pequeñas comunidades; visitas repentinas de vendedores y distribuidores de mercancías no requeridas; infiltración de ``elementos'' de la Procuraduría General de la República disfrazados de curas, monjas, periodistas o de benefactores extranjeros. Estos y otros muchos ``incidentes'' o ``movimientos normales'' de las fuerzas federales dan cuenta de la situación en la que se vive en aquellas regiones y que distan mucho de ser pruebas de la necesaria distensión que debería acompañar el diálogo para hacer creíbles las palabras y propuestas de conciliación y paz del gobierno federal.

En este contexto, el anuncio del secretario de la Defensa de Estados Unidos, William Perry, respecto de las maniobras conjuntas en mar y tierra en los próximos 12 meses ( La Jornada, 17/03/96), y las sucesivas declaraciones de funcionarios mexicanos tratando de negar primero, y precisando después, los términos de la colaboración militar entre Estados Unidos y México, no puede subestimarse. La información anticipada por el jefe del Pentágono el 16 de marzo pasado está precedida de visitas recíprocas de los encargados de la defensa de ambos países desde octubre de 1995, pero también ese anuncio fue precedido de noticias sobre la creciente importancia del narcotráfico en el territorio mexicano.

Como desgraciadamente suele ocurrir en estos casos, a una declaración procedente del exterior sobre asuntos que deberían ser exclusivamente internos de México le sigue la confirmación del gobierno mexicano después de haber intentado desmentirla. Al día siguiente que anunció la cooperación para maniobras militares y navales conjuntas entre estadunidenses y mexicanos, el secretario de la Defensa de Estados Unidos informó que se tenía programada ``una reunión en Washington con el secretario de la Defensa de México, Enrique Cervantes Aguirre, la primera semana de abril'' (18/03/96), información que no se había dado en México y que fue confirmada dos días después, en una entrevista de pasillo, por el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien además precisó que el viaje del titular de la Sedena será ``para dialogar con representantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos sobre los avances de la cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico'' (20/03/96).

El objetivo público del próximo viaje del secretario de la Defensa de México a Estados Unidos recuerda que no hace mucho tiempo se difundieron datos de informes de circulación restringida de la Procuraduría General de la República según los cuales ``Chiapas es la puerta de entrada a México de cocaína procedente de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia'' ( El Financiero, 04/02/96). Hay razones para pensar que se ha estado preparando el terreno informativo para justificar, como en otros países de América Latina, la participación del ejército estadunidense so pretexto de ayudar al ejército nacional del país en cuestión a combatir el narcotráfico... y otros problemas.

Sin la traición del 9 de febrero de 1995, sin la mentira como norma informativa de gobierno que se contradice diariamente en los hechos y, sobre todo, sin la constante cesión de la soberanía nacional en áreas estratégicas para el pueblo de México, los hechos y declaraciones anteriores no llevarían a interpretar que el gobierno mexicano, lejos de buscar una salida política mediante el diálogo en Chiapas, no ha renunciado a la ``solución'' militar para acabar con los problemas que el país padece, y que en esta ``solución'' vaya a ser auxiliado, como se ha hecho en otros aspectos de la conducción nacional, por el gobierno de Estados Unidos.