Se fiscalizarán concesiones para evitar los favoritismos

Víctor Cardoso Las concesiones de infraestructura serán fiscalizadas como cualquier obra pública, para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en su otorgamiento y el favoritismo hacia determinadas empresas, afirmó el director general de Auditoría de Obra Pública de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Nava Díaz.

En el foro de consultas sobre Reformas a la Legislación de Obra Pública, establecido por la Cámara de Diputados, cámaras del ramo de la construcción y colegios de ingenieros y arquitectos, el presidente de la Comisión de Recursos Humanos y Obra Pública de la Cámara de Diputados, Graco Ramírez Garrido Abreu, se manifestó por la creación de un órgano fiscalizador superior que vigile el ejercicio del gasto público de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sólo ejerza el control del gasto administrativo.

En el foro de consulta, constructores, legisladores e ingenieros civiles criticaron el alto grado de discrecionalidad que ejercen los funcionarios gubernamentales para otorgar los contratos a empresas privadas. Graco Ramírez citó como ejemplo que durante el anterior gobierno la empresa Tribasa hizo en seis años lo que ICA logró consolidar en cuatro décadas.

Nava Díaz señaló que la definición que se propone para la obra pública debe considerar que la vinculación de su estructura financiera con los fondos federales debe ser suficiente y debe señalarse expresamente que la obra pública concesionada está sujeta a la misma legislación por ser proyectos en beneficio de la población, porque ``la obligación de prestar servicios a la comunidad pertenece al Estado y, en consecuencia, la obra concesionada es pagada por la población beneficiada''.

Añadió que con la nueva legislación se pretende limitar la discrecionalidad con que en el pasado se han otorgado contratos de obra pública y concesiones de infraestructura que en ocasiones superan con mucho lo presupuestado, como es el caso de las carreteras de cuota.

``La nueva ley deberá superar el problema de la inadecuada contratación de la obra pública que se genera, por una parte, en un proyecto que no necesariamente se encuentra en un adecuado nivel de realización, lo cual provoca incremento en los montos contratados, por lo general, más allá de un razonable 25 por ciento y que con mayor frecuencia de lo conveniente provoca una falta de control en el pago de la obra pública que induce, en el mejor de los casos, a errores que desafortunadamente suelen ser pagos en exceso'', precisó.

En tanto, Ramírez Garrido Abreu señaló que con las reformas a la Ley de Obra Pública, aprobada el primero de enero de 1994, se pretende dar mayor equidad y transparencia a las licitaciones, porque tal y como está esa legislación se beneficia más a empresas extranjeras que a las nacionales. Pero también, agregó, se posibilita el nepotismo y favoritismo en este tipo de construcciones.

``Las experiencias del sexenio anterior en las que se aplicó esta ley son más que evidentes: se otorgaron a algunas cuantas empresas, relacionadas con Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, importantes contratos de concesiones. Hubo actos de corrupción muy significativos que tendrán que reconocerse en el otorgamiento de concesiones y de contratos de obra pública por parte del gobierno anterior. Esa ley probó que se aplicó más la excepción que las misma obligaciones que contenían las licitaciones'', dijo.

A su vez el presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Eugenio Laris Alanis, señaló la inconveniencia de que en una sola ley se traten de asimilar conceptos tan disímbolos como las adquisiciones, la obra pública y la prestación de servicios profesionales. Eso, apuntó, necesariamente distorsiona su aplicación.

Como ejemplo citó que no se legisla el otorgamiento de contratos para servicios profesionales y de consultoría no relacionados con la obra pública, lo que ha permitido que muy importantes contratos sean asignados en completa discrecionalidad.