Los propósitos gubernamentales de cancelar los subsidios a la leche, el maíz y la tortilla, denunciados ayer por diputados de todos los partidos, obliga a un debate abierto sobre el tema de las subvenciones públicas.

Según un documento que circuló en la Cámara de Diputados, atribuido al llamado gabinete social, los subsidios más importantes a la alimentación serían sustituidos por un sistema de ayuda monetaria, mediante una tarjeta que tendría como base una especie de censo del pauperismo.

En México las subvenciones en dinero o en vales han sido usadas como medio de control de grupos de población con propósitos electorales. Negar esto sería desconocer una amarga experiencia con el fin de seguir reproduciendo tales formas de manipulación de la pobreza.

Se ha dicho que los subsidios a la tortilla benefician a ricos y pobres por igual, lo cual no es cierto pues los primeros no se caracterizan por tener en su dieta básica ese producto. También se dice que ese tipo de subsidio introduce desproporciones de carácter comercial y afecta los precios relativos, lo que no es de ninguna manera reprobable si con ello el Estado cumple con obligaciones sociales básicas.

Pero es aún más grave que se plantee la supresión de los subsidios generales de alimentos básicos mientras se incrementan las erogaciones de salvamento de bancos y carreteras concesionadas con cargo a los fondos fiscales. No es aceptable tampoco que el gasto en infraestructura básica se esté reduciendo en términos reales durante el presente año, en relación con 1995, con el argumento de que existe una caída en la captación de impuestos, pues por lo visto no se han visto igualmente afectados otros renglones menos prioritarios.

Es penoso, por lo demás, que los diputados se enteren oficiosamente de las deliberaciones y acuerdos del gobierno sobre asuntos que deberían ser de su competencia, de conformidad con las disposiciones constitucionales. Es cierto que existe la costumbre de pasar por encima de la Cámara en las modificaciones del presupuesto de egresos aprobado por los diputados, pero esa práctica se contrapone al sistema político de la Constitución.

Ahora los diputados demandan la comparecencia de dos subsecretarios de Estado para que éstos informen lo que el gobierno quiere hacer sobre un tema presupuestario, cuando lo que debería ser necesario es que el Ejecutivo propusiera a la Cámara un proyecto para que ésta lo discutiera y votara.

El crecimiento alarmante de la pobreza en México no debe ser analizado sólo en pequeños gabinetes ni estar sujeto a planes cupulares. Se requiere abrir el debate para precisar y actualizar las responsabilidades del Estado. La voz de mando tiene que venir de los representantes del pueblo en el libre y legítimo ejercicio de sus funciones delegadas.