El número de integrantes de estas empresas de vigilancia supera en 7 mil al de la Preventiva

Ricardo Olayo El control de las policías privadas pasará a formar parte de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desvinculándose definitivamente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). La cifra de policías privados (37 mil) ha crecido en los últimos ocho meses 40 por ciento y es superior en 7 mil al número de preventivos que están destinados a la vigilancia en la ciudad.

Actualmente hay 705 empresas de seguridad privada, de las cuales 440 han cumplido al cien por ciento con los requisitos para dar el servicio en fraccionamientos, comercios, industrias y transportación de valores, entre otras actividades.

El registro es competencia de la Procuraduría de Justicia capitalina, pero quedará bajo el control del gobierno de la ciudad, para que éste realice una más amplia supervisión del armamento y equipo, que va desde armas largas y pistolas -la mayor parte de las veces de la propia SSP- hasta vehículos blindados, cascos, toletes y gases.

Cada día, la Procuraduría recibe solicitudes de las empresas interesadas en darse de alta en la prestación del servicio de seguridad privada en el Distrito Federal, con un costo en la Tesorería capitalina de 40 pesos por cada persona que va a integrar el cuerpo de vigilancia. Con este dinero también se le entrega a cada elemento una copia de su carta de no antecedentes penales.

Sin embargo, alrededor del 10 por ciento de los solicitantes tienen antecedentes penales o aunque hayan sido inocentes de los hechos en que fueron investigados, no cancelaron del archivo de servicios periciales sus huellas dactilares, por lo que no están aptos para la prestación del servicio y se les debe negar el registro, indicaron fuentes de la Procuraduría.

Por ley, la vigilancia se tiene que dar afuera de las áreas públicas, es decir en fábricas, centros comerciales y bancos. El número de policías registrados, según el reciente informe del procurador José Antonio González Fernández ante la Asamblea de Representantes, es de 36 mil 875.

Ahí explicó que la Procuraduría de Justicia del DF realizó visitas ``sorpresa'' en las instalaciones de las empresas privadas y revisó los expedientes. Empero no ofreció los resultados de dichas acciones.

Por el crecimiento de las empresas privadas, las visitas son ahora esporádicas, al no contarse con personal suficiente que pueda confirmar que el armamento coincide con el número de matrícula y permiso que está registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la Ley de Seguridad Pública, el incumplimiento a alguna de las regulaciones lleva a una amonestación pública, una multa hasta de cinco mil salarios mínimos, una suspensión temporal con difusión pública o la cancelación del registro.

En junio pasado, la PGJDF informó de la existencia de 627 empresas de seguridad privada, con una plantilla de 27 mil 500 empleados. Estos números han cambiado hasta 705 compañías y casi 37 mil efectivos, lo que significa un crecimiento de casi 40 por ciento en cuanto a personal contratado.

Los casi 37 mil policías privados superan en número a los policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, que en sus agrupamientos de a caballo, granaderos, zorros, motopatrulleros y femenil suman alrededor de 30 mil.

Adicionalmente, en la ciudad están las llamadas policías complementarias, que son la Auxiliar (PA) y la Bancaria e Industrial (PBI), que trabajan por contrato y son instituciones autofinanciables que tienen como mando al mismo secretario de Seguridad Pública, David Garay Maldonado.

La PA tiene 32 mil policías y la PBI 12 mil; ambas instituciones prestan el servicio de seguridad privada, y a algunas empresas transportadoras de valores como Panamericana, Tameme, Grupo Mercurio y Cometra, les dan el servicio de ``custodia'' con efectivos armados y pertrechados.

Ese armamento está bajo el control de la SSP y no se deja en operación de las empresas privadas, las cuales en cumplimiento a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos deben solicitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional una licencia colectiva de uso de armas, que tiene una vigencia bianual.

Esta licencia, según las fuentes consultadas en la PGJDF, se ha negado cada vez con mayor frecuencia, pero descartaron que ello vaya a generar tráfico de armas.

Cuando una empresa tiene el permiso y se le niega la renovación, el armamento se pone a disposición de un agente del Ministerio Público federal y posteriormente se entrega en la Sedena.

Los representantes populares han puesto énfasis en la proliferación de los cuerpos de seguridad privados y, según anticiparon, durante la comparecencia de Garay Maldonado en la ARDF, el día de hoy, le requerirán información sobre las nuevas atribuciones que la dependencia a su cargo tendrá en la materia.

Estas nuevas facultades se derivan de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la PGJDF en la Cámara de Diputados, que ayer llegó al Senado, donde al ser aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación surtirá los efectos de transferir la ``autorización, evaluación, control, supervisión y registro de los servicios privados de seguridad''.