Aprueban representantes proyecto antimigratorio

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 21 de marzo La Cámara de Representantes aprobó esta noche por abrumadora mayoría un amplio proyecto legislativo que contiene las medidas más severas para controlar la inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos. Entre otras cosas permitiría a los gobiernos estatales negar educación básica a los hijos de indocumentados; previamente los representantes suprimieron una medida que hubiera reducido en forma sensible el nivel de la inmigración legal en el país.

El vocero de la Casa Blanca, Mike McCurry, dijo que la disposición que permite negarle educación pública a los hijos de indocumentados era una ``idea algo loca'', e indicó que la propuesta legislativa general sería vetada por el presidente Bill Clinton si el proyecto final contenía esta medida. Estimó que la iniciativa podría enmendarse lo suficiente para lograr el apoyo de Clinton, porque en gran parte coincide con las propuestas del mandatario.

Sin embargo, una versión final de esta legislación es lejana aún, porque la aprobada hoy en la Cámara habrá de ser empatada con la versión del Senado, y se deberán limar las diferencias entre ambas iniciativas para llegar a un proyecto final que será enviado al presidente para convertise en ley, o en su defecto, enfrentar su veto.

Clinton y quienes temían un ataque contra la inmigración en general ganaron en cierta forma hoy, al limitarse el proyecto mediante la supresión de medidas que hubieran reducido en 30 por ciento la entrada de inmigrantes legales a Estados Unidos.

Igualmente, fueron suprimidas iniciativas que hubieran requerido una demostración de habilidad en el uso del idioma inglés como condición para lograr el estatus de residente permanente. La Cámara también rechazó un intento de los intereses agroindustriales para permitir la admisión de hasta 250 mil ``trabajadores huéspedes'' a Estados Unidos durante diez meses al año.

El proyecto, aprobado esta noche por 333 votos contra 87, incluye algunas de las medidas más drásticas para controlar la inmigración ilegal en la historia de este país. Si fuese aprobada como está, esta legislación elevaría el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en cinco mil en los próximos cinco años y promovería la erección de nuevas bardas en la frontera con México, incrementaría la guerra contra traficantes de indocumentados y falsificadores de documentos, elevaría las penas a los extranjeros ingresados legalmente y que hayan permanecido por más tiempo que el permitido por sus visas y establecería números telefónicos gratuitos para que los empleadores puedan comprobar la autenticidad de los documentos que presenten los aspirantes a empleo.

El amplio margen de aprobación manifiesta la intensidad de las rondas previas de negociaciones privadas, que como resultado obtuvieron la eliminación de iniciativas para reducir la inmigración legal. Una amplia suma de fuerzas, que incluyó desde la conservadora Coalición Cristiana hasta el liberal Foro Nacional sobre Inmigración, la central sindical AFLCIO y la Casa Blanca, así como a algunos legisladores liberales, logró separar la inmigración legal del proyecto y eliminar así las restricciones que se buscaban imponer al nivel de ingresantes legales al país.

"Ocho de diez estadunidenses encuestados dicen: 'traten el problema de la inmigración ilegal antes de tocar la inmigración legal", sostuvo hoy el demócrata liberal Howard Berman ante el pleno de la Cámara. "Es fundamentalmente erróneo llevar la ira justificable por nuestro fracaso para manejar el tema de la inmigración ilegal a buscar un recorte de la inmigración legal".

Aunque el principal promotor de este proyecto en la Cámara, el representante republicano Lamar Smith, argumentó en forma apasionada contra la supresión de las restricciones a la inmigración legal, muchos de sus colegas de partido no estaban de acuerdo con las mismas. El Senado ya separó en dos el proyecto legislativo paralelo al de la Cámara, uno para la inmigración ilegal y otro para la inmigración legal. Este jueves, el Comité Judicial del Senado aprobó, por 13 votos contra cuatro, su propia versión de la legislación contra la inmigración ilegal.

En todo caso, Smith estaba conforme: "Esta ley aumentará la seguridad en nuestras fronteras, reducirá el crimen, protegerá empleos, alentará a los inmigrantes legales a ser miembros productivos de nuestras comunidades y aliviará la carga sobre nuestros principales contribuyentes", afirmó.

Sin embargo, no todos estaban contentos con la iniciativa aprobada hoy en la Cámara. "Consideramos esto como una estrategia que representa una concesión de los intereses de los inmigrantes en general a cambio de una demora en la implementación de una legislación que afectará a la inmigración legal", declaró a La Jornada Cathi Tactaquin, de la Red Nacional de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Acusó a quienes apoyaron estas concesiones de abandonar su oposición a medidas que promueven el uso de los indocumentados como chivos expiatorios para poder proteger a los inmigrantes legales.

La versión final de la Cámara también fue criticada desde el otro lado del debate sobre migración. John Clark, representante en Washington de la Coalición por la Reforma de la Inmigración, agrupación defensora de la polémica propuesta 187 de California, fustigó la decisión de suprimir las medidas contra la inmigración legal, y estimó que se debería ordenar la implantación de un sistema nacional de verificación por teléfono para rastrear a todo inmigrante.

Sin embargo, Clark afirmó en entrevista con La Jornada que su grupo luchará por que se mantenga intacta la medida que permite a los 50 estados de la Unión negar acceso a la educación pública a los hijos menores de indocumentados. "Todo lo que les tengo que decir es: supongan que enviáramos 600 mil americanos pobres y sin techo a México. ¿El gobierno mexicano les ofrecería educación gratuita?", preguntó Clark.

La mayoría de los especialistas en el tema creen que algún tipo de legislación sobre inmigración habrá de ser aprobada y convertida en ley durante este año, pero señalan que habrá más intentos de modificar las versiones actuales. Al mismo tiempo, algunas de las previsiones incluidas en estas versiones están siendo ejecutadas ya por la administración Clinton, como el incremento de efectivos de la Patrulla Fronteriza, la construcción de nuevas barreras en la frontera y la aplicación de nuevas tecnologías para ``mejorar'' el ``control'' de la línea fronteriza con México.

Atemorizado por los potenciales ataques de sus contrincantes políticos en este año electoral, el gobierno demócrata de Clinton ha llevado a cabo una serie de acciones y declaraciones de alto perfil diseñadas para demostrar su esfuerzo ``sin precedente'' para controlar la inmigración ilegal.

Hoy, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), informó que impuso una multa de 1.5 millones de dólares a una empresa del estado de Nueva York por su repetida práctica de contratar indocumentados. Esta multa sin precedente fue impuesta contra la empresa de servicios de mantenimiento Colin Cares. "El SIN está trabajando duro para asegurarse de que los empleos estadunidenses sean ocupados por trabajadores autorizados", declaró hoy la comisionada del SIN, Doris Meissner. "Tenemos que respaldar el control efectivo de la frontera al negarles (a los indocumentados) las oportunidades de empleo, que son un imán para los ilegales".