Las palabras del presidente Zedillo sobre la ``invariable política nacionalista'' del gobierno, como tesis central de su discurso pronunciado en la ceremonia conmemorativa de la expropiación petrolera, en momentos en que se dan los pasos finales para vender las plantas petroquímicas a empresas privadas extranjeras, confirma su falta de compromiso y de respeto a la sociedad mexicana, a la que ha ofrecido igualmente bienestar, recuperación, seguridad, justicia y transparencia, sin la menor intención de darles cumplimiento o validez.

Por ello México enfrenta hoy tiempos decisivos, que habrán de marcar y definir la vida de las próximas generaciones; de los mexicanos del siglo XXI. Lo que hoy sucede no es ya más sólo una crisis de desempleo, de miseria, de inseguridad, en resumen de sobrevivencia de las familias mexicanas ignoradas o minimizadas irresponsablemente por quienes nos gobiernan.

Tampoco se trata sólo de la peor crisis del sistema político en los últimos 70 años, de la cual podamos salir de algún modo con el pasar del tiempo y la autoeliminación de la ineptitud y la corrupción imperante en los círculos del poder.

No, los problemas están llegando para quedarse y por largo tiempo (aunque nos ofrezcan lo contrario), siguiendo las tendencias de endeudamiento, pérdida de soberanía, destrucción de la planta productiva y acumulación inmoral de la riqueza entre unos pocos, que han sido la constante de los últimos 15 años.

En este esquema, la venta de las plantas en las que se realiza la llamada ``petroquímica secundaria'' a capitales extranjeros, es el siguiente paso natural del mismo proceso destructivo del que hemos sido víctimas; con el se pretende iniciar el desmantelamiento de la industria petrolera, la cual ha constituido, no obstante sus problemas, ineficiencias y fallas, la columna vertebral del desarrollo nacional a lo largo del siglo XX. Permitir que esto suceda es equivalente a cancelar todas las posibilidades de desarrollo futuro.

Desafortunadamente, en esta lucha por la defensa del patrimonio el pueblo de México, sólo una parte de la sociedad mexicana parece estar consciente del drama que enfrentamos, mientras el resto permanece sumido en ua mezcla de confusión, conformismo, irresponsabilidad, o complicidad con el gobierno, como es el caso de muchos congresistas y funcionarios intermedios del mismo gobierno, cuya posición en favor de la venta sólo se sustenta en el medio de perder sus puestos y posiciones políticas.

Antes esta grave situación, resulta entendible y loable la campaña puesta en marcha por Cuauhtémoc Cárdenas a iniciativa de López Obrador, para constituir una empresa financiera que permita comprar todas o al menos algunas de las plantas. La idea resulta desesperada, no sólo por la dimensión de los recursos financieros que se pretende obtener en las actuales condiciones de falta de circulante (a nivel nacional) y de pobreza a la que estamos sometidos, sino por la naturaleza de los intereses económicos con los que se habrá de enfrentar y competir, los cuales, sobra decir, estarán aliados con el círculo del poder.

La idea de esta empresa financiera resulta atractiva por sí misma y podría servir para financiar no sólo este proyecto, sino otras muchas empresas productivas que respondan a las necesidades de la población en cuando a la creación de empleos y a la producción de bienes y servicios de que hoy no disponemos; por ello recibimos la idea con entusiasmo. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la Constitución sea respetada y de que el petróleo, con todas las actividades industriales, extractivas y de exploración, así como la infraestructura que las posibilita continúen siendo patrimonio exclusivo e inalienable de la nación, en tanto el pueblo de México en forma explícita y directa no decida lo contrario.

En este sentido, el Presidente no tiene ningún derecho legal ni ético de decidir sobre el presente ni el futuro de la nación, como tampoco lo tiene el Congreso, que si bien en la forma debería representar al pueblo, en la realidad está constituido por individuos que en su mayoría se representan a sí mismos, o representan al presidente como forma de asegurar su propia permanencia y privilegios.

Por ello en estos tiempos en los que se pretende definir el futuro, la decisión debe ser de todos, a través de un referéndum nacional inobjetable, equitativo, definitivo, cuyo resultado constituya el mandato de la nación.

Cualquier otra salida terminaremos lamentándola todos, los mexicanos de hoy y los de mañana.