El gobierno se la juega con el nuevo sistema de pensiones. Esta puede ser una más de la serie de acciones que se han aplicado en esta economía durante los últimos años y cuyos resultados han quedado lejos de los objetivos establecidos. La lógica con la que se han presentado los diversos programas para reformar la economía es impecable en el papel y, como cualquier modelo abstracto, podría ser sustituido por otro igualmente impecable. Así, por ejemplo, sucede con la lógica del modelo exportador, vuelto a exponer en la reciente convención bancaria.

Es cierto que una de las deficiencias más grandes de la economía mexicana es la del ahorro interno, es decir, la capacidad de generación propia de recursos para financiar la actividad productiva. Tal y como señala el diagnóstico que ha hecho el mismo gobierno, en la época en la que este país dispuso de grandes corrientes de financiamiento externo, entre 1990 y 1994, fue también aquella en la que se desplomó el ahorro interno. Ahora, generar este ahorro es doblemente difícil puesto que la crisis económica ha significado una gran retracción del producto y de los ingresos de la población.

Los fondos de pensiones son una forma de generar ahorro forzoso, deben cumplir la doble función de acumular recursos financieros y, al mismo tiempo, garantizar la formación de un fondo suficiente para el retiero de los contribuyentes. Es por ello que debe ponerse especial cuidado en la reglamentación del modo en que se administran e invierten los depósitos, sobre todo en mercados financieros inestables y volátiles.

El gobierno cuenta, sin duda, con técnicos muy competentes para idear, organizar, calcular y planear la operación de los fondos de pensiones. Pero la experiencia reciente del país indica que los esfuerzos técnicos no son de modo alguno suficientes para alterar de manera significativa la fragilidad crónica de la economía. Las sorpresas que se han llevado los técnicos gubernamentales, y que de paso le han impuesto a la sociedad, son ya sobradamente conocidas. Es por ello que el debate sobre los fondos de pensiones y las formas de ordenar su funcionamiento mediante la creación de Afores y Sifores, debe hacerse con la seriedad política que requiere un cambio tan grande en el sistema de prevención para los trabajadores. Esto quiere decir que la discusión en el Congreso no puede reducirse a los aspectos técnicos, menos aun en el marco de una posible aceptación mayoritaria por parte del PRI. Esa discusión necesita de la incorporación de aquellos elementos políticos que delimiten el funcionamiento del sistema. No debe olvidarse que hay que cotizar durante 24 para tener acceso a los beneficios completos de las pensiones, lo que significa que los resultados del nuevo sistema habrán de verse dentro de una generación y, entonces, será demasiado tarde para reclamos.

Es muy notoria la falta de información amplia y comprensible para los trabajadores cuya futura pensión esta hoy definiéndose. Este cambio tan relevante para el sistema financiero del país y para el sistema de seguridad social se está haciendo un tanto al margen de la población afectada. Como en otras acciones gubernamentales, ya sea el caso de las carteras vencidas de los bancos o de los recientes aumentos de precios de bienes básicos, la negociación es muy explícita con los empresarios y banqueros, pero no se involucra a la sociedad, incluso para legitimar acciones que son, no cabe duda, conflictivas. Llama la atención que, en el curso de la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones, los sindicatos y otras organizaciones ciudadanas no se hayan expresando abiertamente y exijan una explicación convincente, y que debe existir para justificar la nueva legislación. En otros países como Francia y España, la población reacciona abiertamente y con rapidez ante modificaciones institucionales que afectan su futuro.

Esta reforma al sistema de pensiones se está haciendo en México en un momento de enorme vulnerabilidad económica, en la que la capacidad de ahorro de los trabajadores es prácticamente inexistente y hay una gran crisis del sistema financiero. Parte de esa crisis tiene que ver con la manera en que se llevó a cabo el proceso de privatización de los bancos y otras instituciones financieras, y con deficiencias en el marco reglamentario. Las evidencias de los problemas de la privatización son cada vez mayores y no hay nadie que responda de ello. Son también cada vez más las evidencias de fraudes y de la realización de operaciones ilegales en esas instituciones. La liberalización financiera llevó a excesos cuyos costos ahora son transferidos a la sociedad. Habrá aprendido el gobierno de los errores que cometió? O, sin eufeminismos, habrán aprendido los actuales altos funcionarios -que eran antes no tan altos funcionarios- de los errores que hoy han abierto tantos frentes en la arena social y política del país? Más vale que se agrande la atención en las transformaciones que se están dando, con mayor participación social y con la fijación de pautas legales e institucionales que protejan la seguridad de los beneficiarios de las pensiones