10% de empleados tienen un ingreso familiar inferior al mínimo: Inverlat

Roberto González Amador Por lo menos 3 millones 280 mil trabajadores mexicanos, que representan el 10 por ciento de la población ocupada del país, deben mantener a sus familias con un ingreso inferior a los 600 pesos por mes, reveló el Grupo Financiero Inverlat en un estudio sobre la caída del poder de compra de los salarios durante el último año.

En un documento que da cuenta del sensible incremento en los conflictos sociales derivados de inconformidades políticas y económicas, asociadas estas últimas al deterioro del nivel de vida, Inverlat señaló que alrededor de 16.4 millones de mexicanos sólo cuentan con un ingreso mensual que no rebasa el equivalente en pesos a 80 dólares para satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación, salud, vestido y esparcimiento.

De acuerdo con la evaluación de Inverlat, elaborada con base en estadísticas oficiales, el deterioro en el ingreso de la población durante el último año se corrobora a partir del hecho de que la proporción de mexicanos con empleo que percibe mayores ingresos se redujo, y la que gana menos aumentó.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la población ocupada asciende a 32.8 millones de personas. El Consejo Nacional de Población (Conapo) establece, por su parte, que cada familia mexicana la componen, en promedios, cinco miembros.

Inverlat sostiene que al finalizar el primer bimestre de 1996 la población que percibe entre dos y cinco salarios mínimos --entre mil 209 y 3 mil 22.5 pesos al mes-- representó el 35 por ciento de la población ocupada, porcentaje que equivale a 11 millones 478 mil trabajadores.

Esta cantidad mostró un retroceso con respecto al mismo periodo de 1995, cuando la población ocupada con ingresos de dos a cinco salarios mínimos representaba el 37.7 por ciento del total de mexicanos con empleo.

El segundo estrato analizado por Inverlat comprende a los trabajadores que a pesar de cumplir una jornada laboral diaria perciben menos de la remuneración mínima legal, que hasta el 31 de marzo será de 20.15 pesos diarios (2.7 dólares) y que a partir del primero de abril se elevará a 22.6 pesos por jornada.

Para este caso, Inverlat encontró que actualmente 3 millones 280 mil trabajadores mexicanos sobreviven con un ingreso inferior a un salario mínimo. Este núcleo equivale al 10 por ciento de la población ocupada.

Hace un año, el porcentaje de los mexicanos con empleo pero con un ingreso inferior al salario mínimo, era de 8.6 por ciento de la población ocupada, lo que significa que en 12 meses la relación ha crecido en 1.4 puntos porcentuales.

El estudio preparado por Inverlat determinó que el porcentaje de la población ocupada con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos aumentó de 33.3 a 34.1 por ciento del total de los primeros meses de 1995 al mismo periodo de este año.

De tal forma que en el transcurso de los últimos 12 meses el debilitamiento del mercado de trabajo y la contracción del poder de compra de los salarios tuvieron como resultado que ahora hay más gente ocupada con bajos ingresos y menos con alto salario.

Pero, apunta el documento, la caída del ingreso ha sido sólo uno de los reflejos de la actual situación económica.

Una de las consecuencias político-sociales de la crisis económica, afirma, ha sido el aumento de las manifestaciones públicas de protesta.

Lo que define como conflictividad --es decir las manifestaciones públicas de protesta-- se reflejó en que mientras en febrero de 1995 se registraron 175 conflictos en los distintos estados de la República, para febrero de 1996 la cifra se había elevado casi 70 por ciento, al crecer hasta 297.

El 43 por ciento de la conflictividad observada en febrero de este año --último dato conocido-- se debió a causas políticas, básicamente conflictos locales como las protestas en Tabasco, Guerrero y Puebla.

Mientras, el 40 por ciento de esas manifestaciones de protesta tuvo su origen en demandas económicas, toda vez que la inflación y el desempleo han ocasionado una severa pérdida en el poder adquisitivo de la población. Ello, añade Inverlat, propició la proliferación de huelgas, sobre todo en universidades estatales, dado que en el primer trimestre del año se concentran las revisiones de los contratos de trabajo.