La Suprema Corte contra Madrazo
Regaño empresarial a Zedillo?

Por fin Antonio Lozano Gracia podría obtener un triunfo. En las próximas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará el sobreseimiento de la demanda vía controversia constitucional que interpuso el gobierno de Tabasco contra el gobierno federal, en la figura de la Procuraduría General de la República. Esto es, el fallo será contra el gobierno de Roberto Madrazo Pintado.

De acuerdo con este escenario, la PGR estará facultada para proseguir con las investigaciones que inició en junio de 1995, cuando el Partido de la Revolución Democrática documentó el presunto gasto de 70 millones de dólares en la campaña electoral del 20 de noviembre de 1994, que hizo gobernador de Tabasco a Roberto Madrazo Pintado. No se descarta, por tanto, que el Ejecutivo tabasqueño solicite licencia al cargo, en tanto las indagatorias concluyen.

De suyo trascedental, el resolutivo que sobre el caso emitirá la Suprema Corte descansa, como ya ocurrió en el caso de Guerrero, en las sobradas evidencias de que el gobierno de Tabasco falseó la información para buscar el amparo del más alto órgano de justicia, además de que violó la Constitución local.

Esto es, primero, que la demanda de controversia constitucional fue presentada por el gobernador, por el presidente del Congreso local y por el procurador estatal, en abierta violación al artículo 36 de la Constitución tabasqueña, que faculta sólo al Congreso para una demanda de esanaturaleza. Segundo, que el Congreso nunca fue convocado en sesión extraordinaria para determinar, como cuerpo colegiado, la demanda de controversia constitucional.

Pero más allá de los aspectos jurídicos, a los que invocó la Procuraduría General de la República para oponerse a la controversia, en el resolutivo que hoy emitirá la Suprema Corte, se ponderaron las causales políticas. Junto con el caso Aguas Blancas, Guerrero, el del escandaloso gasto electoral de Tabasco ha significado un alto costo político para el gobierno de Ernesto Zedillo.

Y también como en Guerrero, en donde días antes de la caída de Rubén Figueroa Alcocer el presidente del CEN del PRI pretendió una defensa del mandatario estatal, el 21 de marzo Oñate viajó a Tabasco y anunció que el PRI otorgaría su respaldo absoluto a Madrazo, durante los seis años de su mandato. En realidad el de Santiago Oñate parece ser el beso del diablo.

En el fondo, y siempre amparado en figuras jurídicas bien calculadas, en Guerrero y en Tabasco el gobierno de Ernesto Zedillo parece dar respuesta a los conflictos políticos reclamados por el Partido de la Revolución Democrática como condiciones para continuar en el diálogo para la reforma político electoral.

El de Tabasco, desde enero de 1995, cuando todos los partidos firmaron un acuerdo político para la reforma, era una de las condiciones para lograr por consenso la reforma política del estado.

Sin embargo, no se descartan jaloneos de última hora, e incluso, los estrategas de Madrazo Pintado han sugerido al gobernador tabasqueño retirar la demanda, en un intento por invalidar el dictamen de la Corte. Sólo que en ese caso, la Procuraduría General de la República de igual suerte continuará con las indagatorias, que por cierto tienen un avance importante.

Desde el momento mismo de la demanda, la PGR no ha dejado de investigar la documentación contenida en las cajas que el 9 de junio de 1995 encontró el perredista Andrés Manuel López Obrador y que acreditan el gasto de 70 millones de dólares en la campaña de Madrazo, cantidad de la que se pudo haber desviado una parte para la campaña de Luis Donaldo Colosio.

Por lo pronto, los primeros en ser llamados a declarar por la PGR serían, además del propio Madrazo Pintado, el actual presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Pedro Jiménez León, quien era presidente del PRI durante la campaña. Angel Augusto Buendía, coordinador de la campaña de Madrazo y actual secretario de Desarrollo y Protección Ambiental y Floricel Medina Pérez-Nieto, quien se desempeñó como promotor del voto y se desempeña en este momento como director de Comunicación Social del gobierno de Tabasco.

En el camino

En el insólito, ayer casi regañaron al presidente Ernesto Zedillo, cuando Víctor Manuel Díaz Romero, presidente de la Concamin, demandó ``acciones profundas'' para resolver la crisis estructural que vive México. El sector productivo mexicano alzó la voz, calificó de insuficientes las políticas económicas aplicadas y propuso un programa de política industrial con una visión de amplio alcance.

Durante la clausura de la 77 asamblea de la Concamin, en donde el gobierno debía presentar su propuesta de política industrial la cual se retiró a última hora, asomó una importante grieta en las casi siempre tersas relaciones del gobierno y los empresarios.

Díaz Romero pareció leerle la cartilla a Ernesto Zedillo: ``Nuestro país no podrá resolver sus problemas si no crece, y para crecer, estamos de acuerdo, es necesario mantener un control de los indicadores macroeconómicos, en lo que diferimos es en el cómo se está controlando la inflación... El comportamiento de los principales indicadores nos muestra una mejoría de la economía respecto al año pasado, pero esta mejoría es menor de lo que la mayoría de los mexicanos necesita, desea y merece... Hoy podemos asegurar que el mejor combate a la inflación es el que surge como una consecuencia y no como un objetivo, de una política económica equilibrada, clara, consensada, consistente y decidida''. En economía quién es el reprobado?