Controlar operaciones de $100 mil o más, plantean

David Aponte Las instituciones bancarias nacionales y extranjeras que operan en México tendrán que llevar un registro pormenorizado de las transacciones de 100 mil pesos o más, como parte del nuevo marco jurídico para combatir el lavado de dinero producto de actividades criminales, principalmente del narcotráfico, según el anteproyecto de dictamen de reforma del Código Penal Federal.

Los empleados y funcionarios bancarios y de las instituciones del sistema financiero que incumplan la obligación de recabar o falseen información sobre la identificación del cliente o las operaciones podrían enfrentar acusaciones de blanqueo de dinero y penas que van de tres a 12 años de prisión, indica el documento que en los próximos días se presentará ante el pleno de la Cámara de Senadores.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Amador Rodríguez Lozano, comentó que los bancos serán los responsables del registro de todas las transacciones y movimientos superiores a 100 mil pesos, según los primeros análisis de esa instancia.

``Buscamos fórmulas preventivas y no represivas para el lavado de dinero'' en las instituciones bancarias instaladas en territorio nacional. ``Queremos el apoyo del sistema bancario'' para luchar contra esta actividad ilícita, dijo el legislador.

Agregó que las instituciones bancarias serán las depositarias de la información y de los reportes de las operaciones, que estarán a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los jueces federales.

El senador priísta indicó que México tendrá su propio sistema de control de información sobre las transacciones monetarias de esta naturaleza, sin menoscabo del secreto bancario. Para tal efecto, se tomaron algunas experiencias de los modelos estadunidense y panameño, que llevan un registro detallado de las operaciones superiores a los 10 mil dólares.

Algunos senadores tuvieron reuniones de trabajo con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Comisión Bancaria de Panamá para intercambiar puntos de vista sobre el marco jurídico con la finalidad de atacar el blanqueo de activos procedentes del crimen organizado, añadió.

Con articulados de la iniciativa enviada por el Ejecutivo a finales del año pasado, el proyecto considera al lavado de dinero un delito autónomo en el Código Penal Federal. Actualmente el blanqueo de activos sólo está tipificado en el Código Fiscal de la Federación y se persigue por querella de la Secretaría de Hacienda.

Según las próximas modificaciones, el lavado de dinero tendrá un capitulado en el Código Penal Federal, bajo el artículo 400 bis, de tal manera que a las personas que incurran en este ilícito se les castigará con prisión de tres a 12 años y multa de 500 a cinco mil días de salario mínimo.

Los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero que no cumplan con la obligación de recabar la información pertinente también serán acreedores a dichas penas, ``sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente'' en México, señala la iniciativa.

``Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema financiero el comprendido por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, intermediarios bursátiles, casas de cambio y cualquier otro intermediario financiero o cambiario'', precisa.

El documento agrega: ``No se podrá proceder penalmente por el delito de lavado de dinero estipulado en este artículo, sino previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la justificación del nuevo marco jurídico para combatir el blanqueo de dinero señala que el narcotráfico y sus manifestaciones han adquirido proporciones ''preocupantes'' en México, que obligan al Estado a aplicar nuevas fórmulas legales para atacarlo.

Actualmente, el lavado de dinero trasciende con mucho el mero interés del fisco federal, del tal manera que la investigación competerá a la PGR y ``ello no excluye la intervención de la SHCP o de alguna otra, sino que por el contrario, requiere el esfuerzo coordinado y armónico de todos los componentes del gobierno federal, siendo incluso conveniente la existencia de una comisión intersecretarial que pueda coordinar los esfuerzos de la materia, como ocurre en otros países, por ejemplo España y Colombia, y ahora también se prevé en el anteproyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada'', agrega.

En el apartado sobre secuestro, el proyecto de dictamen incluye también modificaciones a las penas, que podrían oscilar de diez a 45 años de prisión.