Medidas ilegales y fascistas, señalaron partidos
Miriam Posada y Alonso Urrutia Los altos mandos policiacos andaban inquietos. Ni el tono sosegado de su jefe actual, David Garay, les daba tranquilidad. Para el mediodía llevaban ya tres sobresaltos: la presunta detención de René Monterrubio, la comprobada detención de cinco jaguares y la amenaza de una huelga de hambre que ex policías pretendían estallar en plena comparecencia.
Con la disciplina paramilitar que dice Garay que tienen los jefes policiacos, llegaron puntuales a la cita: 11 horas, mucho antes que los asambleístas, cuya relajada disciplina de políticos les hizo llegar al mediodía.
Puntuales escucharon también la primera denuncia de agravios cometidos por sus subordinados. Vejado en su fuero y pateado por granaderos, el perredista Gonzalo Rojas lanzó su queja al vacío y clama porque se ponga fin al ``Estado de sitio'' que guarda el Centro Histórico.
El asambleísta no obtuvo respuesta a su queja.
A la izquierda, del secretario escuchó solemne la plana mayor de la policía de la ciudad, sin inmutarse por los exabruptos de la oposición.
Sólo faltó el director de la región 2, Pedro Luna Castro, ``porque si todos íbamos a estar aquí alguien se tenía que quedar allá afuera a cargo de la ciudad''.
No estuvo presente para escuchar las denuncias contra los excesos en el operativo a su cargo en Santa Martha y por el cual un subordinado enfrenta ahora un cargo por homicidio. Entonces vino el primer sobresalto. La noticia de que durante la madrugada de ayer cinco elementos del agrupamiento de motociclistas Jaguares fueron consignados ante la agencia 50 del Ministerio Público, porque detuvieron el vehículo en el que viajaba una de las hermanas del procurador Antonio Lozano Gracia, corrió por el recinto de Donceles.
Los aprehensores resultaron aprehendidos por su osadía de detener a la hermana del procurador de la nación.
Los Jaguares ``no quisieron entender'' a quien habían detenido por viajar a bordo de un auto con vidrios polarizados y sin placas, a pesar de la explicación de un escolta. Y finalmente fueron ellos quienes terminaron ante las autoridades judiciales.
Pero no en calidad de detenidos, ``sólo están declarando para deslindar responsabilidades'', dijo el segundo a bordo en la Secretaría de Seguridad, Rafael Avilés, y agregó que van a mandar a los elementos a un curso de capacitación de 8 a 15 días para qu aprendan a tratar a los ciudadanos.
Un respiro y continuaron atentos a la postura que cada uno de los partidos fijó en la tribuna en torno a la actuación policial. Para nadie el esfuerzo ha sido suficiente. Minutos después los jefes se preguntaban entre sí, a ver quién sabía algo. El rumor que desde la madrugada del miércoles se empezó a difundir tomó a varios jefes por sorpresa: la PGJDF habría detenido al secretario de Protección y Vialidad René Monterrubio.
Enseguida comenazron las especulaciones: ``sería por lo de los helicópteros?'', ``lo acusan de enriquecimiento ilícito?''. Aún al final los jefes no habían podido confirmar la versión. Sólo se supo que hace ocho meses la Secodam inició una investigación administrativa. Nadie supo más.
Para rematar, a la mitad de la sesión de preguntas y respuestas, mientras el secretario afirmaba que ``sí podemos y por eso estamos trabajando'', el jefe Avilés se tuvo que parar a mitad del pasillo para negociar con un grupo de policías que amenazó con ponerse en huelga de hambre en plena comparecencia, porque desde hace dos años les prometieron restituirlos en sus cargos.
Dos representantes de un grupo de 25 policías que lograron colarse en el recinto hablaron con Avilés.
El conato de huelga fue contenido. Los policías se retiraron con la promesa de las autoridades de que hoy serían recibidos en la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de llegar a un acuerdo