La Jornada 22 de marzo de 1996

DEL SUFRAGIO AL REFERENDUM POPULAR

El secretario de Gobernación ha retomado una propuesta de las oposiciones para crear la figura del referéndum, pero la ha extendido: ofrece que una parte de la Constitución no pueda ser modificada por las vías actuales sino sólo a través de la consulta ciudadana.

Este sistema existe en varios países democráticos, entre ellos España, donde las garantías individuales y sociales, así como la forma de gobierno, no pueden ser modificados sino mediante reforma aprobada por dos legislaturas sucesivas y, finalmente, votación popular.

Pero es necesario advertir que mientras en España la Constitución fue producto de un gran cambio político, en México el gobierno busca --así lo ha dicho el secretario de Gobernación-- una ``democracia más perfecta'', es decir, no un cambio de régimen.

Los propósitos expresados por Emilio Chuayffet en cuanto a la democracia política y las libertades no pueden ser objetados. Los problemas surgen cuando se hace la pregunta de cómo lograr la existencia verdadera de ramas del poder público diferenciadas e independientes entre sí y cuando se inquiere sobre el respeto al funcionamiento legal de la totalidad de las instituciones públicas del país.

Dentro de las propuestas para conquistar un acuerdo político suficiente, funcional y duradero destaca la de elaborar una nueva Constitución. No parecen existir de momento indicios de que sea posible un congreso constituyente, pero habría que examinar su necesidad como medio para alcanzar un Estado democrático de derecho, un sistema político y unas garantías individuales y sociales que no pudieran ser modificadas al capricho de los gobernantes en turno, como ha sucedido hasta ahora.

A propósito de la idea del referéndum habría que preguntarse si con tal mecanismo de reforma constitucional hubiera sido posible cambiar tan sustantivamente el artículo 27 de la Carta Magna o podría ahora proseguirse con el programa de privatizaciones.

La idea del referéndum es excelente, pero no puede ubicarse como un elemento aislado, ya sea como lo propone el secretario de Gobernación --sistema para reformar partes de la Carta Magna-- o para que sean votadas por el pueblo las leyes del Congreso objetadas por una minoría suficiente, como ocurre con frecuencia en varios países. Es necesario hablar de toda una plataforma de cambios. El referéndum requiere un sistema incuestionado de respeto al voto y una fiscalización tal sobre los recursos públicos que haga imposible el uso faccioso de éstos en los procesos comiciales.

La consulta popular requiere también libertad de los medios masivos de comunicación social y acceso a éstos por parte de los partidos y otros organismos, así como de las instituciones públicas. La política tiene que tomar la calle y las casas de la gente que voluntariamente abra sus puertas a la información y las ideas sobre los asuntos públicos. Sin embargo, esto no se ha empezado a debatir en las mesas de diálogo entre los partidos ni en el Congreso de la Unión.

La lentitud del diálogo político es responsabilidad de gobierno y partidos, pero mucho ayudaría que el Poder Ejecutivo presentara una propuesta integral de cambios, la cual promovería un amplio debate nacional cuyo resultado podría ser una gran reforma institucional del país.

La Jornada 22 de marzo de 1996

FINIQUITO POR DECRETO

Unos cuantos días después de haberse declarado de manera oficial el finiquito de los repartos agrarios en el estado de Chiapas, el gobierno de esa entidad ha lanzado una campaña de desalojos de predios rústicos, la cual por desgracia arroja un penoso saldo de muertos y heridos entre campesinos y agentes de policía, así como decenas de encarcelados.

El pacto firmado entre las autoridades chiapanecas y varias organizaciones agrarias no será suficiente para detener a muchos indígenas y mestizos que reclaman la tierra. Esto se debe a que una parte de la población rural sigue necesitando parcelas de cultivo ante la inexistencia de otros medios de vida.

Los líderes de las organizaciones agrarias que firmaron el pacto, en el cual se comprometen a no realizar nuevas invasiones de tierras, seguramente lo hicieron ante los ofrecimientos gubernamentales de entregar predios a muchos campesinos, pero eso no significa que por la vía del decreto o de la simple proclama pueda disolverse el sueño de otros muchos trabajadores del campo que buscan afanosamente terrenos para laborar por cuenta propia.

Usar la fuerza pública contra los ocupantes de tierras no es hoy, como nunca antes lo fue, un verdadero remedio. Con esa conducta lo que se cosecha es más violencia y pérdida de vidas humanas. En Pichucalco y Nicolás Ruiz, donde se han producido los más recientes desalojos y enfrentamientos violentos, como en el resto de Chiapas y de México, no se resolverá ningún problema social con la violencia. Lo que tales acontecimientos pueden generar es un estado de confrontación social y política.

En la mesa de negociaciones de San Andrés los delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han protestado airadamente y se han interrumpido las conversaciones. La ley para la reconciliación y la paz en Chiapas, así como los originales acuerdos de San Miguel, prevén que ningún suceso puede romper las negociaciones y que éstas son permanentes hasta su conclusión, pero el diálogo no está exento de vicisitudes y obstáculos que solamente retrasarían el objetivo de una paz convenida.

El gobierno de Chiapas no debería jugar con fuego sólo porque ha firmado un finiquito con varias organizaciones agrarias y el presidente de la República lo ha anunciado, tal como ocurrió en días pasados, pues la realidad social no es un invento de nadie ni puede alterarse sólo por la vía del decreto.

Que no sigan siendo la sangre y la cárcel funestas consecuencias de la pobreza, el atraso y la desesperación de los campesinos de Chiapas.