Uno de los temas que concentra actualmente la discusión económica y política tanto en México como en muchos países del mundo es la reforma a los regímenes tradicionales de pensiones. El argumento central para proponerla reside en la inviabilidad de financiar el sistema anterior en virtud de los importantes cambios demográficos que han tenido lugar durante las últimas décadas, los que se prolongarán hacia el futuro.

En virtud del alargamiento de la esperanza de vida, se ha prolongado drásticamente el número de años que la persona vive después de haberse pensionado, lo que repercutirá en la necesidad de tener fondos suficientes para financiar las pensiones de un número creciente de personas que vivirán más años. A esto se agrega el descenso en las tasas de natalidad, que significarán también una caída en el ritmo de crecimiento de la población activa. En suma, como resultado de estos dos cambios irá subiendo la proporción entre la población pensionada y la activa, lo que, inevitablemente, conduce a la necesidad de replantear el funcionamiento del sistema de pensiones que conocemos hasta ahora.

En razón de ello, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras agrupaciones, organizó el seminario ``Seguridad social en el siglo XXI'', en el cual se expuso el funcionamiento de los regímenes de seguridad social de varios países del mundo, tanto desarrollados como de nivel medio de desarrollo.

Para muchos gobiernos, el modelo de reforma que debe seguirse es el que la dictadura militar chilena estableció a partir de mayo de 1981. Por esta razón, es importante conocer más en profundidad en qué consiste este sistema. En el seminario mencionado, Jaime Ruiz Tagle, director ejecutivo del Programa de Economía del Trabajo que funciona en Chile, presentó la ponencia ``El nuevo sistema de pensiones en Chile. Una evaluación provisoria (1981-1985)'', cuyos aspectos fundamentales serán destacados enseguida.

1. Una de las críticas fundamentales a los sistemas tradicionales es la ineficiencia en su gestión. Las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile, que manejan las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, han mostrado tener un costo de administración significativamente más elevado que el régimen anterior (según estimaciones, éste es 40 por ciento superior por persona afiliada). Esto, en parte fundamental, se deriva del peso de los gastos de comercialización de las administradoras, ya que ellas compiten entre sí por la captación de los fondos aportados por los trabajadores.

2. Una de las ventajas que se destaca del actual régimen chileno de pensiones es la rentabilidad de los fondos. Efectivamente, entre 1981 y 1995 ella ascendió al 12 por ciento anual en términos reales. Sin embargo, en el trabajo que comentamos se plantean serias dudas sobre la factibilidad de mantener en los años que siguen tales niveles de rentabilidad. Según algunas estimaciones, en el futuro ella descendería a entre 5 y 6 por ciento. Quizá un anticipo de esto lo constituye el hecho de que el año pasado, por primera vez desde su introducción, la rentabilidad de los fondos fue negativa en 2.5 por ciento.

3. Dado que sobre la magnitud de las pensiones que reciban los que cotizan en el sistema influye, de manera importante, la tasa de rentabilidad del Fondo en que haya invertido el trabajador, el monto de la pensión no está garantizado, con la excepción de la pensión mínima que tiene garantía estatal. En suma, si la rentabilidad de los valores en que invierten las Administradoras es elevada, la pensión también lo será, pero si ella cae, el trabajador puede perder los fondos acumulados durante su vida activa.

4. Los fondos de pensiones en Chile son financiados únicamente por los trabajadores, sin aportes de los empresarios ni del gobierno, lo que es contradictorio con las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, que postula el financiamiento tripartito de la seguridad social.

5. Las administradoras de fondos de pensiones de Chile son, en proporción mayoritaria, controladas por grandes grupos empresariales. En la actualidad, el 60 por ciento de los fondos provisionales son controlados por tres administradoras en las que el control mayoritario de las acciones pertenece a tres consorcios financieros de Estados Unidos.

6. Por último, da qué pensar sobre las presuntas ventajas del sistema chileno el hecho de que el único sector que quedó excluido del nuevo régimen fue el de las Fuerzas Armadas y de carabineros, los que se mantuvieron dentro del antiguo sistema. En otros términos, la dictadura militar introdujo la reforma para todos los chilenos, excepto para los que constituyeron la base del régimen militar.