Censuras en la ARDF al plan anticrimen de Garay

Alonso Urrutia y Miriam Posada En medio de lo que los asambleístas definieron como la ``mayor crisis de seguridad pública'' de la historia, el jefe de la policía capitalina, David Garay Maldonado, se pronunció por la reducción de la edad penal en los delitos graves. ``No podemos aceptar que este sea un factor de impunidad. Yo me pronuncio porque se disminuya la edad penal cuando los menores participen en el crimen organizado''.

Polémico en sus posturas de combate a la delincuencia, Garay aludió también a la pena de muerte: ``Hablar de la pena de muerte es hablar como de cualquier otra sanción, donde se pretende que todo aquel que delinca reciba lo que merece por su conducta antisocial, pena de muerte, privatización de la libertad, tratamientos prelibelatorios. Evaluemos'', señaló.

Garay Maldonado sotuvo además que la participación del Ejército en materia de seguridad pública es constitucional, como lo ha ratificado la Suprema Corte de Justicia, por lo que dijo estar de acuerdo con la interpretación del máximo tribunal. Habló de la necesidad del endurecimiento en el combate a la delincuencia, aunque matizó: ``No estamos en favor del endurecimiento por sí mismo, si no para sancionar a quienes violenten la ley''.

Su gestión arrancó acres críticas, incluso desde la fracción oficial: De qué nos sirve que todo el aparato de seguridad, incluida la posible participación del Ejército, si solamente se atacan los efectos de la delincuencia y no sus causas?, impugnó el priísta David Jiménez.

Desde la bancada panista, Gonzalo Altamirano aseveró que estamos frente a una creciente delincuencia favorecida por la impunidad, y la ineficacia de las corporaciones policiacas. ``Los grandes capos de la ciudad no han sido objeto de acción persecutoria, y se ha crecido el narco poder''.

El perredista Pedro Peñaloza calificó de fascista la visión de Garay para enfrentar la delincuencia, y señaló: ``Es una vergüenza que el Centro Histórico esté copado por la fuerza policiaca con el pretexto baladí de las manifestaciones de Ruta 100 o de visitas presidenciales. Es fácil sacar a los granaderos a la calle, lo difícil es meterlos a los cuarteles''.

El petista Germán Aguilar afirmó que lo realmente preocupante es que el gobierno utilice el aumento de la inseguridad para plantear la necesidad de la militarización de la ciudad. En el mismo sentido habló el ecologista Arturo Sáenz, quien dijo que son preocupantes los pronunciamientos oficiales sobre la pena de muerte o el uso el Ejército, que hace presumir el resurgimiento del terror policiaco militar.

Como invitado especial a la comparecencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Jorge Rodríguez, se manifestó en contra de la pena de muerte, y consideró que a la sociedad hay que ``darle una medicina preventiva, no represiva''.

Garay Maldonado dijo que en el combate a la delincuencia ``se ha determinado ya todo lo que hay que hacer, pero el reto es darle contenido a los conceptos y definir los cómos''. Señaló que no solamente con métodos policiacos se puede combatir el complejo fenómeno social de la insegurdad pública; esto estaría alejado de la realidad social, puntualizó.

En muchos casos la policía solamente realiza la cirugía mayor para enfrentar ciertos fenómenos sociales.

``Nosotros no estamos por el endurecimiento en sí mismo, sino porque se castigue a quien ha cometido hechos delictivos que hoy laceran a la sociedad''. Dijo no estar en favor de medidas efectistas, sino eficaces para romper el círculo perverso de la delincuencia o el catálogo de insuficiencias y debilidades de la policía.

El titular de la SSP reiteró la urgencia de modificar el Código Penal, ya que de acuerdo con sus estimaciones el 90 por ciento de los detenidos obtiene su libertad sólo con pagar una fianza.

El priísta David Jiménez deploró que se canalicen recursos, se realicen programas y aún no se obtengan resultados. Dijo que es necesario una mayor eficacia de las corporaciones para brindar mayor seguridad porque existe la tentativa de trasladar la responsabilidad de los delitos a la ciudadanía por no adoptar medidas preventivas. ``A la sociedad no se le puede pedir que esté en un estado de alerta permanante''.

Subrayó que no puede orientarse la política solamente en su aspecto represivo, sino atacarlo en su origen y prevenirlo. ``Sin duda la crisis económica y la desigualdad social es un factor que alienta al delito, pero ello no explica el resurgimiento del narcotráfico y la drogadicción'', por lo que el crimen organizado es el principal reto al que se enfrentan las corporaciones.

Altamirano Dimas dijo que la ciudada padece el fracaso del modelo de desarrollo económico y político expresado en una clara relación entre desempleo y mayor delincuencia, a lo cual se añade el factor de impunidad que alienta a las principales mafias. Puede haber seguridad cuando el narco poder ha invaddo las esferas de gobierno? Puede haber seguridad cuando el ciudadano es asaltado por cuerpos policiacos impunes?''

El coordinador panista dijo que las políticas esbozadas por las autoridades se ubican en los límites de la legalidad y anticonstitucionalidad. En esencia no previenen el delito, propician la reincidencia y preservan corrupcón e impunidad, precisó.

De su lado, el perredista Pedro Peñaloza acusó a Garay de tener una visión ``fascista'' de la seguridad pública. Enumeró sus pronunciamentos sobre la pena de muerte, la utilización del Ejército, la creciente presencia de granaderos en la ciudad y su postura en favor de la disminución de la edad penal.

Peñaloza citó las cifras oficiales sobre la delincuencia como ``prueba'' del fracaso de las políticas y que han llevado a la ciudad a la ``peor crisis de seguridad pública. Estamos frente a un desastre que el gobierno pretende evadir''