``Una brigada de la policía judicial federal destacada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, sembró el terror entre la población de San Francisco de la Joya, al detener sin orden de aprehensión a un habitante de esa región, donde prolifera el narcotráfico: Emiliano Olivas Madrigal de 21 años, a quien después de haberlo torturado durante toda la noche en un cuarto del Hotel Díaz donde los judiciales se registraron a nombre de Ramón Ramírez, arrojaron su cadáver por una ventana del tercer piso... No lo matamos nosotros sino que solito se suicidó, dice la policía judicial federal...'' (El Heraldo, 23 de octubre de 1989).

``Tiran Condor a balazos... Después de asaltar dos bancos, ladrones disparan a la nave de la SSP'' (Reforma, 19 de marzo de 1996).

``Ejecutan a sospechosos... Afirman testigos que uniformados balean a dos detenidos... Certifica el Semefo que un presunto asaltabancos recibió dos tiros por la espalda; ignora MP operativo.. Policías preventivos y elementos del grupo Zorros son señalados como presuntos ejecutores de José Guerrero Flores... Según testigos, Guerrero Flores de 34 años fue ejecutado a balazos por la espalda... Dan policías el adiós a sus muertos... Critica Garay el desplegado de intelectuales y les pide publicar esquela en nombre de los agentes caídos... El funcionario dijo que le gustaría saber de qué manera van a sumarse al combate a la delincuencia los intelectuales que el lunes enviaron una misiva al Presidente de la República exigiendo medidas urgentes para solucionar el problema de seguridad pública...'' (Reforma, 20 de marzo de 1996).

Emiliano Olivas Madrigal pudo ser un narcotraficante y José Guerrero Flores un asaltabancos asesino, pero a ninguno de los dos se les dio la oportunidad de defenderse en un juicio y menos aún se les demostró que eran culpables de lo que ``sus ejecutores'' los acusaban. Sus ejecutores, en ambos casos, policías servidores públicos, se convirtieron en asesinos. En el primer caso, el principal responsable está sentenciado a 25 años de prisión; en el segundo, los ejecutores deben ser juzgados y sentenciados porque cometieron un crimen.

Al reclamo de los intelectuales nos sumamos la sociedad entera. Efectivamente es intolerable la inseguridad generada desde y por las instituciones policiacas y procuradoras de justicia. Las ofensivas declaraciones de Garay Maldonado en contra de los intelectuales, amén de preocupantes y riesgosas, son el mejor ejemplo de dónde y por quién se genera la inseguridad que sufrimos los capitalinos. La policía de Francisco Franco también combatió la cultura. El asesinato de Federico García Lorca es sólo un ejemplo. En Chile, la policía de Pinochet hizo la propio. En Argentina, en Uruguay, El Salvador o Guatemala, sobran los ejemplos: Víctor Jara, los jesuitas, monseñor Romero... 90 mil desaparecidos en América Latina.

Es muy lamentable que Ernesto ZediLlo, sin aprender de la historia, se empeñe en repetir la lamentable de José López Portillo y su jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo, con su crónica de cadáveres flotando en el Río Tula.

Se equivocan los que hoy nos gobiernan: México no es Chile ni esta década tiene que ver con las anteriores. El mundo entero parece haber entendido que el sistema menos perverso es la democracia y que la misma no es posible sin cumplimiento cabal al régimen de derecho y sin un Poder Judicial impecable. En la democracia se pueden endurecer las leyes sin que pase nada, porque cada exceso del Ejecutivo va a ser controlado por el Poder Judicial integrado por miembros dignos e insobornables. En México es un error endurecer las leyes sin antes tener un Poder Judicial autónomo, sin antes garantizar el Estado de derecho.

Algunas de las reformas presentadas al Congreso rompen, incluso, la columna vertebral de nuestro sistema legal. Pongo sólo dos ejemplos: En el delito de secuestro se pretende castigar a la víctima, y a aquéllos que pudieran ayudarla.

La ejecución de José Guerrero Flores es otro ejemplo de para qué va a servir y cómo va a ser usado el cambio por lo que a la flagrancia toca. Mientras que, si el ministerio público hubiera investigado y consignado, la policía judicial cumplimentado la orden de aprehensión y el juez impuesto el castigo, los policías de seguridad pública no se habrían convertido en delincuentes, amén de qué habría prevalecido el Estado de derecho.

Con las reformas penales que otorgan suprafacultades al ministerio público y por ende a la policía, sin limpiar los cuerpos policiacos y las instituciones procuradoras de justicia, en tres meses, si bien nos va, México va a ser un lugar invivible. Con acusadores, testigos, ministerios públicos y jueces encapuchados lo que sigue es el fascismo.

A lo mejor de eso se trata y entonces podrán regresar a controlar los que, a fin de cuentas, se van quedando con el país.