El siguiente es el texto de mi ponencia (con pequeñas pero necesarias correcciones), en segunda ronda (cinco minutos), en el grupo uno (``Democracia e instituciones públicas'') de la Mesa II del Diálogo de San Andrés sobre Democracia y Justicia. El texto que leí en la primera ronda es, además de extenso, sólo reflexivo (es decir, de propuestas implícitas), por lo que preparé este segundo que incluye una propuesta que difícilmente rechazaría el gobierno, aunque no estaría dispuesto a hacerlo realidad pues su modelo económico es diametralmente opuesto al concepto de democracia que existe en el texto constitucional.

1. Las instituciones públicas están en crisis pues han dejado de estar al servicio de la república, de la sociedad y de la nación. Nuestras (nuestras?) instituciones, en la lógica del neoliberalismo, le han dado la espalda en primer lugar a la sociedad y en segundo lugar a México. Han sido puestas al servicio de una democracia de élites (autoritaria por definición), que no es la democracia del pueblo (como ha sido dicho en mi ponencia anterior en esta mesa) y, peor aún, están al servicio de un grupo económico-político (que ni siquiera es exclusivamente priista) compuesto por intereses asociados al capital trasnacional y subordinados al modelo neoliberal que, como se ha demostrado hasta la saciedad, dictan el FMI y el Banco Mundial.

2. Las instituciones públicas, en el papel que se les ha dado, no sólo sirven al modelo económico y a sus usufructuarios directos, sino que acentúan la pobreza, el desempleo y la desesperanza de millones de mexicanos al abstenerse, por decisión de los gerentes mexicanos llamados gobierno, de la atención a los problemas que la lógica del capital concentración y centralización ha provocado.

3. Para imponer este modelo, los gerentes han tenido que reforzar el autoritarismo en por lo menos dos sentidos: a) mediante un avance calculado de formas policiaco-militares que, bajo pretexto de seguridad pública y lucha antinarcóticos, hostigan, reprimen y asesinan a poblaciones, barrios e individuos, respectivamente; y b) mediante una reforma política, que en realidad es sólo electoral, sin que las propuestas en este tenor garanticen este aspecto de la democracia, que ya de suyo es limitado por referirse exclusivamente al acceso al poder y no a su ejercicio y por dejar en manos del gobierno no democrático el control del proceso y su injerencia en la vida y condicionamiento de los partidos.

4. Ante la crisis de las instituciones públicas y ante los efectos del modelo neoliberal en lo económico, en lo político y en lo social, la sociedad demanda democracia, regulación del capital, libertades individuales y sociales, mejoramiento en los niveles de vida, igualdad de oportunidades para todos y no sólo para unos cuantos, un sistema de justicia autónomo e independiente, verdadero Estado de derecho y, desde luego, la devolución de los derechos crecientemente expropiados a la misma sociedad. Estas demandas sólo podrán tener respuesta y expresión en una nueva Constitución y, sobre todo, en los hechos referidos al ejercicio del poder que tendría que ser democrático.

5. Por lo anterior, propongo, como primera aproximación a la transición a la democracia, retomar al pie de la letra (aunque haya sido hasta ahora letra muerta) el concepto constitucional de democracia (artículo 3), que dice que no es ``solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''.

Mi propuesta se fundamenta en la evidencia empírica de que el régimen político es autoritario y así lo ha sido siempre y que este autoritarismo ha permitido, auspiciado, prohijado un desmejoramiento sistemático en lo económico, en lo social y en lo cultural de la mayoría del pueblo mexicano, es decir lo contrario a lo que los legisladores del 17 se propusieron como democracia. Se fundamenta también en el hecho de que las propuestas del gobierno, para lo que ha llamado reforma del Estado y reforma política, no sólo son limitadas y menores a lo que plantea el párrafo constitucional que he citado, sino que apuntan exactamente a agudizar las desigualdades sociales. Por éstas y sus consecuencias para el sistema y lo que ellos llaman gobernabilidad, los gerentes y sus empleados tienden necesariamente a fortalecer el autoritarismo ya tradicional del régimen mexicano con ciertas dosis de libertades acotadas y un discurso solamente superestructural dirigido a negociaciones entre élites (las cabezas de las instituciones reconocidas por el gobierno) y no con la sociedad, como fue demostrado palmariamente en la Fase I de la Mesa de San Andrés (llevada a cabo en este municipio y en San Cristóbal de las Casas del 20 al 24 de marzo de este año).