Hemos entrado ya en el momento decisivo para la legislación racista y violatoria de la legalidad internacional y de los derechos humanos que prepara el Congreso de Estados Unidos contra los inmigrantes. Estamos al borde mismo de la extensión a todo ese país de la liberticida ley 187 del estado de California. El proyecto ya aprobado por los diputados sólo tiene que ser redactado de modo coherente con el de los senadores para que pueda ser presentado al presidente Clinton para su aprobación, más que probable (o su veto, si es posible imponer la razón). Para colmo y desgraciadamente, la amplia mayoría que obtuvo el proyecto en la Cámara y la votación por todo el Parlamento estadunidense de la ley Helms-Burton, demuestran la escasa o nula importancia que le atribuyen los legisladores de Estados Unidos a la opinión pública internacional, a los principios establecidos por las Naciones Unidas (y formalmente aceptados por Washington) y a los propios Derechos del Hombre que teóricamente constituyen la base constitutiva de la nación en ese país.
Si la posición de los llamados ``liberales'' se limita en las instituciones gubernamentales de Estados Unidos a tratar de concentrar las medidas represivas solamente contra los inmigrantes ilegales y sus familias sin llevar, por ahora, a la reducción del número de los legales, es evidente que el establishment acepta en su totalidad la filosofía de fondo de los racistas: el problema de la inmigración, según sus conceptos, se resolvería levantando nuevos muros en las fronteras, agravando las penas de expulsión a quienes excedan en su permanencia la duración de su permiso, aumentando las facilidades para el control policial y la delación de los posibles indocumentados, multiplicando el número de policías fronterizos.
La idea de que la pobreza, y la migración consiguiente de los pobres se resuelve con la represión policial, viola la historia, además de los principios humanitarios.
La primera, en efecto, porque la Muralla China no impidió que los bárbaros del norte conquistasen el imperio ni los muros de los romanos pararon las migraciones que dieron nacimiento a las actuales naciones europeas, ni ninguna represión ha conseguido jamás impedir que emigrasen quienes no podían ya vivir en sus tierras o eran atraídos por las riquezas de las vecinas. Huyendo de la represión y de la pobreza llegaron también a América los fundadores de las primeras colonias de lo que sería después Estados Unidos. En cuanto a los principios, no se puede proclamar la igualdad ante la ley y establecer desigualdades, aceptar los derechos humanos y violarlos continuamente, hablar constantemente de democracia y construir, al mismo tiempo, un régimen basado en la transformación en ilotas de una parte siempre creciente de los habitantes.
Por lo tanto, si en el gobierno y en ambos partidos gobernantes de Estados Unidos existe la firme decisión de violar el espíritu de su propia Constitución y la legalidad internacional, sea con su aberrante ley Helms-Burton que el mundo desconoce y condena, sea aprobando una política antiinmigrante sin precedentes en ese país, no queda otro camino que defender contra ellos y con la acción internacional la democracia americana, tan fundamental para el mundo. La protesta internacional, de pueblos y gobiernos, debe defender pues la ley y la razón y desconocer todo aquello que las violen, debe imponer los principios mismos proclamados hace dos siglos por los fundadores de Estados Unidos y precursores de la Revolución Francesa y de nuestras propias independencias latinoamericanas.