Rechazan pobladores la versión de emboscadas a policías en Nicolás Ruiz

Juan Balboa, corresponsal, Nicolás Ruiz, Chis., 22 de marzo Primero un círculo formado por una cortina de humo de gases lacrimógenos lanzados por miembros de la Policía de Seguridad Pública del Estado desde distintas partes del predio, atrapó a los campesinos que vigilaban las seiscientas hectáreas de la finca El Gran Poder.

Diez minutos antes de las 12 del día, grandes llamas devoraban el pasto seco. El fuego rodeaba a los labriegos que trabajaban las tierras recuperadas hace un año. Después un ruido ensordecedor provocado por ráfagas de metralletas rompió el silencio del valle de de este municipio habitado por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Todos los testimonios hijos, hermanos, amigos de los tres campesinos asesinados coinciden en señalar que el enfrentamiento entre la policía y los campesinos se registró en el predio El Gran Poder y rechazaron las versiones oficiales que se refieren a una posible emboscada al convoy de la policía.

``El gobierno es muy mentiroso'', asegura a este diario el hijo de Alfonso Moreno Alvarez, uno de los tres campesinos muertos en la trifulca. ``El gobierno sigue pensando que todos los campesinos son tontos, que no se saben defender, pues aquí se equivocaron'', asegura uno de los hermanos de José Alfonso Lara Santis, otro de los asesinados. ``El único camino es hacernos justicia con nuestra propia mano'', agrega con lágrimas en los ojos José López, uno de los amigos de Gilibaldo Ramírez Reinoso, el último de las tres víctimas.

Un partido político, dos organizaciones campesinas y una coordinadora de organismos no gubernamentales culparon a la Policía de Seguridad Pública del Estado de haber provocado el enfrentamiento en los momentos que intentaban desalojar violentamente a los labriegos, y señalaron al gobernador Julio César Ruiz Ferro y al secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda, como los responsables del enfrentamiento y de la muerte de las cinco personas.

Mientras tanto, el gobierno estatal mantuvo hoy un total hermetismo. Trascendió en la capital chiapaneca que el secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda, había sido mandado a llamar de urgencia por la Secretaría de Gobernación. Hasta la noche del viernes, el gobierno del estado no había confirmado el viaje del segundo hombre en el gobierno chiapaneco a la ciudad de México.

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron hoy que el policía Olinto Santis López murió en el enfrentamiento en el municipio de Nicolás Ruiz e informó que el número de heridos entre los miembros de la Policía de Seguridad Pública ascendió a 21. Con la muerte de Olinto Santiz López, el gobierno del estado sólo reconoce en total cuatro muertos. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del segundo policía que murió.

Sepultan los cuerpos de los tres campesinos

Sin autopsia y sin que el agente del Ministerio Público haya hecho las diligencias correspondientes, los cuerpos de Alfonso Moreno Alvarez (39 años), José Alfonso Lara Santis (40 años) y Gilibaldo Ramírez Reina (38 años), fueron sepultados este viernes en el panteón de Nicolás Ruiz. La ceremonia tuvo como escenario la inconformidad y el repudio de la población en contra de las autoridades estatales.

Demandando castigo a los funcionarios que autorizaron el desalojo violento y con gritos de ``Asesinos!'', ``Cobardes!'' y ``Mentirosos!'', cientos de personas participaron en el sepelio de los comuneros muertos por la Policía de Seguridad Pública el pasado jueves.

Pocas horas antes de que el cortejo fúnebre se dirigiera hacia el panteón, un grupo de comuneros regresaron al predio El Gran Poder depués que la policía lo abandonó hoy por la mañana. Las tierras ubicadas a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Nicolás Ruiz, todavía ardían al mediodía del viernes y los campesinos localizaron varios casquillos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) señaló hoy por la noche que de acuerdo a la investigación que realizó en el municipio, varios integrantes del Ejército Mexicano apoyaron a la Policía de Seguridad Pública e hicieron disparos para amedrentar a los campesinos.

Conpaz responsabiliza al gobernador del estado Julio César Ruiz Ferro de los enfrentamientos, ``por autorizar el uso de la fuerza en todos los conflictos relacionados con la tierra y por usar como excusa el hacer prevalecer el Estado de derecho''. Acusa también a la Procuraduría General de Justicia del Estado ``por su irresponsabilidad al pretender resolver con violencia los problemas agrarios''.

La Unal pide nombren un fiscal especial

La Unidad Nacional Lombardista (Unal) exigió hoy el esclarecimiento del desalojo y el enfrentamiento en el municipio de Nicolás Ruiz y pidió se nombre un fiscal especial para que se avoque a investigar los sucesos en el predio El Gran Poder.

Alfredo del Villar Montes, dirigente de la Unal en el estado, señaló que los campesinos desalojados pertenecen a su organización y dijo que el gobierno estatal ejecutó el desalojo sin importarle el proceso de diálogo que sostenían con anterioridad.

Negó que los policías hayan sido emboscados por los campesinos, pues ``todo se desarrolló en el predio''. Confirmó que hasta el momento existen 115 campesinos presos en Tuxtla Gutiérrez, cerca de 30 heridos entre policías (21) y campesinos y ocho labriegos más se encuentran desaparecidos.

Dirigentes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (Aedpch) anunciaron que las organizaciones campesinas independientes adheridas a ésta suspenderán las negociaciones con el gobierno de Ruiz Ferro hasta en tanto no se llegue a una solución definitiva y positiva en la regularización de la tierra.

Gustavo Zárate, dirigente de la Aedpch, dijo que en Chiapas el clima de paz ``sigue siendo inexistente'' y puntualizó que el problema agrario no se ha resuelto, además que existe un clima de inestabilidad y no hay visos de distensión.

Caralampio Hernández, otro de los dirigentes de la Aedpch, consideró importante para el movimiento agrario que todas las negociaciones con el gobierno del estado se suspendan y se mostró pesimista en cuanto a los logros obtenidos en el diálogo que mantienen en San Andrés Larráinzar el gobierno federal y el EZLN.

``Hacemos un llamado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para que juntos respondamos al gobierno y busquemos soluciones justas. Considero que las mesas en San Andrés Larráinzar no están realmente resolviendo el problema de Chiapas y de México'', subrayó Hernández.

La Aedpch demandó al gobierno federal y estatal el cese total de los desalojos de los predios ocupados por campesinos, la libertad inmediata de todos los detenidos en los desalojos y una solución favorable para los grupos campesinos que han ocupado tierras para trabajar.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció hoy que demandará ante el Congreso de la Unión y otras instancias nacionales el cese de ``la política de represión'' del gobierno interino de Julio César Ruiz Ferro, porque obstaculiza el proceso de pacificación.

El secretario general del PRD, Mario Saucedo, señaló que con los desalojos violentos ``parece que el gobierno estatal quisiera abortar, con sus acciones, el proceso de paz'', y está haciendo méritos para que se demande su sustitución.

Al referirse al ex perredista y actual secretario general de Gobierno, el dirigente del PRD dijo que Zepeda es el responsable de los desalojos y añadió que este funcionario, como responsable de los cuerpos de seguridad, ``se ha convertido en un elemento nocivo para la paz, para la tranquilidad, para el proceso de pacificación''.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas informó que durante los meses de 1996, ha emitido 35 recomendaciones a diversas instituciones estatales y municipales, de las cuales 30 (más de 80 por ciento) fueron entregadas al procurador general de Justicia del Estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar.