Con frecuencia, funcionarios del más alto nivel aseguran que la legislación ambiental mexicana es de avanzada, tan buena como la de los países que sobresalen en la protección de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación. Como en otros aspectos de la vida nacional, seguramente contamos con un andamiaje legal de primer orden. Pero en la realidad no se cumple pues los grandes intereses, la decidia y la corrupción hacen que entre la ley y su cumplimiento exista un abismo. Dos pequeñísimos ejemplos documentados en Quintana Roo, y que a continuación menciono, ilustran lo anterior. Seguramente son recurrentes en la geografía nacional.

Hace 15 meses, en enero de 1995, la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Playacar, 60 kilómetros al sur de Cancún, y algunas agrupaciones civiles, pidieron a los más altos responsables de los sectores ambiental y ecológico del país intervenir a fin de evitar la construcción de una enorme casa. El motivo: una parte de ella estaría en la denominada Zona Federal Marítima Terrestre, y la cual no puede venderse. Se trata de una franja de 20 metros de extensión contados desde el sitio donde rompen las olas. Los quejosos acompañaron su petición con fotos del lugar donde se edificaría la ostentosa mansión (lotes 3 y 4 de la manzana 35, del exclusivo fraccionamiento), y con dibujos que ilustraban el curso de las corrientes marinas durante el año.

Cuatro meses después, el director general de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, Pedro Alvarez-Icaza, contestó a los denunciantes, que la dependencia a su cargo había solicitado la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realizara una visita de inspección a fin de corroborar si era verdad la denuncia. Y de ser así, determinar ``las posibles infracciones en que se haya incurrido''. Los quejosos jamás volvieron a saber de las autoridades. Pero en tanto, se terminó de construir la inmensa propiedad. Un año después de que se pidiera la intervención de las autoridades ambientales y de ecología, los lugareños y miles de paseantes de diversas nacionalidades que acostumbran caminar por una de las playas más hermosas del Caribe mexicano, comprueban cómo las olas del mar chocan y hasta rebasan la enorme estructura de tierra y cemento levantada frente al mar para ``volar'' una alberca y un área de esparcimiento al aire libre. Y algo más: como se bloqueó el paso por la playa, la gente tiene que hacer un rodeo de 50 metros tierra adentro para poder continuar su camino.

El segundo ejemplo se refiere a las protestas ciudadanas elevadas también a nivel federal por otras obras emprendidas en el mismo fraccionamiento. Esta vez, el propietario de un predio utilizó, sin autorización alguna, maquinaria pesada para remover arena en el área de la Zona Marítima Federal con el fin de ``reforestarla'' con palmeras de 10 metros de altura, sostenidas con tensores y cuerdas para evitar que el viento las derribe. Para darles un cimiento más firme y evitar que el oleaje las arrancara, colocó en la playa cientos de bultos con arena. Con ese mismo propósito construyó un dique de cemento de varios metros de longitud. No fue sino hasta noviembre del año pasado, cuando la Subsecretaría de Recursos Naturales de la dependencia a cargo de la maestra Julia Carabias, solicitó al subprocurador federal del Medio Ambiente investigara la denuncia presentada, la procedencia de las palmeras que se están replantando y los demás asuntos objeto de posible violación a la norma. En caso de hallar irregularidades, se procediera a la inmediata suspensión de las obras y su correspondiente clausura.

Pero nada pasó. Por el contrario, los visitantes y los residentes de Playa del Carmen comprueban no solamente la decidia de las autoridades sino la terquedad y la prepotencia del ``reforestador'' que ha afectado el área en su intento de enmendarle la plana a la naturaleza. Ocurre que las inmensas palmeras no ``pegan'', se mueren. Para reemplazarlas, se traen otras igualmente imponentes desde lejanos lugares, pero terminan tiradas en la playa de donde obreros al servicio del ``reforestador'' las quitan para que no obstruyan aún más el paso de la gente. En tanto, los bultos de arena están cubiertos de lama y esparcidos en la arena, mientras el muro de cemento se halla prácticamente destruido por efecto de las aguas del mar, y es un peligro.

En los ejemplos anteriores, los delegados federales en Quintana Roo responsables de las áreas ambiental y ecológica, así como las instancias estatales y municipales, han permitido la violación de leyes vigentes. Hasta parecen proteger a los responsables de ello. En efecto, en el primer caso, todo indica que se autorizó levantar la mansión en la zona marítima federal, por presión de los fraccionadores: el grupo SIDEK, muy influyente pero a la vez reconocido depredador de las costas mexicanas. Ninguna instancia oficial impidió este despojo a la nación.

En el segundo, pese a que las autoridades ambientales en la ciudad de México instruyeron a sus delegados en Quintana Roo para que ordenaran derribar el dique, limpiar la zona invadida de bultos de arena y no permitir más el traslado de hermosas palmeras desde su hábitat natural para terminar muertas en las playas caribeñas, ha podido más la acción del moderno e influyente ``reforestador''. Se trata de Miguel Quintana, de conocida fama por erigir sobre lo que fue legendario cenote y zona arqueológica, un exitoso negocio turístico disfrazado de ``ecológico''. Además, parte del palacete que ahora levanta en Playa del Carmen, invade la zona marítima federal.

Los dos pequeñísimos ejemplos brevemente referidos, se ubican en el Corredor Cancún-Tulum, donde ocurre el más importante crecimiento turístico de México y el Caribe. Para evitar los yerros cometidos en tantos otros sitios del país, las autoridades federales, estatales y municipales, la iniciativa privada, los científicos y los grupos ecologistas de Quintana Roo, contribuyeron a elaborar un plan de reordenamiento ecológico del citado corredor, pionero en su tipo, y que tomó fuerza legal mediante decreto presidencial de junio de 1994. La maestra Julia Carabias, entonces a cargo del Instituto Nacional de Ecología, jugó un papel importante para lograr dicho ordenamiento. Mas las frecuentes violaciones que se cometen al mencionado plan, la corrupción, la carencia de coordinación institucional, entre otros factores, están logrando que sea letra muerta, catálogo de buenas intenciones. Algo que la maestra Carabias será una de las primeras en lamentar.

Una posdata, sobre SIDEK: mientras miles de familias de Yucatán y Quintana Roo carecen de agua potable, el consorcio que ahora se ahoga en deudas millonarias en dólares, no paga por el agua que utiliza en sus hoteles y en sus ``desarrollos inmobiliarios''.