Los empresarios agrupados en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) plantearon ayer ante el Presidente de la República sus desacuerdos con la política monetarista y de apertura comercial acelerada que afirman aplica el gobierno.

Los reclamos de esta agrupación empresarial buscan que el gobierno tome sus decisiones en convergencia con los intereses de la industria, pues no están satisfechos con la manera en que se está manejando la crisis económica.

Por su parte, el Presidente respondió que, durante los próximos meses, empezarán a reactivarse los diversos sectores económicos y el empleo, gracias a los equilibrios macroeconómicos con los que cuenta el país.

Las diferencias entre la Concamin y el gobierno no parecen ser de matiz, pues mientras los primeros reclaman una acción oficial más enérgica haciendo a un lado algunos de los principales postulados del monetarismo, las autoridades están dispuestas a mantener lo que denominan disciplina fiscal y monetaria.

La cuestión más relevante de esta polémica sobre la política económica es que ni los industriales ni el gobierno han presentado un diagnóstico de la crisis y parece que consideran a ésta como producto de un desequilibrio financiero pasajero, aunque costoso y lastimoso, que puede ser encarado con superficiales medidas de política económica.

Pero la crisis que padecemos tiene causas estructurales, algunas de ellas relativas a la distribución del ingreso y otras a la incapacidad de la planta productiva nacional para hacer frente a una apertura comercial demasiado acelerada, sin dejar de lado el gran problema del endeudamiento del Estado y de toda la economía.

El año pasado, gobierno y grandes empresarios anunciaron que la recuperación empezaría a notarse hacia finales de 1995. Hoy, las autoridades afirman que la reactivación dará inicio hacia mediados del presente año.

La crisis económica de México es la de un modelo depredador de modernización y redistribución regresiva del ingreso, altamente lesivo en términos sociales, que tiende a destruir instituciones sociales y miles de empresas incapaces de inscribirse en las nuevas pautas económicas.

La destrucción de un gran segmento de la planta productiva del país y la expropiación de una parte del ingreso de millones de familias, no solamente tiene consecuencias de carácter social, sino que no garantiza el crecimiento perdurable de nuestra economía.

Han pasado ya más de diez años de persistente aniquilación de unidades productivas y niveles de vida, lo cual no permite seguir suponiendo que, por ese mismo camino, vendrá un crecimiento económico del nivel que lo exigen las características de México.

Sin un diagnóstico de la crisis económica, sin un análisis de las causas estructurales de ésta, no podrá diseñarse la política económica requerida, ni los industriales podrán precisar sus exigencias.

Es ilustrativo a este respecto el llamado de la Concamin en contra de la apertura acelerada de la economía nacional, pues en el pasado reciente esa misma organización apoyó las pautas de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y, antes, la rebaja de aranceles y cancelación de permisos previos de importación.

Por su parte, el gobierno demuestra una total consecuencia con el modelo económico elegido y anuncia que no se apartará de las pautas seguidas hasta ahora. Es evidente que los resultados de esa conducción de la economía y de esos cambios estructurales impulsados desde el Estado no han sido los prometidos en los programas oficiales.

Que hoy lo vean así los líderes empresariales que antes apoyaron la política económica, es un hecho significativo, pero hace falta algo más que eso: es necesario que se intente la crítica del modelo económico en su conjunto, pues la crisis no surgió de la nada, sino que fue un resultado, no sólo, por cierto, de las acciones del gobierno, sino también del empresariado organizado del país.