Las nuevas disposiciones legales contra el crimen ponen al gobierno en una posición incómoda con respecto al capitalismo que busca promover en México. La iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que presentó el presidente Ernesto Zedillo al Senado de la República pretende contribuir a la lucha contra el lavado de dinero, pero no considera que durante muchos años la política del régimen ha estado orientada a facilitar el libre movimiento de capitales en el país.

En el marco del neoliberalismo han florecido los negocios ilegales junto con las inversiones productivas. El sistema de fiscalización y vigilancia de los delitos que ``aprovechan estructuras comerciales o de negocios'' es especialmente deficiente. Esto es lo que explica cómo Raúl Salinas pudo transferir más de cien millones de dólares fuera del país utilizando a Citibank y a la banca privada mexicana sin llamar la atención de las autoridades responsables de supervisar las operaciones en el sistema financiero.

El problema se deriva de un gobierno cuyo interés primordial es crear el mayor número de oportunidades para que se hagan negocios públicos y privados. Como consecuencia, los órganos estatales encargados de controlar los flujos de capital que entran y salen del país no pretenden en realidad restringirlos, tanto como fomentarlos. Como ha dicho Jaime Zabludovsky, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, ``la idea de un régimen de inversión como el que hoy tenemos es promover la inversión y utilizarla para complementar el ahorro interno''.

Esta es la lógica que prevaleció durante todo el sexenio anterior: cuando se diseñó el Tratado de Libre Comercio como un instrumento para atraer inversión extranjera, y cuando, año tras año, se buscaron fondos en los mercados internacionales con que financiar el creciente déficit externo. Durante ese mismo periodo se consolidó la ideología de los funcionarios que hoy en día están a cargo en la secretarías de Hacienda y Comercio, y en el Banco de México de regular los capitales provenientes del exterior.

La necesidad estructural de recursos ha creado un ambiente de tolerancia y relajamiento que favorece la delincuencia. No se conocen todas las transacciones financieras que se realizan en México, ni se controlan todas las inversiones que entran al país. El subsecretario Zabludovsky ha dicho que ``hay otros movimientos de entradas de capital que no son de inversión extranjera directa, que no están capturados y que no pretenden estar capturados por el Registro Nacional de Inversión Extranjera''. A pesar de que muchas empresas e individuos incumplen con la ley, la práctica de la Secretaría de Comercio es hacerse de la vista gorda, y no imponer multas a los ``empresarios'' que no registran a tiempo sus inversiones.

Pero las presiones recientes del gobierno de Estados Unidos obligan ahora a los funcionarios mexicanos a ser más diligentes en la persecución de los delitos de ``cuello blanco''. El zar de las drogas estadunidense, Barry McCaffrey, acaba de exigirle a los funcionarios de Hacienda y la Procuraduría General de la República ``mayor cooperación'' en la lucha contra el narcotráfico. En su más reciente informe sobre el crimen organizado en el mundo, el Departamento de Estado estima que las ganancias obtenidas por el tráfico de estupefacientes en México alcanzan los 30 mil millones de dólares cada año. Una parte importante de esta cantidad circula a través del sistema bancario nacional; otra parte contribuye a financiar actividades políticas en el país. En ninguno de estos casos, las autoridades mexicanas son capaces de frenar el lavado de dinero.

Por decisión u omisión del gobierno, el control del movimiento ilegal de capitales es particularmente deficiente en México. Para remediar ésto y cumplir con los compromisos adquiridos con Estados Unidos, el presidente Zedillo ha incorporado en la iniciativa de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada una mención sobre el lavado de dinero. Pero el rezago en la tipificación de este delito y la displicencia que caracteriza la actitud del gobierno en esta materia, contrasta con el endurecimiento real que ha adoptado contra la sociedad en todos los demás campos.