El pasado 19 de marzo, se celebró en el Palacio Nacional una reunión para el análisis de los acuerdos agrarios firmados en Chiapas. A la misma, encabezada por el presidente de la República, asistieron representantes de más de 50 organizaciones campesinas chiapanecas. Se concluyó que los acuerdos superaban de manera definitiva la demanda agraria en el estado de Chiapas para ingresar en una nueva etapa, en la que producción, organización y distribución son tema central para profundizar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por la justicia y la reconciliación.Parece útil comentar más ampliamente el alcance y el significado de esos acuerdos, que eran evidentes para los asistentes a la reunión, para proporcionar a la opinión pública los datos e información que le permita juzgar con independencia los acontecimientos, en particular los sucedidos en Chiapas en los últimos días. Confío en que la información pueda contribuir a establecer con claridad quiénes presentan resistencia al avance de la paz y la reconciliación en ese estado.

Se firmaron 111 acuerdos agrarios, 69 corresponden a organizaciones campesinas que reivindican más de un asunto, y 42 corresponden a poblados o núcleos individuales no representados por las organizaciones campesinas. Los acuerdos dan solución a 2 mil 40 asuntos agrarios. Cerca de 58 mil campesinos, casi la cuarta parte de los que recibieron tierra por el reparto agrario en ese estado en toda la historia, recibirán financiamiento para adquirir una parcela dentro de un predio que atiende en conjunto las necesidades de un poblado o núcleo agrario.

La negociación de los acuerdos agrarios se inició por la recopilación de la demanda total que presentaron organizaciones y núcleos; sumaron 2 mil 40 asuntos. Para cada uno de ellos, se analizaron los antecedentes jurídicos, los precedentes históricos y las implicaciones sociales. Organizaciones e instituciones aportaron la información y documentación pertinentes. El diálogo fue respetuoso y atendió a los argumentos, a la razón. El análisis de cada caso concluyó con una solución pactada, que puede ser positiva por la vía jurídica o por la de financiamiento para adquirir tierras; también puede ser negativa por carecer de precedentes y sustento jurídico, histórico o social. La suma de las soluciones acordadas para cada asunto constituyen, junto con los compromisos generales, los acuerdos agrarios firmados. Por eso se concluyó que la demanda agraria en el estado de Chiapas pactó su solución definitiva.

El primer acuerdo se firmó en abril de 1995; el último fue el 16 de marzo pasado. Ninguna de las organizaciones con presencia en el campo chiapaneco, sin distinción de posiciones o filiaciones, quedó al margen de la negociación. Con la organización más importante se pactaron cerca de 500 asuntos, con otras cinco, alrededor de 100 y con la mayoría, menos de 20 asuntos. En Chiapas existe un gran número de organizaciones campesinas que expresan la diversidad política, social y geográfica de la entidad. Todas las organizaciones recibieron una oferta similar para los casos en que la solución implicaba el financiamiento de tierra; siete organizaciones de menor tamaño y presencia restringida no firmaron acuerdos porque no pudieron o no quisieron acreditar o sustentar los casos que inicialmente mencionaron; la mayoría de ellos estaban ya resueltos de manera definitiva.

Los acuerdos agrarios buscan explícitamente fortalecer y restaurar el Estado de derecho. La legalidad se postula y se pacta como condición esencial para la convivencia y el desarrollo, para la reconciliación. Con ese propósito, las organizaciones se comprometen a no promover ni realizar invasiones, a desocupar los predios invadidos que no serán objeto de adquisición y a permitir, en todos los casos, la recuperación por los propietarios de los bienes distintos a la tierra. Los propietarios privados, la mayoría muy pequeños, son sujetos de derecho afectados por los acontecimientos. Su decisión para vender debe ser voluntaria, libre de presiones.

En el contexto de los acuerdos firmados conviene analizar los dos casos que desembocaron en hechos de violencia e irreparable pérdida de vidas. Se trata del predio platanero San Luis, en el municipio de Pichucalco, y de las propiedades ubicadas en los que fueron los predios de El Gran Poder, El Triunfo y El Paraíso, ocupados por campesinos del poblado Nicolás Ruiz. Los dos casos están incluidos en los acuerdos. En ambos se pactó una solución negativa; esto es, no se reconoce como atendible el reclamo de los grupos o núcleos solicitantes. En ambos el acuerdo se violó.

El predio San Luis se pactó en el acuerdo agrario firmado con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC. Por un lado, en el acuerdo vigésimo primero se compromete la investigación de la situación jurídica de ese predio para atender la denuncia de demasías; la Procuraduría Agraria desahoga esa investigación en términos de ley. Por otra parte, en el acuerdo cuarto, se niega al grupo Platanar Arriba, del municipio de Pichucalco, la posibilidad de incluirlos en la adquisición de predios, al carecer de fundamentos.

El acuerdo con la CIOAC se firmó el 11 de marzo de 1996. En ese momento, el predio San Luis no estaba invadido. Entre el 15 y el 17 de marzo pasado, el predio fue invadido, y el día 18 el propietario presentó denuncia. El Gobierno del estado de Chiapas ha informado que el día 20 de marzo, después de solicitar la desocupación pacífica y voluntaria del predio, se registró un enfrentamiento, cuando la fuerza pública fue tiroteada. También informó que los detenidos declararon haber pagado ``derechos'' por la tierra a los promotores de la invasión.El poblado de Nicolás Ruiz está incluido en el acuerdo octavo del documento firmado con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el primero de diciembre de 1995. Se pactó en sentido negativo la solicitud para adquirir 800 hectáreas a favor del núcleo de Nicolás Ruiz, en virtud de que fue beneficiado con 2 mil 700 hectáreas, por dictamen positivo del Cuerpo Consultivo Agrario. Pese a la dotación jurídica de esa superficie, el núcleo Nicolás Ruiz ocupó desde el 21 de marzo de 1994 el que fue el predio El Gran Poder y sus fracciones. La superficie de mil 15 hectáreas del predio El Gran Poder y sus fracciones tiene 56 y uno con 198, todos protegidos como pequeños propietarios por el mandato constitucional. Ante la proximidad del ciclo agrícola y después de 10 reuniones, el 7 de marzo pasado, se pidió al núcleo Nicolás Ruiz el desalojo de la superficie invadida, tal como lo estableció el acuerdo firmado en el mes de diciembre. La solicitud no fue atendida. El gobierno del estado informa que el 21 de marzo se realizó el desalojo sin incidentes en los predios ocupados y que la fuerza pública fue después emboscada con armas de fuego. 21 policías resultaron heridos de bala y uno más se encuentra desaparecido, tres campesinos murieron.

La sociedad chiapaneca y la de todo el país demanda vivir en un Estado de derecho. Ese es el propósito de los acuerdos agrarios. Su cumplimiento es condición para la reconciliación. Su violación provoca incertidumbre, conflictos y enfrentamientos; prolonga la división y promueve la violencia.