El país está hundiéndose en una crisis

política de una gravedad cada vez mayor, porque el gobierno miente a los mexicanos: ofreció negociar una ``reforma democrática del Estado'' y no sólo no lo está haciendo sino que ha proseguido desmantelando a la Constitución de 1917 con el objetivo de dar mayores garantías al capital trasnacional, en lo económico y en lo político.

1. En México se está viviendo una lenta y gradual contrarreforma del Estado, que comprometió ya a la soberanía nacional, pues eliminó del marco constitucional derechos fundamentales de la Nación sobre su subsuelo y en materia económica, canceló diversos derechos sociales (lo mismo a la tierra que a la salud o a la seguridad social) y, ante el agravamiento de la crisis económica, está ahora amenazando los derechos individuales con nuevos paquetes de modificaciones legales que tienden a abrir las puertas a la militarización del país.

2. El ``diálogo nacional'' es por todo esto una simulación del gobierno. Las autoridades no tienen un proyecto de reforma democrática del Estado porque no pueden tenerlo, pues al grupo salinista no le interesa más que mantener su control sobre el aparato de Estado, y es por eso que mientras pretende ``dialogar'' y ``negociar'' está haciendo algo peor: instrumentando una verdadera contrarreforma del marco legal del país para dar mayores garantías a los intereses del capital trasnacional y fortalecer al mismo tiempo su predominio político. Mientras en la Mesa II del Diálogo de Paz con el EZLN en San Andrés y San Cristóbal (Chiapas), los delegados de Emilio Chuayffet fueron impotentes para presentar una propuesta de reforma del Estado, y en la Mesa de Barcelona no lograron negociar siquiera una ``reforma electoral'' mínima con los dirigentes de los partidos, contraviniendo el espíritu de ambos diálogos, el titular de Gobernación sigue enviando proyectos de modificaciones a la Constitución y a las leyes e instrumentando una verdadera contrarreforma política.

3. Las últimas iniciativas oficiales para modificar el marco constitucional del país, profundizan en su conjunto el proyecto de desmantelar el orden jurídico mexicano, pues pretenden ``legalizar'' las prácticas y la discrecionalidad del ``sistema'', atentando contra aspectos centrales de cualquier orden de Derecho. La cuestión es de extrema gravedad, pues en el pasado los gobernantes mexicanos habían gobernado por sobre el orden legal, pero ahora lo que pretenden es adecuar la Ley al ``sistema'' y, lo que es más grave, sin que haya mediado un debate nacional: como consecuencia de ``albazos'' legislativos. El proyecto oficial de marzo de 1996 a fin de ``adecuar'' a la Constitución para ``la lucha contra el crimen'', modificando los artículos 16, 20, 21 y 22 atenta gravemente contra los derechos individuales, los cambios al 73 violentan de nuevo al federalismo y, como si fuera poco, el proyecto para cambiar el 129 para darle atribuciones al ejército en tiempos de paz, presentado nada menos que por la diputación panista, contradice la esencia misma del orden constitucional y es violatorio de los derechos individuales, por lo que constituye una gravísima amenaza para la convivencia pacífica de los mexicanos.

4. El gobierno se había conformado en el pasado con gobernar por medio de acuerdos, decretos y reglamentos, y sólo había modificado la Constitución en casos excepcionales, pero desde finales del sexenio de Salinas ha lanzado una ofensiva de cambios constitucionales, con la lógica de garantizar plenamente los intereses de las multinacionales, y el último anuncio de Emilio Chuayffet así lo confirma. En un discurso que tuvo una amplia difusión (20 de marzo), el titular de Bucareli hizo saber la intención del gobierno de ``congelar'' el texto de la Constitución neoliberalizada y hacer en lo sucesivo prácticamente imposible su reforma. Con el señuelo de que se establecería el reférendum como única vía para modificar ciertos principios constitucionales (bajo condiciones que se anuncian inalcanzables), lo que se busca con este ``candado'' es dejar a salvo el nuevo texto de la Constitución mexicana, manipulada y arruinada, y por eso es urgente preguntarse dónde están los partidos y la sociedad.

5. La Mesa de Barcelona fracasó no sólo porque el gobierno ''de Zedillo'' no tiene una propuesta de reforma democrática del Estado, sino porque no puede ocultar que carece de la intención de discutir realmente las demandas de cambio de los partidos y de la sociedad, y que sólo busca imponer las medidas regresivas requeridas por los consorcios trasnacionales. Córdoba y Chuayffet (y Zedillo) creyeron que con sólo mínimas concesiones a los partidos podrían hacerles aceptar las tesis de ``una reforma electoral definitiva'' y de ``un nuevo Federalismo'', por lo que el acuerdo de los dirigentes de éstos con el gobierno supondría la posposición por un buen tiempo de las demandas de desmantelamiento del ``sistema'' y de transición a la democracia, lo que en su análisis aislaría las demandas del EZLN y de la sociedad civil, y le daría al gobierno un pretexto para lanzar otra ofensiva militar contra los zapatistas.

6. El escenario oficial ha fracasado sin embargo porque las regresiones constitucionales no tienen el menor consenso y las políticas de propaganda de Ernesto Zedillo han quedado al descubierto. El gobierno ha actuado con una abierta prepotencia, porque no ha tenido de parte de los partidos una resistencia a sus pretensiones, pero se está olvidando de la sociedad. La Mesa de Barcelona fracasó también porque ni el PAN ni el PRD tuvieron una propuesta clara de reforma del Estado, privilegiaron los cambios en materia electoral y, sobre todo, actuaron al margen de la sociedad y de las bases de sus partidos. Desde enero del 95 en que se inició el proceso de negociación hasta el inicio del periodo de sesiones del Congreso en marzo del 96, nadie supo cuáles eran las propuestas de los partidos en materia de reforma del Estado, ni siquiera sus propios miembros. El PAN, porque nunca tuvo una propuesta radicalmente distinta a la del gobierno, lo que determinó que, a pesar de haberse levantado de la Mesa de Barcelona, siguiera avalando todas las iniciativas oficiales en las Legislaturas locales y en el Congreso; y el PRD porque confió todo a la capacidad negociadora de Porfirio Muñoz Ledo, al margen de las posibilidades de movilización del partido. Las iniciativas de grupos cercanos a los partidos han sido a su vez irrelevantes: la de los ``consejeros ciudadanos'' y dirigentes partidistas reunidos en el ``Seminario del Castillo'', porque no pasó de ser un confuso y limitadísimo enlistado de demandas en materia electoral, y la de los camachistas del Grupo San Angel, expuestas en el ciclo de conferencias Los compromisos con la Nación, porque fueron de una mediocridad absoluta y no llegaron a constituir siquiera un diagnóstico aproximado de lo que acontece en el país.

7. El Diálogo de Paz de San Andrés del EZLN con el gobierno abrió por ello en este contexto una oportunidad excepcional para que en la Mesa II de ``Democracia y Justicia'', la sociedad civil y el gobierno plantearan una serie de propuestas sobre la reforma del Estado que requieren los mexicanos y establecieran un diálogo de frente a los mexicanos, y sin embargo esto no aconteció. A pesar de la riqueza de las propuestas presentadas por los asesores e invitados del EZLN, que configuran el más avanzado proyecto de reforma del Estado en México, el gobierno no tuvo nada que decir; sus enviados respondieron con el silencio, y las autoridades con dos nuevas matanzas de campesinos.8. La decisión ''de Zedillo'' de seguir reprimiendo la inconformidad y metiéndole mano a la Constitución de 1917, con tal de garantizar los intereses económicos trasnacionales, no constituye sin embargo el rasgo más grave de lo que acontece. El problema central está en el hecho de que el grupo gobernante puede seguir actuando impunemente, y no hay una fuerza capaz de detenerlo y de impedir el desastre al que se sigue llevando a México.

9. El gobierno de Zedillo es sin embargo un gobierno ilegítimo, que no cuenta con un respaldo de la sociedad y cuya principal fuerza viene del exterior. La Casa Blanca sigue apoyando a Zedillo (y a los salinistas) y encubriendo a Salinas y a Córdoba de todos sus crímenes, porque éstos lograron vender en Estados Unidos la idea de que sólo su grupo puede sacar adelante al proyecto neoliberal de desmantelar al Estado posrevolucionario y que, de perder ellos el poder, los ``nacionalistas'' (descalificados como ``dinosaurios'') echarían abajo el programa monetarista: como si la sociedad no contara.

10. Ernesto Zedillo y Emilio Chuayffet, tutelados y manipulados por Joseph-Marie Córdoba, el alter ego de Carlos Salinas y, sobre todo, un hombre de absoluta confianza del Banco Mundial, del FMI y del capital trasnacional, saben sin embargo que la sociedad está ahí, y han decidido la militarización del país, no para luchar contra la delincuencia (como pretenden), sino para poder mantener al grupo salinista en el poder: a fin de poder reprimir legalmente a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a los movimientos sociales y desde luego al EZLN; es decir, a todos los que se oponen a sus políticas y a la entrega que siguen haciendo del país.

La importancia del diálogo de San Andrés es por lo mismo muy grande, pues la reforma del Estado como la paz en Chiapas, es una tarea para la sociedad.