Exige el alcalde de Nicolás Ruiz liberar a los 124 detenidos e indemnizar a las viudas

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de marzo Las autoridades municipales perredistas de Nicolás Ruiz exigieron al gobernador Julio César Ruiz Ferro la liberación de más de 124 campesinos detenidos durante el desalojo violento del pasado jueves, y pidieron que las tres viudas de los campesinos asesinados por la Policía de Seguridad Pública del Estado (PSPE) sean indemnizadas.

Diversas organizaciones políticas y campesinas condenaron los desalojos violentos realizados en los municipios de Pichucalco, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza y demandaron la integración de una comisión plural del Congreso federal y estatal para esclarecer los enfrentamientos del 20 (Pichucalco) y 22 de marzo (Nicolás Ruiz), en los cuales murieron cinco campesinos y tres policías.

Después de asegurar que las autoridades gubernamentales no les notificaron del desalojo del predio Gran Poder, el presidente municipal de Nicolás Ruiz, Manuel de Jesús Ramírez López, ratificó que la policía fue ``la agresora y no la agredida'' y que las muertes se pudieron haber evitado con el diálogo y la negociación.Confirmó a los periodistas que el día de la agresión se encontraba en Tuxtla Gutiérrez realizando gestiones en depedencias del gobierno estatal. ``Conocí la noticia en Tuxtla y de inmediato la comunique al gobernador para detener las acciones de la policía que estaban provocando ya un enfrentamiento'', explicó. Dijo desconocer cuál fue la reacción del gobernador Julio César Ruiz Ferro.

``Cómo es posible que se hable de paz y reconciliación si se sigue masacrando a los campesinos; es un golpe doloroso que ratifica la falta de voluntad de las autoridades'', puntualizó el alcalde del Partido de la Revolución Democrática, quien dirige el único ayuntamiento popular en donde ninguno de sus moradores aceptó en las elecciones del año pasado, la candidatura del partido oficial a la presidencia municipal.

Nicolás Ruiz tiene una extensión de 136.6 kilómetros cuadrados y la mitad de su población no cuenta con agua potable y drenaje.

Para Manuel López, zapatista, perredista y labrador, no hay duda: ``Nicolás Ruiz es el primer territorio libre de priístas''.

El presidente municipal Manuel de Jesús Ramírez López exigió al gobernador Ruiz Ferro la libertad de los 124 personas detenidas y encarcelados en Tuxtla Gutiérrez por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Señaló que hasta el momento ocho campesinos están desaparecidos, y aventuró que posiblemente sus cuerpos fueron calcinados o se encuentren presos en algún lugar.

Ramírez López insistió en que es importante que el gobierno del estado indemnice a las viudas de Alfonso Moreno Alvarez, de 39 años; José Alfonso Lara Santis, de 40 años, y Gilibaldo Ramírez Reina, de 38 años, quienes fueron sepultados el viernes sin autopsia y sin que el agente del Ministerio Público haya hecho las diligencias correspondientes.

Dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Popular Socialistas (PPS), así como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Unión Campesina Popular Francisco Villa repudiaron los desalojos violentos.

Los dos partidos políticos se manifestaron a favor de integrar una comisión plural de las cámaras de Diputados local y federal para que se esclarezca con absoluta autonomía los hechos de sangre ocurridos en los municipios de Pichucalco y Nicolás Ruiz.

La OCEZ, la CIOAC y los villistas anunciaron que romperán las conversaciones con el gobierno del estado sobre los acuerdos (o finiquitos) agrarios y anunciaron movilizaciones para la primera quincena de abril.

Las organizaciones independientes que integran la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (Aedpch) firmaron en los últimos seis meses el documento de acuerdo o finiquito agrario, en el cual todas las organizaciones ``se comprometen a no realizar ya ningún otro acto de posesión ilegal de tierras, así como la desocupación de los predios que no serán adquiridos''.

Hasta el momento sólo la Organización Campesina Francisco Villa se ha negado a firmar el acuerdo.

El gobierno del estado no accedió a entregarle dos de las principales fincas que fueron invadidas por los villistas: las fincas Liquidámbar y Prusia, propiedad de alemanes.