En el segundo aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su padre, dijo en Magdalena de Kino lo siguiente: ``Hay un manto de impunidad tendido por aquéllos que tienen la responsabilidad de resolver el caso y no lo han hecho; por aquéllos que apuestan al olvido y al tiempo para lograr su cometido: evadir el castigo que merecen'' (La Jornada, 24/III/96). Con un discurso fuerte, cargado de impugnaciones y reclamos, finalmente la única persona con autoridad moral para emitir un juicio sobre el caso decidió romper la prudencia y condenar abiertamente al gobierno. Este acontecimiento abrió un nuevo boquete a la ya deteriorada legitimidad del gobierno zedillista.

El país se asoma decepcionado a la sospecha hoy convertida en dato: tal vez nunca sepamos quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. Sin embargo, casi cada mexicano tiene su hipótesis o su interpretación de lo que aconteció, y curiosamente las versiones coinciden, tanto en la ciudadanía, como en los actores políticos. En una encuesta entre 149 diputados federales y senadores esa parte plural de la clase política mexicana existen dos certezas importantes: los motivos del crimen fueron ``por razones de Estado'', o por un ``grupo político rival'', cada respuesta tiene un 43 por ciento (Reforma, 20/III/96). En otra encuesta, esta vez a la ciudadanía, la opinión popular confirma un amplio consenso: el 94 por ciento cree en el complot, el 73 por ciento no confía en que aclarará el crimen y el 70 por ciento piensa que la voluntad del presidente para resolver el caso ha sido poca o ninguna (Reforma, 23/III/96). En la contraparte, el pasado 21 de marzo, el procurador Lozano Gracia declaró al país la versión más predecible y al mismo tiempo menos afortunada: que no existe ningún avance, que no se politizará la investigación y que ``la aplicación de la ley no se vota'' (La Jornada, 22/III/96).

En el caso Colosio se encuentran amarrados varios nudos fundamentales del sistema político: este asesinato es la señal cruel de que el pacto que dio sustento a este modelo autoritario se ha terminado; que la regla de la sucesión del poder en paz, sin sangre, que surge después de la muerte de Alvaro Obregón, se canceló en marzo de 1994; que si se trata de un crimen de Estado o de la acción de un grupo político es igual de grave y no hace diferencia en términos de su esclarecimiento, aunque sí es distinta en las redes de poder implicadas.

La falta de resolución del caso y de información confiable ha desatado un mundo de especulaciones y de conjeturas que, a pesar de que no prueban nada en términos penales, también es real que forman un conjunto simbólico que opera de forma colectiva en todo México. Estos dos niveles, las pruebas y las conjeturas, están en una contradicción permanente. Hay una opinión generalizada, la PGR es incapaz o actúa por interés, lo cual en ambos casos es grave. Y si la mula no era arisca, la verdad es que después de dos años de investigación, tres fiscales especiales, una tonelada de declaraciones, versiones contradictorias y cambiantes del asesino solitario al complot, y decenas de filtraciones, no puede haber mucho optimismo ciudadano. En un régimen de partido de Estado, como el mexicano, la magnitud de un crimen de esta naturaleza tiene que llevar las miradas a las cúpulas del poder, y no es que se pretenda acusar en falso o satisfacer la ley con base en los consensos populares, pero no se necesita ser especialista en derecho penal para apreciar que algo está atorado en la investigación. En el supuesto de aceptar, sin conceder, que la PGR está haciendo su trabajo, los resultados son pobres y deficientes. Mientras se resuelve el caso resulta claro que no se pueden detener las conjeturas que se han elaborado popularmente. Aunque la ley no se aplica por consenso, lo cierto es que existen múltiples actores claves, por su posición de poder en marzo de 1994, que no han sido llamados a declarar, por qué?En las expectativas sobre el caso Colosio hay emplazamientos que se han hecho desde la sociedad hacia el gobierno, que afectan no sólo la imagen del actual grupo en el poder, sino los resortes más sensibles de la gobernabilidad. Los emplazamientos de la sociedad sobre el caso, el consenso popular definido y la élite priísta dividida y enfrentada, son motivos suficientes para configurar un problema que golpea al gobierno de Ernesto Zedillo por tres lados: la credibilidad, la eficacia y la impunidad. Los tres pueden llevar a una crisis de la moral pública, tanto para la presidencia y su partido, que se mueve en la conflictiva frontera del desgarramiento interno y el deslinde; como para la procuraduría misma, y por extensión de esta última, al PAN, sobre los cuales tiene efectos políticos fuertes, que pueden volverse graves.

El factor tiempo juega de diversa manera sobre las expectativas y resultados del caso Colosio. El primer año del sexenio no pasó gran cosa, se trataba de esperar el resultado de las investigaciones; pero este segundo aniversario fue fulminante; es muy probable que en 1997 la presión sea mayor y a partir de 1998 será un elemento de creciente descomposición en contra del gobierno zedillista y del procurador. Si el caso Colosio fue resultado de un complot y de un crimen de Estado, como dice la voz popular, su resolución implica una intervención política y una voluntad de Estado y no simplemente una pesquisa judicial.

La paradoja encontró su espacio y su tiempo: si llegamos a saber la verdad y se castiga a los responsables intelectuales, tal vez sea el final de este sistema político; al mismo tiempo, si no se llega a la verdad, de todas formas es posible que estemos en el final. Los efectos pueden ser similares, sin embargo, las consecuencias son diferentes, en el primer caso podrá haber conducción institucional; en el segundo, habrá descomposición.