En su informe, Antonio Lozano Gracia no despeja las dudas sobre la capacidad de los agentes del Ministerio Público que tienen directamente bajo su dirección la indagatoria del crimen. Un homicidio maquinado de un destacadísimo político y candidato a presidente del partido gobernante, tiene que llevar por los caminos de la clase política mexicana, aunque se tengan que dar los rodeos necesarios para no presumir responsabilidades en falso.

Este parece ser el principal problema, pues ya se puede observar que no es suficiente con abrir un juicio contra el presunto segundo tirador, cuando al parecer no se avanza en el descubrimiento de las ligas entre el homicida ya sentenciado, Mario Aburto Martínez, y otras personas, entre ellas el mismo Othón Cortés.

No es, claro está, nada sencillo llevar a cabo una averiguación sobre un crimen que posiblemente tuvo motivaciones políticas, pero admitir esta hipótesis tiene que llevar al investigador justamente al terreno donde él mismo supone que pudiera encontrarse el nudo del problema.

Lo anterior no quiere decir que deba ahora promoverse una especie de linchamiento moral contra los investigadores y contra el responsable de la Procuraduría General de la República, pues no se advierten elementos de prueba que pudieran llevar a suponer que la indagatoria se está impidiendo desde dentro. Se requiere, sin embargo, mantener la exigencia en el sentido de que la averiguación se agilice y el Ministerio Público sea consecuente con sus propias hipótesis, especialmente con aquella que se basa en el complot.

Las voces que están exigiendo la renuncia o remoción del Procurador General de la República, procedentes de los medios políticos, parecieran estar motivadas por cuestiones de orden partidista, al igual que esas otras que hacen la defensa a ultranza de Lozano Gracia, provenientes de la organización en la cual éste milita.

No se discute el derecho de los políticos a exigir cambios de personas en los puestos públicos o a defender la estadía de un funcionario, sino la contaminación de una investigación criminal con la natural lucha de partidos.

Dos años después del homicidio de Lomas Taurinas, el panorama sigue demasiado oscuro, las conjeturas han llenado demasiados espacios en la opinión pública, la eficiencia del aparato de justicia sigue en entredicho, la preocupación de la gente va en aumento e, incluso, puede hablarse de irritación ante tantos datos confusos y contradictorios. Todo esto daña la salud de la república y crea un ambiente de insatisfacción y sospecha.

Si, como se presume, el crimen fue de carácter político, tanta mayor necesidad de esclarecerlo hasta el fondo. Si, como se ha dicho, existió un complot, tanta mayor urgencia de ponerlo al descubierto. Si, como se ha afirmado, los motivos del homicidio pueden estar vinculados a las expectativas de Colosio Murrieta de convertirse en presidente de México, tanta mayor exigencia para ir a buscar los elementos criminales ahí donde aquella candidatura pudo ser vista como obstáculo insalvable para los intereses de los asesinos.