Los procesos judiciales, aunque insistan los abogados en que no poseen tiempos fatales, son, al igual que los procesos políticos, susceptibles a valoraciones y recuentos. Aniversario impone. A dos años del asesinato de Luis Donaldo Colosio muchos son y han sido los nubarrones que se ciernen sobre el proceso y, por desgracia, pocas las esperanzas de conocer realmente la verdad. Judicialmente sería ingenuo y políticamente sospechoso que las investigaciones hicieran coincidir avances con aniversarios. No se optó por esa vía, pero la Procuraduría General de la República no se libró de que su actuación se valorará. Y el recuento, en efecto, ha destacado los pocos avances o, mejor dicho, las bajas expectativas de que se conozca la verdad. No es buena noticia. Sobre todo si constatamos que el agravio colectivo, más allá de las traducciones políticas que se le quieran dar, permanece.

La sospecha de que el crimen se procesó a través de bajas cañerías de la clase política se tiene que documentar o desmentir. Esclarecer el crimen sigue siendo una asignatura pendiente. Si se trató de un complot que involucra personajes públicos presentes o pasados, aclararlo no es sólo un imperativo de justicia, sino un dato político fundamental para entender la circunstancia presente. Si eso no sucedió, si el nivel de los involucrados no escala de manera alguna la jerarquía de poder, o finalmente, si no es posible documentar más vínculos que los propuestos en Lomas Taurinas, debiera quedar perfectamente documentado.

Mientras ello no ocurra, mientras la causa siga abierta, y dado que popularmente ya se efectuó un juicio sumario sobre los culpables, la valoración de las averiguaciones se seguirá haciendo en función de su proximidad o alejamiento de lo que popularmente ya se dictaminó. Ello parece inevitable. Hacerse una idea sobre los posibles autores intelectuales es un ejercicio ineludible dada la trascendencia del crimen.

Sin embargo me parece que debiéramos estar atentos y no dejarnos seducir demasiado por los juicios previos. El peligro es que caigamos en la tentación de medir la eficiencia de las averiguaciones por cuanto se alejan de algún sentido común ampliamente difundido; de esa manera, lo único que faltaría para dar el paso esperado es que existiera una dosis de ``voluntad política''. Así, voluntad política se vuelve sinónimo de mis propias percepciones y ciertamente las acusaciones en contra de quienes no comulgan con mi sentido común, siempre se podrán hacer apelando a la ausencia de voluntad política de las autoridades: las grandes soluciones son simples, yo las tengo, la terquedad de convivir con los grandes problemas es porque falta la dichosa ``voluntad política''.

En cambio, si la medida de eficacia la pudiéramos proponer en el plano estricto de las facultades y atribuciones de las averiguaciones, acaso produciríamos un ejercicio más provechoso. Si reconocemos sin dificultad que estamos lejos de ser el país de leyes prometido, podremos exigir, no información que comprometa el curso de las pesquisas, pero si un recuento bien detallado de lo que se ha hecho, de lo que se pueda difundir, para poder valorar el desempeño de las autoridades. Ahí podrían aparecer los errores, omisiones y aciertos.

En todo caso no nos sirve ni el linchamiento por cuanto los resultados de la investigación no coinciden con los culpables que el juicio popular ya estableció ni la resignación sin más de que no será posible conocer la verdad. Cualquiera que sea la conclusión de las averiguaciones, deberá someterse al simple escrutinio público de rendir un informe pormenorizado de las mismas. Más allá de la politización de las pesquisas, el recuento lo merecemos todos.