Unicamente el 4.1 por ciento de los sonorenses considera como parte importante de los problemas de su estado y responsabiliza de eso al gobierno el que no se haya aclarado el atentado contra el que fuera candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Este dato está dentro de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Guadalajara, en 21 municipios de Sonora, para confirmar la evolución en las apreciaciones de los ciudadanos respecto a la situación del país en general y de su estado en particular. La primera encuesta se aplicó en septiembre de 1995 y la segunda en este mes.

Cabe recordar que ese organismo de la Universidad de Guadalajara adquirió fama a nivel nacional por la aproximación de los resultados de sus sondeos de opinión con los porcentajes de votación registrados en varios estados de la República. Este estudio no tiene fines electorales, sino conocer las apreciaciones de los ciudadanos respecto a la actuación de los gobiernos federal y estatal.

Sobre este punto, uno de los aspectos más importantes del sondeo consiste en que el 42.6 por ciento de los sonorenses considera que la situación del país ha empeorado en los últimos seis meses y que la causa principal está en las cuestiones económicas.

Igualmente coinciden en destacar el deterioro de Sonora y en este caso, el porcentaje aumenta a 45.9. Al compararse estas cifras con los resultados obtenidos en septiembre, se encuentra que la mayoría considera que la situación ha empeorado en el país, pero se aprecia una mejoría para el gobierno federal, ya que en septiembre los que veían que el ambiente nacional empeoraba era el 68.3 por ciento.

Esta situación es muy diferente para el gobierno de Sonora, que en septiembre recibió 42.2 por ciento de opiniones en el sentido de que las cosas iban mal en el estado, contra un 45.6 por ciento que estimaron que iban bien. En el más reciente sondeo la situación varió totalmente, pues la porción de quienes aprecian bien la situación disminuyó a 37 por ciento, mientras que las respuestas negativas aumentaron al 45.9.

A pesar de ese viraje, la imagen de su gobernador, Manlio Fabio Beltrones, y la de su administración resultan bien libradas, pues en opinión de los sonorenses consultados, su gestión recibe una calificación ``aprobatoria''. El 78.7 por ciento de los entrevistados respondió de manera positiva a la pregunta ''Cree usted que el gobernador y su equipo estén capacitados para resolver los problemas que enfrenta el estado?``Otra interrogante, muy ligada, es la siguiente: ``Hasta la fecha qué es lo que más le desagrada de la forma de gobernar de Manlio Fabio Beltrones Rivera?'' El 31.9 por ciento respondió ``nada'' y otro 15.7 ``no contestó''. De los que dieron respuestas concretas, los porcentajes más altos corresponden a los señalamientos en el sentido de que ``falta apoyo a los municipios'' (7.4 por ciento) y ``que no cumple sus promesas'' (7.3). En este apartado, al que correspondieron respuestas ``abiertas'', es donde se encuentra la referencia a la inconformidad porque no se ha esclarecido el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sin que nadie los indujera, 4.1 por ciento de los entrevistados hicieron referencia a este crimen no aclarado.

Conflictos en vías de solución

En contra de las numerosas protestas que arrancó el nulo avance en las investigaciones sobre el homicidio de Colosio, al mismo tiempo se conocieron avances importantes para tratar de solucionar añejos problemas que han ocasionado diversas manifestaciones que han llegado hasta las calles de esta ciudad.

En primer término, la Secretaría de Gobernación informó que luego de una intensa negociación durante casi todo el sábado terminó en la madrugada del domingo el gobierno de Tabasco había llegado a un principio de acuerdo con los trabajadores de limpia del municipio del Centro, que sostuvieron un largo movimiento de protesta, primero por el encarcelamiento de su dirigente y luego por el cese de muchos de ellos por ausentarse de su trabajo en una huelga no aceptada oficialmente.

Las presiones de los trabajadores fueron de todo tipo. En el convenio para poner fin al conflicto se hace mención de estos recursos: huelgas de hambre en la Plaza de Armas de Villahermosa y frente a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta capital; plantones frente a esta institución y en las oficinas del Senado y de la Secretaría de Gobernación, además de un grupo de mujeres encadenadas en la capital tabasqueña.

En las negociaciones participaron el director de Gobierno de la SG, Juan Burgos Pinto y el director adjunto Jorge Uscanga Escobar; por el gobierno tabasqueño la subsecretaria del Trabajo, Martha Guadalupe Martínez; el subsecretario de Desarrollo Político, Arnulfo Villegas Torres y el apoderado legal del ayuntamiento del Centro (donde se encuentra Villahermosa) Uldárico Que Dehesa; por los trabajadores estuvo una comisión encabezada por su líder, Aquiles Magaña García y sus abogados Rafull Terán Sánchez y Alberto Guerrero Flores. Como testigos estuvieron Luis Raúl González Pérez y Eduardo López Figueroa, de la CNDH.

Otro acuerdo para poner fin a un conflicto fue la decisión de integrar una comisión plural de senadores para trasladarse a Mazatlán Villa de Flores, un municipio de Oaxaca ubicado en la sierra que colinda con Puebla, en donde una parte de los habitantes expresó su descontento por la elección de las autoridades municipales en noviembre.

Allí hubo un enfrentamiento entre perredistas y priístas, como consecuencia murió un militante del PRI. Con apoyo del senador y dirigente de la COCEI, Héctor Sánchez, los militantes del PRD realizaron ``elecciones extraordinarias'', pero los priístas no aceptaron a las nuevas autoridades, con respaldo del gobierno estatales porque los comicios extraordinarios debían ser convocados por el Congreso del estado y no por fuerzas locales.

A pesar de ser un problema de adultos, lo que empujó a la solución fue una ``marcha'' de niños a la ciudad de México, para protestar porque como consecuencia del conflicto poselectoral se habían quedado sin clases.

En principio la solución es elegir nuevas autoridades municipales con base en la reforma a la Constitución de Oaxaca para hacer legal el sistema tradicional de usos y costumbres, en donde son las autoridades comunales las que eligen a su alcalde.

Para verificar la autenticidad del proceso se nombró una comisión plural de senadores, en la cual destacan los oaxaqueños Héctor Sánchez (del PRD) y José Murat (PRI).

Por último, en opinión del dirigente del PRI en el DF, Roberto Campa Cifrián, existen amplias posibilidades de solucionar otro añejo conflicto, el de los ex trabajadores de Ruta 100.

Durante una gira de trabajo por el 32 distrito electoral capitalino, el dirigente del tricolor dijo que la más reciente propuesta del gobierno capitalino parece un avance, ya que no sólo se incrementa el monto de la indemnización a los ex trabajadores, sino que se les abre la posibilidad de que operen dos de las empresas de transporte que se crearán en la capital para sustituir a la ex Ruta 100, así como a los microbuses que paulatinamente serán sustituidos por autobuses.

En materia de solución de los problemas capitalinos, en sus primeros días de trabajo, el sistema de patrullaje a pie de los agentes incorporados a la policía preventiva ha tenido buena aceptación de los vecinos, que se sienten más seguros al caminar por las calles. Sólo el tiempo permitirá confirmar si este cambio es definitivo o si sólo se trata de una impresión pasajera.

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