Unos cuantos días después de haberse declarado de manera oficial el finiquito de los repartos agrarios en el estado de Chiapas, el gobierno de esa entidad ha lanzado una campaña de desalojos de predios rústicos, la cual por desgracia arroja un penoso saldo de muertos y heridos entre campesinos y agentes de policía, así como decenas de encarcelados.

El pacto firmado entre las autoridades chiapanecas y varias organizaciones agrarias no será suficiente para detener a muchos indígenas y mestizos que reclaman la tierra. Esto se debe a que una parte de la población rural sigue necesitando parcelas de cultivo ante la inexistencia de otros medios de vida.

Los líderes de las organizaciones agrarias que firmaron el pacto, en el cual se comprometen a no realizar nuevas invasiones de tierras, seguramente lo hicieron ante los ofrecimientos gubernamentales de entregar predios a muchos campesinos, pero eso no significa que por la vía del decreto o de la simple proclama pueda disolverse el sueño de otros muchos trabajadores del campo que buscan afanosamente terrenos para laborar por cuenta propia.

Usar la fuerza pública contra los ocupantes de tierras no es hoy, como nunca antes lo fue, un verdadero remedio. Con esa conducta lo que se cosecha es más violencia y pérdida de vidas humanas. En Pichucalco y Nicolás Ruiz, donde se han producido los más recientes desalojos y enfrentamientos violentos, como en el resto de Chiapas y de México, no se resolverá ningún problema social con la violencia. Lo que tales acontecimientos pueden generar es un estado de confrontación social y política.

En la mesa de negociaciones de San Andrés los delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han protestado airadamente y se han interrumpido las conversaciones. La ley para la reconciliación y la paz en Chiapas, así como los originales acuerdos de San Miguel, prevén que ningún suceso puede romper las negociaciones y que éstas son permanentes hasta su conclusión, pero el diálogo no está exento de vicisitudes y obstáculos que solamente retrasarían el objetivo de una paz convenida.

El gobierno de Chiapas no debería jugar con fuego sólo porque ha firmado un finiquito con varias organizaciones agrarias y el presidente de la República lo ha anunciado, tal como ocurrió en días pasados, pues la realidad social no es un invento de nadie ni puede alterarse sólo por la vía del decreto.

Que no sigan siendo la sangre y la cárcel funestas consecuencias de la pobreza, el atraso y la desesperación de los campesinos de Chiapas.